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La Generalitat gasta cada día 87 millones de euros. Pero las primeras medidas de Quim Torra nada más llegar a la Generalitat fueron: subirse el sueldo un 5,2%, hasta 146.926 euros, y destinar una partida extraordinaria de 20,4 millones a TV3.En sus primeros cien días de gobierno, Torra no ha puesto en marcha ninguna iniciativa legislativa para abordar los problemas que más preocupan a los ciudadanos.
Hechos que define a la clase gobernante y a la élite independentista. ¿Pero de dónde han salido? ¿Cuáles son sus bases materiales? ¿A qué clase representan y qué intereses defienden?
Quienes impulsan el procés no son los representantes de la burguesía catalana tradicional y catalanista, productiva y exportadora. Han surgido de una nueva clase, una burguesía burocrática administrativa regional, gestada en los aparatos burocráticos autonómicos gracias al control del poder autonómico, político y económico, en los últimos cuarenta años.
El control de la Generalitat es el principal instrumento del que se han servido para disponer de los inmensos recursos de la autonomía en su propio beneficio y de su proyecto. A través de ella controlan un entramado económico, político y social que les ha permitido adquirir un fuerte poder político y económico, extender su control sobre la sociedad catalana y dotarse de una base social de apoyo formada por decenas de miles de personas cuyas condiciones de vida y de trabajo dependen exclusivamente de su relación con esta burguesía burocrática con sede en la Generalitat.
Pero de la burguesía burocrática tampoco forman parte las bases de votantes de los partidos independentistas y los ciudadanos que se movilizan por la independencia, cuyos intereses objetivos de clase son antagónicos.
Lo hemos vivido todos estos años en las multitudinarias movilizaciones contra los recortes y lo hemos vuelto a ver estos días ante la posibilidad de que los nuevos Presupuestos del Estado incluyan el aumento del IRPF a las rentas más altas, por encima de 150.000 euros. En Cataluña afectaría a unas 22.000 personas. Los dirigentes del PDeCAT han salido de inmediato a defender su bolsillo y a advertir que votarían en contra.
Una comunidad rica y un presupuesto generoso
La burguesía burocrática catalana controla una comunidad con un PIB de 223.139 millones de euros anuales, aproximadamente un 20% del PIB español. Un PIB que le colocaría en el puesto 44 de un ranking mundial, por delante de países como Portugal (193.000 millones de euros) o Grecia (178.000 millones).
La Generalitat dispone de un presupuesto anual de unos 35.000 millones de euros, equivalente a la sexta parte del PIB, y lo distribuye según sus intereses.
El 40%, 14.000 millones, se destina a sueldos, encabezados por los sueldazos de alta dirección y Gobierno. La cúpula política del Govern formada por 180 altos cargos y 153 asesores cobra de media 120.000 euros anuales, muy por encima de los sueldos medios de cualquier otra autonomía y del Gobierno central.
Los presupuestos de 2017 destinaron a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, la CCMA, 309,5 millones de euros, el doble que los 170 millones destinados a promover el tejido industrial y agrícola.
Nada más llegar al poder, Puigdemont tiró de los presupuestos para poner en marcha una nueva consellería de Acción Exterior, integrada por organismos como la Agencia Catalana de Exteriores y hasta un Museo Memorial del Exilio, y dotada con más de 39 millones de euros anuales.
Una de sus principales partidas es la destinada a pagar los 77.740 millones de euros de deuda acumulada por la Generalitat. Por ella los catalanes han de pagar 6.000 millones de euros cada año. El 53% generada durante los Gobiernos de Mas y Puigdemont que endeudaron a los catalanes en 41.000 millones de euros.
En sus casi siete años de gobierno (2011-2017) manejaron la astronómica cifra de 266.518 millones de euros, sumando presupuestos y el aumento de la deuda.
Ni un euro ha ido a mejorar las necesidades de los ciudadanos y los gastos sociales. Al contrario en esos años se recortaron 6.000 millones de euros, mientras se lanzaba el procés y se seguía financiado el gigantesco aparato burocrático.
Un régimen construido desde la Generalitat
La nueva clase política amamantada con los presupuestos ha construido durante cuatro décadas, controlando la Generalitat, todo un régimen a través del cual ejercen su poder sobre el conjunto de la sociedad catalana.
Tienen el control directo de 278.000 funcionarios, incluyendo las administraciones autonómica y local, a los trabajadores públicos sanitarios, docentes, Mossos y policías locales. Sobre ellos la Generalitat ejerce una presión constante y asfixiante, utilizando todo tipo de chantajes y amenazas para que se plieguen a sus exigencias económicas y políticas. La inmensa mayoría ejerce su trabajo con profesionalidad y servicio a los ciudadanos, defendiendo sus intereses como trabajadores, contra los recortes o contra los intentos de manipulación por la élite burocrática. El sindicato de funcionarios CSIF y organizaciones de CCOO y UGT, denunciaron presiones a los funcionarios para que colaboraran con la estafa antidemocrática del 1-O.
Tienen a su disposición un sector público de más de 200 entidades, de las que forman parte 27 sociedades mercantiles, 54 consorcios y 34 fundaciones, desde ellas controlan la gestión de los contratos públicos y la colocación de personal, especialmente de profesionales afines en los puestos de dirección.
Los consorcios se sustentan con más de 3.600 millones anuales. El grueso del dinero se lo llevan los consorcios de la sanidad que han encabezado los recortes y la privatización.
Entre las sociedades mercantiles destaca la Sociedad Anónima que engloba las televisiones, TV3 y Catalunya Radio, y que maneja un presupuesto de más de 300 millones de euros, tanto como el presupuesto de televisiones que cubren todo el territorio español.
La Generalitat destina otros 600 millones de euros a las fundaciones, muchas de ellas investigadas por su relación con el sistema generalizado del 3% montado por Pujol y Convergencia, como la Fundación Palau de la Música o la Fundació Privada de Gestió Sanitaria de L’Hospital de la Santa Creu.
Han creado una amplísima red clientelar extendida por todos los ámbitos de la sociedad catalana, las instituciones políticas y sociales, la economía regional, los medios de comunicación o el mundo de la cultura, nutrida con millones de subvenciones y las posibilidades que ofrece la cercanía al poder político.
Han montado una red de medios de comunicación soberanistas, considerados como “estructura de país”, con un sistema de subvenciones muy superior a cualquier otra autonomía, que funciona como una auténtica máquina de propaganda. Capitaneada por TV3 y Catalunya Radio, la CCMA integra además otros 6 canales de televisión y una Agencia de Noticias, y mantiene una plantilla de unos 2.500 trabajadores.
A través de ACCIÓ, la Agencia per la Competitivitat de l’Empresa, han promovido las subvenciones a empresas catalanas afines al procés, creando una “clase empresarial independentista” representada por las patronales Cecot y PIMEC. Solo entre 2016 y 2917, ACCIÓ repartió entre ellas 157 millones de euros.
Tampoco los sindicatos escapan a los esfuerzos por copar la acción sindical y promocionar “sindicatos independentistas pagados por la Generalitat”, como denunciaba el presidente de UGT en Cataluña, Matías Carnero. Uno de esos sindicatos es la Intersindical-CSC, convocante de la “huelga de país” en 2017 y que se define como “la primera fuerza sindical de obediencia nacional”.
La red clientelar tiene uno de sus pilares en las organizaciones independentistas encargadas de movilizar a la población y convocar los actos de masas, financiadas con los presupuestos de la Generalitat. Van desde la Associació de Municipis per la Independència, a organizaciones como ANC, Òmnium Cultural o la organización de castellanohablantes por la independencia Súmate.
Es sobre todas estas bases materiales como se gestado una burguesía burocrática catalana, que vive de manejar a su antojo y saquear los presupuestos, de la que han surgido los sectores más agresivos y aventureros del independentismo. Sobre estos cimientos se ha dotado al procés de una base de masas que, aunque restringida al 38% del censo, abarca a dos millones de personas.