Pensiones, concesiones y trampas

Desde principios de año asistimos a un mismo fenómeno que se despliega en dos vertientes: por un lado el crecimiento del movimiento en defensa de las pensiones públicas, por otro una carrera de concesiones por parte del gobierno, antes impensables y que han ido in crescendo, dirigidas a aplacar las iras de los pensionistas.

Primero, Montoro anunció rebajas fiscales a los pensionistas que, al ganar más de 12.000 euros mensuales, pagan impuestos. Luego incluyó en los presupuestos la subida de un 3%, el doble de la inflación, para las pensiones mínimas. Y ahora consiente en revalorizar todas las pensiones en función del IPC.

Paralelamente, las fuerzas políticas presentes en el Pacto de Toledo ultiman un acuerdo para “recomendar” al gobierno que el IRP (Indice de Revalorización de las Pensiones, que impone el límite del 0,25%) sea sustituido por el IPC para actualizar anualmente la cuantía de las pensiones.

Estos hechos ponen de manifiesto dos cosas. Primero que el futuro de las pensiones es hoy la batalla política decisiva, la única donde Rajoy se ha visto obligado a hacer concesiones importantes en unas “reformas” que siempre ha considerado in negociables. Segundo, que el movimiento en defensa de las pensiones públicas, con un respaldo social creciente, ha alcanzado una enorme influencia política.

Los términos del pacto alcanzado para garantizar el apoyo del PNV a los presupuestos va a repercutir en nuevas subidas para seis millones de pensionistas.

El millón y medio que cobra menos de 700 euros mensuales verá mejorada su pensión no el 1,5% contemplado hasta ahora sino el 1,6%. Quienes reciben entre 700 y 914 euros al mes pasarán de una subida del 1% a otra del 1,6%. Y los que tienen pensiones de mayor cuantía -hasta tres millones-, y que quedaban limitadas a una subida del 0,25%, la verán actualizada confirme al IPC.

Esta revalorización de las pensiones en función del IPC se realizará también el próximo año.

Paralelamente, la entrada en vigor del llamado “factor de sostenibilidad” (un nuevo recorte de las pensiones bajo la bandera de “adecuarlas a la esperanza de vida”) que iba a entrar en vigor el próximo año, se aplaza hasta 2023.

Y la base reguladora de las pensiones de viudedad pasará este año del 54% al 56%, subiendo hasta el 60% el próximo año. Lo que supondrá una subida del 7%.

Todas las medidas que supongan subidas, y que van a beneficiar a millones de pensionistas, son positivas. ¿Pero estamos a punto de ahuyentar todas las amenazas que se ciernen sobre el futuro de las pensiones públicas?

Desgraciadamente no. Y lejos de atemperarse, las medidas del gobierno confirman que la batalla de las pensiones está en plena ebullición.

En lo que Rajoy propone hay “trampa”. La revalorización respecto al IPC se circunscribe a este año y al siguiente, pero no se elimina el tope del 0,25%. El factor de sostenibilidad aplaza cuatro años su puesta en marcha, pero sigue siendo una espada de Damocles sobre el futuro de los nuevos pensionistas.

Y, sobre todo, no cuestionan que las pensiones están “desprotegidas”, porque están al albur de la negociación. Este año se ha producido una situación política excepcional, que les obliga a concesiones… ¿pero qué sucederá en 2020?, ¿y a partir de 2023?

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