¿Cómo va a afectar a España la llegada de Trump a la Casa Blanca? ¿Agotará la legislatura un gobierno de coalición que enfrenta cada vez más dificultades? ¿Seguirá aumentando una desigualdad que genera un agudo malestar social?. Demasiadas preguntas y muy pocas certezas.
Y, determinando este clima político convulso, el enfrentamiento entre dos fuerzas antagónicas: bancos, monopolios y capital extranjero que buscan pulverizar nuevos récords de beneficios, y una mayoría social que reclama avanzar por un camino de redistribución de la riqueza.
¿Resistirá el gobierno de coalición? ¿Podrá agotar la legislatura? Estas preguntas, que hace pocos meses no se formulaban están hoy en el centro del debate político. En una situación convulsa donde se acumulan los escándalos y se agudiza la polarización.
Estas sacudidas, que concentran toda la atención, son la expresión de una situación internacional y nacional convulsa.
La llegada de Trump a la Casa Blanca va a tener importantes repercusiones globales. No sabemos todavía hasta dónde llegará y bajo que formas, pero es previsible que EEUU tensiones más todavía la situación internacional e imponga a los países que domina un encuadramiento más férreo. Con el nuevo emperador en Washington las fuerzas y propuestas más reaccionarias, no solo en la ultraderecha, adquieren nuevos vuelos.
A lo que hay que unir una UE que camina en el filo de la navaja. El próximo año será decisivo para el futuro de Ucrania. Y tanto Francia como Alemania sufren sacudidas económicas y políticas.
Mientras que en nuestro país a la largo de los últimos meses se han acelerado y agudizado los ataques contra el gobierno, dirigidos cada vez más contra la figura del presidente. En el plano judicial hay casos de corrupción documentados, como el de las mascarillas, en el que ya está imputado un personaje tan relevante como Ábalos. Pero también otros casos (la causa contra la mujer y el hermano de Sánchez, la imputación del Fiscal General del Estado…) donde altas instancias de la justicia cuanto menos retuercen la ley. Con la irrupción de un personaje tan turbio como Aldama que acusa, todavía con pocas pruebas, a varios miembros del gobierno de recibir comisiones.
Los problemas crecientes del gobierno son el argumento, pero la trama de la obra es otra. Lo que vemos en escena son los efectos de tensiones normalmente ocultadas por el ruido de los escándalos. ¿Cuáles son esos conflictos? ¿Cómo están determinando la política nacional? ¿Qué fuerzas intervienen en ellos?
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Las causas del malestar social
En su intervención de balance del año Pedro Sánchez volvió a exhibir las cifras del crecimiento económico en nuestro país, el más alto de Europa, para exclamar que “hoy no se habla de una España en crisis, se habla de una España que lidera”. Pocos días antes el presidente afirmó que “los hogares españoles están recuperando el poder adquisitivo dañado durante las distintas crisis”.
Sin embargo, todos los análisis coindicen en que el clima social no es de triunfalismo sino de un hondo malestar. La razón hay que buscarla en dos paquetes de datos que dibujan dos realidades.
Por un lado el titular de uno de los principales periódicos económicos nos informa de que “el Ibex celebra la Navidad con una revalorización en el año del 13,6%”. Un crecimiento en dos dígitos que es el mayor de las bolsas europeas.
Al mismo tiempo, durante los 11 primeros meses del año los dividendos repartidos por bancos y monopolios a sus accionistas -principalmente fondos extranjeros y grandes fortunas nacionales- se dispararon un 25% hasta alcanzar los 48.000 millones.
Esta es una realidad, la de los que más se enriquecen, a un ritmo mucho mayor que antes de la pandemia.
Pero la mayoría de la población estamos en otro grupo, en otra realidad.
La OCDE certifica que España sigue siendo hoy uno de los países europeos donde más se ha recortado el salario real. La inflación se ha comido los muy moderados aumentos salariales. Y la realidad es que hoy nuestro poder adquisitivo es un 4% menor que en 2019.
Ese bocado a nuestros bolsillos ha sido mayor en las cuestiones que más afectan a las clases populares. Entre 2019 y 2024 el precio de los alimentos ha subido 14 puntos más que los salarios. Y el alquiler disparado o las más abultadas cuotas de la hipoteca son una condena para muchos.
Lo sufren las familias, pero también las pymes. Hoy pagan el doble que intereses a los bancos que en 2019, el 62% más por la luz a las eléctricas, o el 35% más a los monopolios que controlan los insumos necesarios para su negocio.
Claro que existe crecimiento económico, que beneficia a algunos sectores populares, desde las empresas que aumentan sus ventas a los trabajadores que han encontrado empleo. Pero al mismo tiempo asistimos a un mayor grado de expolio, que recorta el poder adquisitivo de una mayoría.
Esta es la razón de un “malestar social” que recorre todo el país.
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¿Y qué dicen los que de verdad mandan?
Es habitual pensar que los sectores más reaccionarios se han juramentado para acabar con el actual gobierno de coalición, lanzando contra él una feroz andanada judicial, política y mediática. Hay mucho de verdad en esta apreciación. Pero es solo una parte de la realidad. La otra es la de grandes centros de poder que dentro y fuera de España alaban la política económica del actual gobierno.
The Economist es una de las biblias del gran capital anglonorteamericano. En 2008 fue una de las puntas de lanza que señaló a los PIGS, degradándonos de forma salvaje para exigir nuestro “rescate” y la imposición de draconianos recortes.
Ahora ese mismo medio ha situado a España a la cabeza del ránking, señalándola como la mejor economía europea. Declarando que España “es la envidia del mundo rico” y afirmando que “le enseña a Europa como aguantar el ritmo de la economía de EEUU”.
No es el único. Para JP Morgan, el primer banco norteamericano, España “vive un boom mientras Francia y Alemania están estancadas”. Y el presidente del Círculo de Empresarios acaba de alabar la solidez del crecimiento económico español.
Uno de los principales medios económicos de la UE nos da la clave de este entusiasmo al preguntarse si España se ha convertido “en Eldorado europeo”. Es decir el paraíso donde bancos, monopolios y grandes fondos más oportunidades de saqueo disponen y más pueden aumentar sus ganancias.
¿Significa esto que los grandes centros de poder no tienen contradicción alguna con el actual ejecutivo? No.
En el mismo artículo donde alababa el crecimiento español The Economist señalaba que “algunas políticas del actual gobierno han irritado a empresas y bancos”. Remarcando que “la lección más importante” son “los beneficios a lago plazo de las reformas estructurales”, como la bancaria o la laboral, las impuestas durante los momentos más duros de los recortes. Concluyendo que “España no debe relajarse” -son necesarias más “reformas”, es decir más ajuste- y que “la rígida y frágil coalición de gobierno va en la dirección contraria”.
El presidente del Círculo de Empresarios también reclama “más reformas estructurales”, llamando a PSOE y PP a llegar a acuerdos para impulsarlas, “orillando los extremos”.
Y ha trascendido una reunión en Moncloa, a “puerta cerrada” entre Sánchez y Ana Patricia Botín. A pesar de la sintonía entre ambos, la presidenta del Banco de Santander reclamó la eliminación en el plazo más breve posible del nuevo impuesto a la banca aprobado tras la pandemia.
Con este gobierno bancos, monopolios y capital extranjero están ganando más que nunca. Pero al mismo tiempo su composición -con una fuerza a la izquierda de la socialdemocracia en el gobierno, caso único en Europa- y las fuerzas en las que se apoya, mayoritariamente situadas a la izquierda, ralentizan la velocidad de crucero en el saqueo que algunos centros de poder quieren alcanzar.
La influencia política de la mayoría progresista, a la que el actual gobierno debe ofrecer concesiones, es el obstáculo que los que de verdad mandan quieren remover con la actual sucesión de sacudidas políticas.
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Cuando gobernar se hace más difícil
Ya se sabía que esta legislatura iba a ser complicada. La necesidad de poner de acuerdo a una mayoría parlamentaria muy diversa genera dificultades. Los hechos lo han confirmado. Se han aprobado muchas menos leyes, y menos importantes, que en la pasada legislatura. Y ya se han pospuesto por dos veces la aprobación de los presupuestos, que hoy nadie puede dar por segura.
Sin embargo los mayores problemas empiezan a llegar de donde menos se esperaba. A última hora y con dificultades el gobierno ha llegado a acuerdos con ERC, Bildu, la Chunta, Podemos… Pero contempla como PNV o Junts le dan la espalda.
Puigdemont ha vuelto a aparecer, pero no para reclamar la independencia… sino para votar junto a PP y Vox y contra el gobierno.
Lo ha hecho en asuntos de política económica, remarcando lo que nunca ha dejado de ser: una fuerza muy de derechas. Actuado para vetar o desvirtuar el impuesto a las eléctricas. Justo lo que reclaman los grandes monopolios del sector.
Detrás del viraje de Junts está Foment del Treball Nacional, la gran patronal de la burguesía catalana, que ha trabajado para que el partido de Puigdemont y el PNV configuren un “freno de derechas” dentro de la mayoría de investidura.
Feijóo ha acogido los votos de Puigdemont. Preparando el terreno para el día en que pueda disponer de una mayoría que no necesite a Vox, y que pueda contar con el respaldo de la derecha catalana y vasca.
Detrás del ruido político están cuestiones más materiales que nos afectan a todos. Si se da un nuevo salto en el saqueo, con este o con otro gobierno, o si prevalece una mayoría social que reclama tomar medidas para reducir la desigualdad y redistribuir la riqueza.
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Los retos de 2025
Pedro Sánchez insiste en que su gobierno va a agotar la legislatura, que culminará en 2027. Pero en el próximo año debe afrontar importantes retos. Algunos de ellos son públicos, otros permanecen convenientemente ocultos.
1.- Un plan de ajuste de 40.000 millones.
Toda la atención se concentra en si el gobierno conseguirá aprobar unos nuevos presupuestos. Pero se ocultan las imposiciones que van a determinarlos. El pasado mes de octubre el actual ejecutivo envió a Bruselas un “plan de ajuste fiscal”. Impone draconianos objetivos de reducción de la deuda y el déficit. Abarca los próximos siete años y está valorado en 40.000 millones.
El gobierno declara que se aplicará “sin necesidad de recortes”, gracias a los mayores ingresos fruto del crecimiento. Pero en el plan se señala que la principal palanca es “la reducción del gasto público”. Un corsé que impide aumentar el gasto social o la inversión… y que siempre se ha traducido en recortes.
2.- Un año decisivo para las pensiones.
Bruselas impuso que cada tres años deben revisarse las cuentas de las pensiones para “garantizar su sostenibilidad”… con la posibilidad de recortarlas para reducir el gasto. En marzo de 2025 se activa este mecanismo.
Quienes buscan recortar y sobre todo privatizar las pensiones públicas ya están afilando los cuchillos. La necesidad de defenderlas, blindándolas en la Constitución para que nadie pueda recortarlas ni privatizarlas se hace más urgente.
3.- El atraco de la vivienda.
La vivienda se ha convertido en la principal preocupación para una mayoría. Todo apunta a que el próximo año seguirán subiendo los alquileres y el precio de la vivienda, empobreciendo a muchas familias.
Enfrentarlo debe ser una de las prioridades. Y la política del actual gobierno no es una alternativa. Por un lado el PSOE anuncia la creación de una agencia pública de vivienda, pero por otro activa la venta a grandes fondos de la promotora de la Sareb, regalándoles suelo público.
4.- La reconstrucción tras la DANA.
La actuación del Estado tras la DANA ha generado una justa indignación. El mismo Estado que en un tiempo récord puso 130.000 millones para rescatar a la banca, ha sido lento, rácano o negligente ante una tragedia que afecta a cientos de miles de personas. Las ayudas todavía no han llegado a quienes lo necesitan, y no se ha presentado un plan que proteja ante futuras inundaciones.
5.- La lucha por la paz.
2025 va a ser decisivo para el futuro de Palestina y Ucrania. El gobierno español respalda a Ucrania frente a la invasión rusa, y ha denunciado, frente a otros países de la UE, como Alemania, el genocidio en Palestina.
Este año van a arreciar las presiones para que España se encuadre, sin veleidades pacifistas, férreamente junto a Washington y Tel Aviv.
Debemos redoblar la exigencia de un alto el fuego en Palestina, que permita avanzar hacia una paz justa frente al genocidio y el terrorismo. Y reclamar en Ucrania una salida que proteja al país invadido y no premie al invasor.