La crisis institucional que hemos vivido en las últimas semanas del año, entre el poder judicial de mayoría conservadora y el PP por un lado, y el gobierno de coalición PSOE-UP y sus socios por otro se ha zanjado con un cambio de mayorías en el Tribunal Constitucional que ha pasado de estar dominado por los conservadores a tener una mayoría de tendencia progresista.

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En medio de una profunda crisis económica y social hemos vivido una situación insólita con acusaciones de golpismo entre la derecha y la izquierda parlamentaria, y: la suspensión de una votación en el Parlamento, la primera vez desde la transición democrática, por una decisión del Tribunal Constitucional.

El sector más reaccionario del TC intervino para impedir que se pudiera votar en el Senado la reforma propuesta por el gobierno para desbloquear la renovación del CGPJ y del propio Tribunal Constitucional, pendientes de renovación desde hace casi cinco años el CGPJ y seis meses el TC.

La insólita decisión del TC se produjo al admitir un recurso presentado por el PP.

Núñez Feijóo, elegido presidente del PP en abril tras la defenestración de Pablo Casado, se presentó como un líder para “centrar al PP”, dispuesto a llegar a acuerdos con el gobierno. Ocho meses después Feijóo está instalado en la confrontación total, vuelve a levantar la bandera de “gobierno ilegítimo” y exigir que se convoquen elecciones cuanto antes.

Aparentemente estamos ante una disputa entre diferentes aparatos e instituciones: el poder judicial frente al ejecutivo y el legislativo, la oposición contra el gobierno. Pero la extrema polarización política e institucional que vive el país solo puede explicarse desde la disputa entre intereses de clase absolutamente irreconciliables.

Los responsables últimos de esta confrontación no son los que aparecen, sino una oligarquía que se enriquece y un capital extranjero que domina el Ibex-35 y multiplica sus beneficios. El motor último de todas las convulsiones es la intención de llevar más allá un proyecto hegemonista de saqueo y degradación que está lejos de haber concluido.

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El giro de la banca y los monopolios

La gran patronal, la banca y los grupos monopolistas, han pasado de consensuar con el gobierno de coalición durante la pandemia a un enfrentamiento abierto cuando la crisis se ha convertido en inflación desbocada y había que tomar nuevas medidas.

Durante la pandemia consensuaron los ERE y las ayudas a las empresas y a los sectores sociales más vulnerables -con medidas como el Ingreso Mínimo Vital, las ayudas a las pymes…-, medidas todas ellas financiadas por el Estado y con fondos de la Unión Europea.

Ahora los grandes bancos y monopolios españoles y el gran capital extranjero están utilizando la escalada de la inflación para imponer un auténtico atraco monopolista.

La banca y las eléctricas fueron las primeras en declarar la guerra a la tímida subida del Impuesto de Sociedades y sobre todo a la creación de impuestos especiales, limitados y temporales, a la banca y las energéticas por los “beneficios extraordinarios” que están obteniendo con la inflación y la subida de los tipos de interés.

La banca y las eléctricas fueron las primeras en declarar la guerra a la subida del Impuesto de Sociedades

Desde la gran patronal CEOE anuncia una y otra vez que no negociarán subidas salariales con la inflación del 8,5% ni el destope de las cotizaciones sociales a los salarios más altos para incrementar los ingresos destinados a financiar el Sistema Público de Pensiones.

Y están pendientes de aprobación reformas como la de las pensiones, que amenazan con imponer nuevos recortes.

Enfrente tienen a una mayoría social progresista incompatible con sus recortes y con una significativa influencia política. Está presente en todo el país, en el movimiento sindical, en la lucha en defensa de la sanidad o las pensiones públicas, en el movimiento feminista…

Es esta fuerza popular la que impone que, por ejemplo, se hayan aprobado nuevos impuestos a las eléctricas y la banca, o subidas del salario mínimo. Medidas que aun parcialmente limitan los beneficios de unos centros de poder que reaccionan furibundamente.

Esta es la primera clave que explica la agudización de las tensiones, la nueva crisis institucional y la polarización extrema de la vida política del país, el choque entre estas dos fuerzas opuestas: los centros de poder que quieren llevar más allá el saqueo y la mayoría social que se enfrenta a sus proyectos.

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Un alineamiento incuestionable

Pero hay otras claves tanto o más decisivas que vienen determinadas por las tensiones geopolíticas internacionales, agravadas por la invasión rusa de Ucrania y las tensiones en Asia-Pacífico por el cerco político-económico-militar de Estados Unidos a China.

El gobierno de coalición ha renovado la relación con Washington, la integración militar en la estrategia norteamericana y la vinculación atlántica de España en la reciente cumbre de la OTAN de Madrid, un alineamiento que no se cuestiona pero que tiene hondas repercusiones en la política nacional, como ya hemos visto con el cambio de posición respecto al Sáhara y Marruecos o con el seguidismo de la estrategia norteamericana en la guerra de Ucrania.

El gobierno ha renovado la relación con Washington y la vinculación atlántica de España en la cumbre de la OTAN de Madrid

Tampoco se deben cuestionar los intereses de la oligarquía y el gran capital extranjero asegurados con el reparto de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos y la formación de once Proyectos Estratégicos PERTE -como el del vehículo eléctrico o el del hidrógeno…- acaparados por las grandes multinacionales, bancos y los grupos de empresas de la oligarquía.

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2023: Una doble batalla política y un objetivo: minimizar el viento popular

Se han tensionado todos los equilibrios democráticos. Se ha degradado la imagen política del país, difundiendo acusaciones cruzadas de golpismo. Y los sectores más reaccionarios han cruzado todas las líneas rojas al calificar no solo de “ilegítimo” sino también de “dictatorial” a un gobierno de coalición, aliado con el hegemonismo, que no cuestiona intereses vitales de la oligarquía y el capital extranjero, pero que debe tener en cuenta, aunque sea muy limitadamente, a la mayoría progresista que lo sostiene.

Como hemos comprobado en anteriores ocasiones, las sacudidas políticas y los avances en la degradación se ejecutan para dar nuevos saltos en el saqueo, multiplicando todavía más sus fabulosas ganancias a costa de un nuevo empobrecimiento de la mayoría.

En 2023 se juega una doble batalla política: la que determinará bajo que formas puede desarrollarse el proyecto de saqueo, frente a las resistencias de la mayoría social progresista; y por otro lado la batalla por el gobierno del país que habrá de salir de las próximas elecciones generales a finales de 2023.

Sectores fundamentales de la oligarquía y el capital extranjero, norteamericano sobre todo, están maniobrando para elevar las tensiones en el modelo político con el objetivo de reducir al mínimo la influencia del viento popular en el gobierno.

Maniobran para elevar las tensiones en el modelo político y reducir al mínimo la influencia del viento popular en el gobierno

Su política de saqueo a la población choca frontalmente con ese viento popular que conforman las necesidades de la gente, las reivindicaciones de los movimientos sociales como el de los pensionistas, de los sindicatos en defensa del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación, las demandas del campo, de los transportistas, los pescadores o los profesionales de la Sanidad, Educación o contra la escalada de las hipotecas y los desahucios. Un viento popular que va mucho más allá del gobierno, del PSOE y Podemos, en el que también hay un fondo de resistencia a las políticas imperialistas.

Y por otro lado, maniobran para establecer las líneas rojas del nuevo gobierno que habrá de salir de las próximas elecciones generales a finales de 2023.

Un gobierno de la derecha encabezada por Feijóo, con el apoyo de Vox.

O un gobierno encabezado por el PSOE pero donde se haya minimizado la influencia del viento popular y las exigencias que llegan de las bases progresistas y de los movimientos sociales.

En definitiva lo que se busca es “atar en corto” al gobierno actual y que el gobierno que salga de las elecciones de 2023 sea un gobierno para cargar sobre las clases populares y trabajadoras paguemos los costes de la crisis, mientras la oligarquía y el hegemonismo consolidan sus intereses y sus beneficios.

Estas son las claves de una extrema polarización política y sus verdaderos protagonistas. Una lucha abierta llena de incertidumbres en la que no debemos descartar nuevas sacudidas.

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Fortalecer la unidad popular y redistribuir la riqueza

Nos enfrentamos a un año de incertidumbres por cómo van a evolucionar la crisis, la inflación y la subida de los tipos de interés que sigue anunciando el BCE, con anuncios de recesión en las principales economías europeas, empezando por Alemania, y en un entorno de tensiones geopolíticas con una guerra que se alarga de consecuencias imprevisibles.

Frente a todos los intentos por minimizar la influencia de los movimientos sociales y sus demandas en el gobierno del país, necesitamos más unidad. Necesitamos trabajar por fortalecer la unidad más amplia entre los movimientos sociales y las organizaciones políticas, sindicales y sociales expresión de la pluralidad de las clases populares y el pueblo trabajador.

El gobierno ha aprobado en los Presupuestos y en el tercer plan anticrisis una serie de medidas destinadas sobre todo a proteger  a los sectores más vulnerables y a las clases medias trabajadores de las peores consecuencias de la crisis. Medidas para ayudar en la cesta de la compra, el transporte, el alquiler o la bajada de impuestos en la luz que apoyamos sin reservas aunque sean limitadas, temporales y mejorables.

Para salir de la crisis en beneficio del país y los ciudadanos necesitamos redistribuir la riqueza

Frente a quienes pretenden recortar las ayudas sociales, el poder adquisitivo de salarios, pensiones y las rentas  de autónomos, pymes y clases medias, para que la crisis la paguemos los de siempre.

Las ayudas del Estado son positivas y necesarias en tiempos de crisis para mitigar las situaciones de necesidad, como positivos son los impuestos temporales a la banca y las eléctricas por sus beneficios extraordinarios con la inflación.  Pero no son el camino para salir de la crisis en beneficio del país y los ciudadanos.

Necesitamos redistribuir la riqueza. Que los costes de la crisis recaigan sobre quienes más tienen y más beneficios acumulan y que bancos, monopolios y grandes fortunas contribuyan de acuerdo a la riqueza que acumulan y a sus millonarios beneficios.

Con medidas estructurales como una Reforma Fiscal Progresiva para que bancos y monopolios paguen un tipo del 50% en el Impuesto de Sociedades; y las grandes fortunas un IRPF con un tipo de hasta el 70% para grandes patrimonios y rentas del capital millonarias. Aplicar la redistribución en los salarios, con un tope salarial máximo para subir el resto de los salarios y que nadie cobre por debajo de 1.200 euros netos al mes. O destinar recursos suficientes a la creación de fondos de empleo y reindustrialización del país creando nueva riqueza y empleo de calidad y con derechos…