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El gobierno de Rajoy busca la aprobación a toda prisa en el Congreso del tratado comercial entre la UE y Canadá, el CETA, considerado el TTIP 2.0 y puerta de entrada de un marco legal que dará superpoderes a los intereses monopolistas.
El gobierno de Rajoy busca la aprobación a toda prisa en el Congreso el tratado comercial entre la UE y Canadá, el CETA, considerado el TTIP 2.0 y puerta de entrada de un marco legal que dará superpoderes a los intereses monopolistas. Con el apoyo de PSOE y Ciudadanos que aseguran el balance de votos favorable, el Parlamento ratificará el Tratado sin saber si es anticonstitucional, sin que los diputados hayan podido leer ni una sola de las 1600 páginas del documento, y sin que medie un estudio del impacto económico, social o medioambiental que conlleva. Un ejercicio antidemocrático de secuestro de la soberanía nacional.
Unidos Podemos y sus confluencias habían solicitado que antes de ser votado en el Parlamento, el CETA fuera remitido al Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre si el tratado -como sostiene UP- vulnera la soberanía nacional y los derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna. Pero PP, PSOE y C´s han decidido votar primero el CETA, antes de que se pronuncie el Alto Tribunal.
Previsiblemente, el CETA será aprobado sin que los diputados han podido acceder a las más de 1.600 páginas del acuerdo -ni siquiera se ha elaborado ningún estudio de impacto que evalúe su impacto sobre la economía, sociedad o medio ambiente- y sin que haya espacio para el debate de una decisión de esta trascendencia: ni en el Parlamento ni muchísimo menos entre la ciudadanía (la cual debería poder debatirlo serenamente y aprobarlo en Referéndum)
El escarnio para la soberanía nacional es directo. El Parlamento español no puede cambiar -aunque lo decidiera- ni una coma del texto del CETA. «O lo tomas o lo dejas: apruébalo sin leerlo ni discutirlo».
El CETA -al igual que suponía el TTIP- significa un enrasamiento a la baja de los estándares -de los derechos laborales, de los consumidores, de la protección de la salud o del medio ambiente- a uno y otro lado del Atlántico; e incluye las cláusulas “de protección de inversiones” (ISDS), mecanismos por los cuales los monopolios podrán resolver sus desavenencias con las leyes nacionales o regionales en ‘tribunales de arbitraje’ privados (dependientes del Banco Mundial, institución creada y controlada por Washington), donde los intereses corporativos son ley.
El CETA es el primer tratado de libre comercio de la UE que engloba también a las administraciones subnacionales, llegando hasta el ámbito municipal. Cualquier legislación, nacional, autonómica o local, que lesionase -aunque fuera en grado de tentativa- los intereses de las grandes corporaciones, podría ser llevada mediante la cláusula ISDS ante los tribunales de arbitraje.
Con el CETA no sólo se cuelan en Europa y en España los intereses de las corporaciones canadienses, sino también los de los monopolios estadounidenses. Los grandes capitales norteamericanos están tan sumergidos en las venas de las empresas canadienses que son prácticamente una misma sangre. Por eso, todas los grandes monopolios norteamericanos del petróleo, farmacéuticos o del agronegocio podrán recurrir al CETA para igualar a la baja los estándares comerciales, sanitarios o medioambientales a uno y otro lado del Atlántico, imponiendo los de Canadá (que son esencialmente iguales a los de EEUU).
Tratados como el CETA suponen multiplicar exponencialmente el poder de los monopolios y de las oligarquías financieras sobre la población, dotándose de un marco legal en el que sus intereses se impongan de forma mucho más draconiana de lo que ya lo hacen. Y abrir una vía expedita de penetración de los grandes capitales de Toronto -y Wall Street- en las arterias de la economía española.
La Campaña ‘No al TTIP, CETA y TiSA’, formada por más de 350 organizaciones sociales o sindicales opuestas al acuerdo ha denunciado este ataque a la democracia y a la soberanía nacional y prepara un calendario de movilizaciones.