Patriotas a porcentaje

Ocho detenidos más y 11 registros en la sede de CDC,los ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona), y varias empresas. Rápidamente Artur Mas apuntaba que la justicia estaba siendo utilizada contra el independentismo. ¿Es esto cierto? ¿Son las acusaciones una invención, o las detenciones corresponden a delitos fundados?

Que el poder político tiene capacidad de condicionar al poder judicial es, como veremos, una afirmación corroborable por la fuerza de los hechos; pero igual de verificable es el enfangamiento en la corrupción del partido de Pujol y Artur Mas.

La clase dominante y sus gestores políticos tienen la fuerza para imponerse a la autonomía de la justicia. Esto lo aprendimos muy pronto: Ya en 1988 Felipe González indultó al golpista del 23-F Alfonso Armada quien condenado a 26 años de reclusión sólo cumplió 7. Desde entonces ha habido cientos de casos, entre los más sonados encontramos que en 1995 el gobierno del PSOE perdonó la prisión al expresidente de Cantabria Juan Hormaechea, condenado por malversación de caudales públicos. En 1998 fue el Gobierno de Aznar el que redujo un tercio la pena y dió el tercer grado al ex ministro del Interior, José Barrionuevo, al ex secretario de Estado, Rafael Vera y a los demás condenados por el secuestro de Segundo Marey, un inocente que sufrió la guerra sucia contra ETA. En 2012, el Gobierno de Rajoy indultó (contra el informe del Tribunal) al exsecretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat (Josep Servitje) y a Víctor Lorenzo, empresario de Unió Democrática de Catalunya y excuñado del dirigente del partido Josep Sánchez Llibre, ambos condenados a penas de prisión por el llamado caso Treball (desvío de fondos). Esta vez no hubo protesta alguna del Govern de Catalunya… Y para cerrar, baste el encabezamiento de la nota que decía «El Banco Santander muestra su satisfacción tras conocer la decisión del Consejo de Ministros (el último del gobierno Zapatero) de conceder el indulto a Alfredo Sáenz» (banquero y vicepresidente de la entidad financiera).

Comisiones y donaciones

Y si la posibilidad de que el manejo de la justicia haga coincidir las recientes detenciones, con el jucicio a Mas y su pulso independentista parece probable, esto no quita que el delito perseguido sea fundado. El caso investigado arranca de las denuncias de dos concejales en la localidad de Torredembarra, (el socialista Enric Granjel y la militante de ERC Montse Gasull). Hace cinco años apuntaron que la alcaldía de Convergència tenía prácticas corruptas en la adjudicación de la limpieza municipal, el alquiler de dos locales pagando precios desorbitados, la contratación de la consultora Efial por 18.000 euros mensuales, la colocación de 24 trabajadores a dedo, la contrata de aguas, y una concesión a la constructora Teyco (de la familia Sumarroca). ERC evitó cargar contra sus socios convergentes y su concejal acabó abandonando el partido. Pero el joven juez al que le cayó el caso no soltó la presa. A la operación Petrum, le siguieron la Petrum II y la actual Petrum III, según iba creciendo la investigación por los delitos continuados de falsedad documental, cohecho, prevaricación, alteración en subastas y concursos públicos, blanqueo de capitales, y financiación ilegal. Tras la detención del alcalde vino la del empresario Sumarroca, (uno de los grupos empresariales más beneficiados con adjudicaciones públicas desde que Pujol asumió el poder en Cataluña), el tesorero de Convergència, y así hasta una veintena de personas más. A estas alturas las investigaciones apuntan a que el clan empresarial había pagado al alcalde 1,43 millones de euros a través de 7 sociedades. Y en un documento en el ordenador del empresario, figuraba una relación de obras públicas de 2009 en varios municipios, con una columna al lado que calculaba el correspondiente 3% de cada adjudicación, que por fín salía a la luz.

Oasis o arenas movedizas

Fue el entonces president de la Generalitat, Pascual Maragall, quien en 2005 removió en sus sillones a los parlamentarios de CiU al dirigirse a ellos con aquella frase de «Ustedes tienen un problema que se llama 3%», refiriéndose al cobro de comisiones a cambio de favores políticos. Entonces los convergentes se indignaron ofendidos y Mas contestó a Maragall que había «perdido los papeles», exigiendo el silencio cómplice sobre lo que se había bautizado como el «oasis catalán»: la ausencia de casos de corrupción mientras en toda España estallaban a diario. Pero en los últimos tiempos la situación se ha invertido. La fachada comenzó a resquebrajarse con el ‘caso Palau’ o ‘caso Millet’ que ya está a punto para juicio. El Juzgado finalizó la instrucción apuntando que la constructora implicada «abonaba, por regla general, una comisión del 4 por ciento del importe de la obra pública adjudicada» por la Generalitat y otras instituciones públicas. Suponen que de este 4 %, un 2,5 iría a CDC y el 1,5 restante para el presidente del Palau de la Música, F.Millet, y su mano derecha, J. Montull. Tan convencido está el juez del asunto que el edificio de la sede central de Convergencia está consignado como garantía de pago de la posible multa.

Del expresident Jordi Pujol ya conocerán el caso de sus millones en Andorra justificados como una herencia, que su propia hermana afirma desconocer. Pero además la familia Pujol suma cuatro causas por blanqueo de capitales, delitos fiscales, cohecho y falsedades. Sobre Jordi Pujol junior el juez sospecha que cobró comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. El otro hijo, Oriol, (bautizado por el empresario Sergi Lerma como «el conseguidor») diputado de CiU, dimitió tras la investigación sobre los sobornos relacionados con el caso ITV. (Anticorrupción sospecha que Oriol cobró comisiones por mediación en la venta de la planta Sharp en Sant Cugat del Vallés, o por los traslados de las centrales de Yamaha y Sony). A estas alturas la investigación sobre el clan Pujol empieza a tocarse con la del 3% y se ha desvelado cómo los Sumarroca llegaron a firmar un contrato con Jordi Pujol Ferrusola, a quien le pagaban el 3,5% de las adjudicaciones y el 5% sobre el margen bruto de los negocios.

Recordemos que el pasado mes de agosto, durante la segunda fase de la operación Petrum, los agentes vieron que en la trituradora de papel del tesorero de CDC, Viloca, se habían destruido documentos que aludían a la constructora Teyco (la empresa de los Sumarroca que aparecía en la trama de Torredembarra) junto a unas cifras. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción consideran acreditado que el dinero de las comisiones era recabado por la Fundaciones Catdem y Fórum como donaciones y, de ahí, enviado a CDC.

Mientras se acaba de aclarar qué porcentaje se comisionaba en este entramado de casos y dónde ha ido a parar cada euro, Convergencia se ha cambiado el nombre a Pdecat; pero va quedando claro que el resto sigue igual y su invocado patriotismo esconde una pasión más mundana: el dinero.