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Asociaciones por el derecho a la gestión pública del agua de diferentes países europeos -desde las más afectadas por los recortes e imposiciones de la Troika, como Grecia, Irlanda, España o Italia a otras de Alemania y Francia- se han manifestado ante el Parlamento Europeo de Bruselas para rechazar las negociaciones «oscuras» del Tratado de Libre Comercio (TTIP) con EEUU que «acabarán privatizando el agua».
Asociaciones como la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, Iniciativa Ciudadana Europea o el colectivo español Red Agua Pública, denuncian el secretismo con el que se está negociando un TTIP que, entre otras cosas, pretende abrir las puertas de los servicios públicos de los países europeos al gran capital norteamericano. El TTIP acabará impulsando la privatización de los servicios públicos, entre ellos la gestión del agua.
Bajo las negociaciones del TTIP lo que se está diseñando es el saqueo a gran escala, sin límites, de los servicios públicos, incluido uno tan sensible como el agua y el saneamiento. Saquean nuestros salarios, nuestros recursos económicos y naturales y también vienen a por nuestros servicios más básicos y elementales. En manos de las grandes corporaciones y fondos norteamericanos (y europeos) el agua y el saneamiento no será un derecho ni un bien público, sino una fuente de enriquecimiento. A costa, eso sí, de subir las tarifas que pagamos por ellos y de excluir o reducir el acceso a estos servicios a millones de personas, tal y como está ocurriendo con la “pobreza energética”.
La lucha contra el TTIP y sus “oscuras negociaciones” y detener el proceso de privatización del agua, es ya una lucha de primer plano, sobre todo para que servicios como el agua no pasen a manos de los fondos y grandes multinacionales. El colectivo español Red Agua Pública ha puesto en marcha en nuestro país la Iniciativa Agua 2015, por un pacto por el agua que está sumando apoyos por toda España de plataformas por el agua, asociaciones de vecinos, colectivos de consumidores, ecologistas o fundaciones científicas.
La defensa de la gestión pública de los servicios básicos, reconocidos como derechos de los ciudadanos y un bien común, es parte sustancial de la lucha contra el saqueo y la degradación de nuestro país y del 90% de la población. En ello nos va avanzar por el camino de la redistribución de la riqueza y una salida a la crisis en beneficio de la inmensa mayoría, o que sigan imponiendo los recortes y el expolio de los recursos del país en beneficio de las burquesías monopolistas de Washington y Berlín.