Comienza un nuevo curso político y todo lo relacionado con la investidura y la eventual formación del gobierno ocupa la mayor parte del debate político, de las tertulias televisivas o de las columnas de opinión de los grandes rotativos.
Dado que la investidura de Alberto Núñez Feijóo parece imposible -el candidato popular no ha conseguido mover ni un milímetro sus apoyos esperables después de las elecciones, y el apoyo tóxico de Vox le impide ampliarlas en el corto plazo- todo se va centrando ya en las posibilidades de Sánchez de lograr los apoyos parlamentarios para investirse y reeditar un gobierno de coalición con Sumar. Tiene posibilidades, pero no lo tendrá fácil, especialmente porque para alcanzar la mayoría necesaria de 178 diputados, debe incluir el ‘sí quiero’ de Junts y de Puigdemont.
Algunas de las cesiones ofrecidas al campo nacionalista, como la utilización del catalán, el euskera y el gallego en el Parlamento, ya comienzan a llevarse a cabo sin demasiadas complicaciones. Pero “amnistía” exigida por Junts, que exonere a los dirigentes del procés con causas pendientes con la justicia, presenta mayores dificultades. Su constitucionalidad es discutida, y levanta ampollas no sólo en la derecha, sino en importantes sectores del progresismo.
Mientras se resuelve la –a priori condenada al fracaso- investidura de Feijóo y comienzan los plazos para la de Sánchez, vamos a asistir a largas semanas donde el primer plano de la actualidad va a estar centrada en los tiras y aflojas con grupos parlamentarios minoritarios.
Porque, no lo olvidemos, Junts -casi irrelevante en la anterior legislatura, y Puigdemont una figura hace tiempo olvidada y abandonada en Waterloo- solo representan al 1,6% de los votantes en el conjunto de España, y un escaso 7,24% del censo de Cataluña. El procesismo ha sufrido en las generales una debacle histórica, perdiendo 700.000 votos y quedando como ERC y Junts como cuarta y quinta fuerzas políticas respectivamente.
Sus demandas, sus exigencias, sus chantajes, o las ofertas que se les hagan para conseguir sus síes, pueden o no ser legítimas… pero sobre todo eclipsa lo importante, lo fundamental, lo vital para la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Todo el acalorado debate en torno a la investidura y la eventual «amnistía» opaca el problema que ocupa la cabeza del 90% de los españoles, todos los días, que no es otro que sus condiciones de vida y trabajo, especialmente una inflación que devora su poder adquisitivo. Una carestía de la vida que es producto directo y deliberado de un atraco de bancos y monopolios contra el 90% de la población.
Cuanto más se habla sobre si es lícito o ilícito, correcto o incorrecto, conveniente o inconveniente amnistiar a Puigdemont, a su camarilla, y a un millar de personas con cuentas pendientes con la justicia tras el 1-O… menos se habla de los verdaderos y acuciantes problemas de las clases populares y trabajadoras.
No se habla de cómo contener la subida del precio de los alimentos, obligando a las grandes cadenas monopolistas de la distribución a reducir sus beneficios. De cómo impedir que el precio de la vivienda suponga el 70 o el 80% del sueldo en las grandes ciudades. De cómo detener el atraco financiero e hipotecario, obligando a los bancos a devolver a familias y pymes los beneficios extra que están obteniendo gracias al atraco de los tipos de interés. De cómo conseguir que los salarios de los trabajadores no pierdan poder adquisitivo limitando el festín de beneficios del Ibex35. De cómo impedir nuevos recortes en los servicios públicos, y nuevos ataques a la sanidad o la educación. O de cómo conseguir que las pensiones estén blindadas en la Constitución, prohibiendo su recorte o privatización.
No se habla de la aberrante desigualdad, de cómo bancos, monopolios y capital extranjero saquean al 90%, y de la necesidad de redistribuir la riqueza.
¿Y de lo nuestro, cuando se va a hablar? ¿Por qué no gira la investidura en cómo «amnistiar» las rentas de las clases populares del atraco financiero y monopolista?