Ante la convocatoria electoral del próximo 28 de Abril, los españoles estamos recibiendo una avalancha de diagnósticos y tratamientos, en apariencia opuestos, sobre lo que le sucede al “paciente España” y cuál debería ser la pauta para su mejoría.
Para unos el problema radica en una mezcla de: corrupción política, la actuación de las “cloacas del Estado”, los restos del franquismo en la judicatura, una monarquía impuesta por Franco, o el auge de la extrema derecha, que dan como resultado una “democracia devaluada” y sitúa al Estado español, según afirman, por debajo de los regímenes de sus socios europeos en lo que a libertades se refiere.
Para otros, la hipoteca de Pedro Sánchez con los independentistas amenaza con romper España.
En época electoral los ruidos de la propaganda política pueden desorientar al más pintado, porque cualquier clima de opinión siempre se basa en algún aspecto de la realidad.
Pero, ¿qué es lo que realmente preocupa a los españoles?
La última encuesta del CIS (no libre de los efectos de la propaganda) advierte que los españoles, al ser preguntados por los 3 principales problemas, dan como respuesta que su mayor preocupación, a mucha distancia del resto, es el paro con un 60,6%. Le siguen los políticos en general con el 29,4%, la corrupción y el fraude con un 23,1% y los problemas de índole económica con un 22,3%. Mientras tanto, la independencia de Cataluña preocupa un 7,1%, muy por detrás de la sanidad con un 14,3%, de los problemas sociales con un 9,6% o la educación con un 8,5%.
Podríamos decir que los políticos en campaña –o sin ella– no atienden a las principales preocupaciones de los españoles sobre la salud del país. Que el divorcio entre la mayoría y la clase política –que la propia encuesta refleja– parece irresoluble, y que después de sus mítines y discursos habría que espetarles un sonoro ¡¿Y de lo nuestro qué?!
Porque si hablamos “de lo nuestro”, de lo que realmente le pasa al 90% de los españoles, de lo que en cada casa se vive en el día a día, nos vamos a encontrar con los efectos de un empobrecimiento y recortes sistemáticos que afectan al empleo y su calidad, a las listas de espera y la tardanza en las citas médicas o al futuro de nuestros jóvenes, a los que ya se les está diciendo que no sólo van a tener enormes dificultades para tener un puesto de trabajo fijo acorde a sus capacidades, sino que además no tendrán pensiones.
¿Y cuál es entonces la enfermedad?, ¿que no hay dinero?
España es el cuarto país más rico de Europa por volumen de PIB. Sin embargo, es también el cuarto país más desigual de la UE-27. Somos el segundo país (sólo nos supera Bulgaria) donde, en los últimos 10 años, más ha aumentado la distancia entre los que más tienen y los que menos.
Como en cualquier diagnóstico, lo primero es establecer la causa de los síntomas para poder dar solución adecuada.
Lo que vamos a hacer, buscando la verdad en los hechos, es comprobar si el diagnóstico que venimos defendiendo en las publicaciones y escuelas de UCE es correcto. Es decir, que desde el estallido de la crisis de 2008 hemos estado sometidos a un proyecto de saqueo contra el 90% de los españoles y de las riquezas del país, un saqueo que ha estado planificado desde el exterior, desde los grandes centros de poder mundiales, y que se apoya en la degradación política para poder avanzar.
Para entender lo que de verdad ocurre y está determinando nuestras vidas y el rumbo político del país, es preciso seguir un rastro que trabajosamente tratan de ocultar los centros de poder mediante una ruidosa ceremonia de la confusión: las huellas del saqueo y de la degradación.
Primero, el rastro del saqueo. Desde 2010, a través de la ejecución de unos recortes que se han cronificado, el 90% de la población hemos visto descender, y en algunos casos drásticamente, nuestras rentas y nuestro salario real. Y hemos sufrido un retroceso en derechos básicos ya establecidos, como el acceso a la sanidad, pensiones o la educación públicas.
Lejos de detenerse, este atraco a los sueldos y rentas de la mayoría no ha concluido. Desde instituciones como el FMI, la Comisión Europea o el Banco de España, se amenaza permanentemente con que “el actual sistema público de pensiones es insostenible”, planteando abiertamente que “será inevitable recortarlas”. Y todas las exigencias de los organismos internacionales conducen a seguir recortando el peso de los gastos sociales -de la sanidad y la educación, de las ayudas sociales- en relación al PIB.
Esto es lo que sucede en Barcelona y en Madrid, en Bilbao y en Sevilla. Este es el “¡¿Y de lo nuestro qué?!” que afecta a los trabajadores de toda España, pero que no ocupa más que un papel secundario en las noticias.
Pero hay, además, otras huellas, los rastros de la degradación. Paralelamente al avance del saqueo al 90%, en la última década, el lugar que ocupa España en el mundo se ha degradado notablemente.
Se nos ha señalado como miembro de los PIGS, se ha sacudido el país para imponernos sucesivos “programas de ajuste”, es decir de recortes. España no solo ha sido virtualmente expulsada de los puestos de relevancia en la UE, a pesar de ser la cuarta potencia por volumen de PIB, sino que se permite que su unidad e integridad territorial sea cuestionada desde suelo europeo.
Las huellas del saqueo y de la degradación acompañan las unas a las otras, porque son las dos patas del mismo proceso. Buscan acometer un mayor y más profundo saqueo. Pero para hacerlo necesitan degradar al país y a la vida política.
No es posible comprender nada de lo que pasa en España sin partir de estos dos factores. Justo los que están absolutamente desaparecidos de todas las posiciones que, a derecha e izquierda, se nos ofrecen para explicarnos lo que sucede en nuestro país.