Cuando alguien diga que en España no existe «lawfare», ni guerra sucia judicial, y que todo eso son infundios victimistas de la izquierda para manchar el buen nombre de esos seres de luz que son los jueces españoles, digan un nombre en voz alta: Mónica Oltra.
En junio de 2022, la líder de Compromís y vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, fue forzada a dimitir, imputada por el supuesto encubrimiento del caso de abuso de su exmarido a una menor tutelada.
Fue imputada sin pruebas, sin el menor indicio, sin nada que no fuera la querella de las organizaciones de la extrema derecha (Vox y la asociación Gobierna-te de la agitadora ultra Cristina Seguí), que acusaban a Oltra de presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento
El relato acusatorio era tan endeble, tan infundado y demencial que finalmente el titular de un juzgado de instrucción de Valencia, junto a la Fiscalía, han dicho que no hay infracción penal, “absolutamente ni un solo indicio de delito por parte de Oltra ni de su equipo» y ha rechazado el juicio.
La verdad ha salido a la luz, y el infierno de lawfare contra Oltra ha acabado en el basurero de donde nunca debió salir. Pero todo eso ha ocurrido tras dos años de difamaciones. Dos años de patrañas y mentiras, amparadas por un sector de la justicia valenciana.
Todo comenzó con la querella -basada en humo- de Cristina Seguí en 2021, que acusaba a Oltra de maniobrar para desacreditar a la menor y proteger a su exmarido, Luis Eduardo Ramírez. Inicialmente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) desestimó la querella por falta de indicios objetivos.
Esta traca podía haberse apagado ahí, pero alguien decidió seguir con ello. En junio de 2022, el TSJCV imputó a Oltra y a 13 personas más de su equipo, considerando que había «indicios plurales» de un posible concierto para proteger a Ramírez o la carrera política de Oltra. Esto llevó a su dimisión como vicepresidenta el 21 de junio de 2022, argumentando una «cacería política».
Pero el linchamiento también fue mediático. Las portadas de los periódicos, especialmente los conservadores, se ensañaron en las acusaciones, sin aportar más pruebas que las acusaciones de la extrema derecha.
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Cronología judicial de un asesinato político
En abril de 2024, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia archivó la causa, concluyendo que no había «un solo indicio» de delito . Otra oportunidad de apagar la traca. Pero otra vez otros volvieron a encender la mecha.
En junio de 2024, la Audiencia Provincial de Valencia -argumentando lo que consideraron una «hipótesis plausible» de que la Conselleria intentó ocultar los abusos- ordenó reabrir el caso tras recursos de la víctima, representada por el abogado José Luis Roberto -líder de la formación ultraderechista España 2000-, y las acusaciones populares de Vox y Gobierna-te de Seguí.
Este disparate judicial, este lawfare de manual, acabó su estrafalario recorrido el 27 de junio de 2025, cuando el juez instructor del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia archivó nuevamente la causa contra Oltra, reiterando -por segunda vez- que no existía «absolutamente ningún indicio» de delito.
Ahora ya sabemos lo que ya sabíamos: que Mónica Oltra es inocente, y que toda esta cacería judicial y el linchamiento mediático buscaban el nada disimilado objetivo de hacer caer el Gobierno del Botánic, y llevar al PP de Carlos Mazón -acompañado de Vox- a la Generalitat.
Si hubiera justicia, las portadas de los periódicos que se ensañaron en la difamación deberían disculparse públicamente. No lo verán.
Los acusadores que presentaron querellas sin aportar pruebas deberían ser encausados, y los jueces y fiscales que les dieron pábulo deberían quedar apartados, amonestados o inhabilitados. Lo verán menos.