El Gobierno ha anunciado que se concederán en créditos a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial) 6.000 millones de euros para la construcción de unas 43.000 casas de alquiler asequible, que se deberán mantener bajo este régimen durante un mínimo de 50 años.

Asequible, la palabra con la que el Gobierno define el precio que deberán tener las futuras viviendas promovidas con créditos públicos, es como no decir nada.

La mayoría de los alquileres promovidos por entidades públicas debería suponer como máximo un tercio del Salario Mínimo (SMI). ¿Es posible ofertar viviendas a ese precio?

Cuando vamos a comprar o arrendar una vivienda la pregunta inicial que nos hace el banco, o la inmobiliaria siempre es la misma: ¿Le supondrá el alquiler o la hipoteca más de un tercio de sus ingresos? En caso afirmativo no le facilitarán el acceso al piso. Necesitará avales.

Siguiendo esa norma el precio de las promociones públicas debería ser como máximo una cantidad determinada que todo el mundo con un sueldo pudiera pagar: Un tercio del Salario Mínimo (SMI). Esto es una cantidad concreta: 378 euros.

Ahora bien, como todo lo fía el Gobierno al sector privado, serán las empresas promotoras que firmen los créditos para financiar la construcción, las que determinarán los precios de arrendamiento. Y si los alquileres no están establecidos de antemano, ¿quién puede esperar que la iniciativa privada no fije el precio más alto posible? ¿No subirán los promotores el alquiler todo lo que la demanda del mercado le acepte? ¿Esto tan básico no lo saben los ministros?

Solo podemos concluir que no hay ninguna voluntad de solucionar el problema del acceso a la vivienda. Porque un punto básico es construir, o reformar vivienda para alquiler, con un precio tope, si se financia directamente con dinero público o con créditos públicos.

Y se podría pensar que fijando precios máximos no resultaría rentable ni a la iniciativa pública ni a la privada. Veámoslo.

Las cuentas claras

En las mismas cuentas del Gobierno aparece la solución. Calcula el Ministerio que con los créditos anunciados de 6.000 millones dará para levantar 43.000 viviendas al actual coste medio de construcción de 140.000 € por piso. Pues bien, si el Estado los construyera bajo el control de una Empresa Pública de Vivienda para alquilarlos a 378 € (que como hemos visto es un tercio del SMI) en 31 años las viviendas estarían completamente amortizadas, y aún restarían muchos años para seguir obteniendo beneficios y financiar nuevas viviendas.

Es evidente la posibilidad de constituir una empresa pública rentable, con precios ligados a la evolución del SMI, y que prestaría un inmenso servicio a todos los ciudadanos, pues tiraría a la baja el conjunto del mercado inmobiliario. ¿Por qué no se hace? Solo podemos concluir que no hay ninguna voluntad de solucionar el problema del acceso a la vivienda.

Un alquiler les cuesta ya a los trabajadores jóvenes el equivalente al 92,1% de su salario.

Y lo que vale para el Estado vale para las autonomías. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Institut Català de Finances (ICF) han firmado un préstamo de 490 millones, para la construcción de más 4.000 viviendas. Pero vuelta a lo mismo: Sobre el acuerdo, Gilles Badot, director de Operaciones para España y Portugal del BEI repetía el latiguillo: “El acceso a una vivienda a precios asequibles y respetuosa con el medio ambiente se ha convertido en una primera necesidad en muchas regiones europeas y es una de las prioridades estratégicas del BEI”.

De nuevo no se fijan los precios de alquiler, y además serán promociones de propiedad privada, cuando a día de hoy, las viviendas sociales representan en Catalunya tan solo el 1,7% del total de las casas de primera residencia, según el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona.

Para paliar su déficit, Catalunya necesitaría construir o disponer (reformando, comprando de segunda mano) de 225.000 viviendas de alquiler asequible en los próximos 10 años, unas 22.500 al año. Y aquí se planifican 4.000… Sobran comentarios. No hay voluntad de resolver el problema.

En el conjunto de España solo el 2,5% del parque de vivienda corresponde a vivienda social pública. Esta cifra es muy inferior al 9,3% de la media europea.

Y esta escasez está en el centro de porqué se ha encarecido tanto el alquiler y la compra de casa. Sin una oferta pública abundante la iniciativa privada fija los precios lo más alto posible para maximizar sus ganancias.

Abundan los ejemplos… y las alternativas

En otros países sobran ejemplos de leyes y medidas que han resultado eficaces. ¿Por qué no copiarlas?

Canadá o Nueva Zelanda han prohibido que los extranjeros tengan viviendas en propiedad salvo que las usen para residir en ellas. Croacia ha hecho lo mismo con el suelo no urbanizado. Con estas sencillas normas se han cargado la especulación de los fondos e inversores foráneos sobre la vivienda, sin perjudicar a quien acuda a vivir y trabajar en ese país.

Portugal ha fijado por ley que para los mayores de 65 años su contrato de alquiler pasa a ser indefinido y solo puede subir lo que aumente el índice de precios (IPC).

El ayuntamiento de Viena es propietario del 50% de todas las casas de la capital que alquila con precios de 500 € por 70 metros cuadrados. Tres veces más barato de lo que hoy cuesta esa superficie en varias capitales de provincia españolas.

Una empresa pública de vivienda en alquiler sería rentable con alquileres por debajo de 400 euros.

Y entonces, si se puede mejorar copiando leyes, si se podrían seguir ejemplos válidos de otros países, si es posible y rentable resolver una oferta abundante y barata con una empresa pública que obtendría beneficios, y no se hace nada ¿a quién se está beneficiando?

Basta mirar la realidad: En Barcelona hay 794.272 pisos. Mientras entre Ayuntamiento y Generalitat solo tienen 14.319 viviendas en alquiler (un 1,8% del total), 14.000 empresas y propietarios con más de 15 pisos cada uno (alguna con más de 300), acumulan 111.140 pisos. Un negocio rentista de más de 100 millones de euros mensuales.

Medida tras medida anunciada son solo pequeños parches mientras no se toca el negocio inmobiliario, incluida la venta al capital extranjero de suelo y edificios.

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