Hay peligros que avanzan gracias a ocultar su presencia, rebajando así las defensas de las futuras víctimas. Algo parecido puede pasar en este nuevo año.
Se nos repite que ya no estamos en 2010 o 2012, y que la época de los grandes recortes ha pasado. Mientras grandes centros de poder internacionales y nacionales afilan sus tijeras para activarlas en 2025.
Nuevos recortes están en la agenda inmediata. Su ejecución, y hasta donde lleguen, va a ser una de las grandes batallas de este año.
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Hay que blindarlas en la Constitución
La batalla por las pensiones
Se ha instalado la idea de que, puesto que las pensiones ya se revalorizan en función del IPC, derogando uno de los puntos más lesivos de la reforma de Rajoy, están ya protegidas ante futuros recortes.
No es verdad. Y lo vamos a comprobar este año. Muy pronto. En concreto en marzo.
Ese mes se activará la cláusula impuesta por Bruselas en la última reforma de las pensiones. Según la cual se debía revisar cada tres años su “sostenibilidad financiera”. Abriendo la puerta a recortarlas para reducir el gasto.
La presión popular impidió que en ese momento pudieran ejecutarse los recortes que los grandes centros de poder exigían. Y su respuesta fue no enterrar el hachazo contra las pensiones públicas sino posponerlo.
Ahora preparan el terreno. Cada día se publican en los grandes medios artículos que “alertan” sobre que “se dispara el gasto en pensiones”.
Su objetivo es recortar las pensiones para imponer su privatización
Su objetivo es reducir las pensiones públicas, si es posible a un mínimo de subsistencia, para imponer un salto en su privatización.
Los fondos de pensiones privados son una de las principales fuentes de acumulación de capital de las grandes burguesías del planeta. Ganan mucho manejando nuestro dinero. Pero en España ese nicho de negocio está infraexplotado. En nuestro país el capital de las pensiones privadas asciende al 11,2% del PIB, muy lejos de Dinamarca, con un 198% o Países Bajos con un 142%.
Ahora quieren darle la vuelta. Arremetiendo contra un pilar básico del Estado del bienestar, las pensiones públicas. Ya están avanzando en España las pensiones privadas, bajo la forma de los “planes de empresa”, que los trabajadores deben suscribir obligatoriamente. Pero quieren más y lo quieren rápido.
Hay que prepararse para defender las pensiones públicas. Y la única forma de que estén realmente protegidas frente a unos ataques cada vez mayores, es blindarlas en la Constitución, prohibiendo expresamente que puedan recortarse o privatizarse.
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El plan ya pactado con Bruselas
Un “ajuste” de 40.000 millones
La mayoría no lo sabemos, pero la “hora de ruta” que impone nuevos recortes, al actual y a futuros gobiernos, ya está firmada y entrará en vigor este año.
En octubre el gobierno envió a Bruselas un plan de ajuste fiscal. Era obligado tras el retorno de las reglas fiscales, que obligan a objetivos de reducción de la deuda y el déficit.
Tendrá una duración de siete años y el “ajuste” pactado deberá alcanzar cuanto menos los 40.000 millones de euros. Una cifra que casi triplica el dinero público prometido para los afectados por la DANA.
No es un pequeño ajuste. Es un “ajustazo”. Se deberá reducir la deuda pública desde el 102% del PIB al 76%. Y cumplir durante siete años con un déficit inferior al 3%, algo que no sucede desde 2007.
El actual gobierno afirma que se cumplirá con estos objetivos “sin necesidad de nuevos recortes”. Afirmando que el ajuste será resultado del aumento de ingresos gracias al mayor crecimiento. Pero en el plan enviado a Bruselas se reconoce que la principal vía para cuadrar las cuentas será la reducción o contención del gasto público.
Es un corsé muy apretado, que impide aumentar el gasto social -para mejorar la sanidad o la educación- o la inversión pública para crear riqueza y empleo.
Y siempre que se han aprobado planes similares el resultado ha sido siempre más recortes.
La hoja de ruta está fijada hasta 2031, pero cada año el gobierno español deberá enviar a Bruselas la propuesta de donde recortar.
Otros hechos agravan el peligro de sufrir nuevos recortes.
En los próximos dos años los bancos y monopolios del Ibex-35 deberán afrontar vencimientos de deuda por casi 60.000 millones de euros. Deberán devolver ese dinero a los bancos y fondos extranjeros, o refinanciar esa deuda con tipos más altos, pagando más.
Siempre que esto sucede la oligarquía española carga esa factura sobre el conjunto de la sociedad, saqueando nuestros bolsillos.
Y afrontamos un momento global donde se agudiza la voracidad de los grandes recortadores. Con Trump en la Casa Blanca es previsible que EEUU nos exija mayores tributos, y la subida de aranceles es solo una de ellas. Y en la UE las dos grandes locomotoras económicas, Francia y sobre todo Alemania, están inmersas en una profunda crisis. Sabemos que cuando Berlín afronta pérdidas utiliza su poder en Bruselas para descargarlas sobre el resto de países europeos.
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Vivienda, electricidad, sanidad…
Los recortes ocultos
Algunos recortes se oficializan. Otros se ejecutan por la vía de los hechos.
A través de los precios de la vivienda se recorta nuestros bolsillos. Los inasumibles alquileres o el aumento de las cuotas de las hipotecas empobrecen a muchas familias. Por eso la vivienda es la segunda preocupación de los españoles según la última encuesta del CIS.
En 2025 ese recorte de facto va a incrementarse. Todos los estudios advierten que los alquileres, ya por las nubes, pueden incrementarse hasta un 10%.
Lo mismo sucede con el precio de la luz, un servicio esencial del que no podemos prescindir. Hemos abandonado los máximos alcanzados en 2022, pero en el último año la electricidad ha subido un 16,9%. Y hoy la factura de la luz duplica la que pagábamos antes de la pandemia.
Todos los estudios advierten que los alquileres, ya por las nubes, pueden incrementarse hasta un 10%.
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Y esos recortes encubiertos actúan en un sector vital como el sanitario. La degradación de la sanidad pública, especialmente en atención primaria o en el acceso a especialistas, con listas de espera interminables, espolea el incremento de los seguros sanitarios privados.
En 2025 tenemos que hacer frente a estos recortes “no oficiales”. Especialmente imponiendo medidas drásticas para acabar con atraco de la vivienda.
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Frente a los recortes…
¡Hay que Redistribuir la Riqueza!
¿Debemos recudir la deuda y el déficit? Por supuesto. Pero es mentira que hacerlo exija inevitablemente nuevos recortes. Hay una forma más justa, y también más eficaz, de conseguirlo: Redistribuir la Riqueza.
Si elevamos a bancos, monopolios y capital extranjero el impuesto que pagan por sus multimillonarios beneficios al 50%… ¡se recaudarían 60.000 millones!
Es posible redistribuir la riqueza, y hay una amplia mayoría que lo exige.
Y si obligamos a los bancos a devolver el dinero del rescate bancario, que todavía nos deben, las arcas públicas obtendrían 75.000 millones.
Es posible redistribuir la riqueza, y hay una amplia mayoría que lo exige.
Según el CIS el 86,4% está “muy o bastante preocupado” por el actual nivel de desigualdad social, y el 47,9% considera que hoy hay más desigualdades que hace diez años. Y señalan el camino que se debe seguir: el 74,5% está a favor de que “el gobierno debe garantizar que la riqueza se distribuya de forma justa”, y el 70,7% apoya que los más ricos paguen más impuestos.