Desde hace meses, la criminal guerra de Ucrania ha desatado una cascada de consecuencias geopolíticas en todas direcciones, generando extrañas carambolas. Una de ellas afecta -positivamente- a Venezuela, una nación que desde hace más de una década viene siendo blanco preferente de la intervención y la desestabilización por parte del hegemonismo norteamericano.
En 2020, Rusia era el tercer mayor productor mundial de petróleo crudo después de EEUU y Arabia Saudita. Pero las férreas sanciones impuestas a Rusia a cuenta de su agresión sobre Ucrania han hecho que Moscú deje de lanzar al mercado mundial casi 50 millones de barriles de su producción de crudo, algo que ha revalorizado extraordinariamente para Washington el petróleo venezolano, obligándole -a regañadientes- a levantar parcialmente las sanciones sobre Caracas.
Dicho y hecho. El gobierno Biden ha autorizado a la megapetrolera Chevron a reanudar, de manera limitada, sus operaciones extractivas de crudo en Venezuela. Aunque EEUU mantiene el grueso de sus sanciones, esta medida va permitir una voluminosa entrada de divisas en las maltrechas arcas venezolanas.
Pero no acaban ahí las buenas noticias. Bajo los auspicios de Noruega y el patrocinio de varios países acompañantes -entre ellos España, Colombia o Argentina, pero también Francia u Holanda- el gobierno de Maduro y la oposición -la Plataforma Unitaria- han anunciado formalmente la reanudación de las conversaciones en Ciudad de México. Han llegado a acuerdos de alivio humanitario que ya tenían trabajados de antemano centrados en la educación, la salud, la seguridad alimentaria, la respuesta a las inundaciones, programas de electricidad y también a un acuerdo sobre la continuación de las conversaciones centradas en las elecciones de 2024.
El diálogo entre gobierno y oposición ha permitido también un acuerdo para descongelar entre 3.000 y 5.000 millones de fondos estatales en el extranjero. Desde hace años, el Banco de Inglaterra tiene retenidas 31 toneladas de lingotes de oro de Venezuela y lo mismo ocurre con algunas cuentas del Banco Central de Venezuela en EEUU. El gobierno de Caracas ha mostrado su satisfacción por recuperar “recursos legítimos, propiedad del Estado de Venezuela, que hoy se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional”. Unos fondos que ambas partes han acordado que vayan destinadas a reforzar el sistema de salud, infraestructuras, vacunas y medicamentos, aliviando la grave crisis humanitaria que desde hace más de cinco años viene soportando el pueblo venezolano.
Ha bastado con que -debido al avance de la lucha de los pueblos en América Latina, con una oleada de victorias progresistas en el Continente, unido a la «carambola» de Ucrania- EEUU se vea obligado a aflojar el dogal que asfixia a Venezuela, para que se abra una oportunidad para el diálogo entre el gobierno y la oposición, y para mejorar la vida de los venezolanos.