Cuando se cumple un mes de la celebración de sus elecciones presidenciales -en las que tanto Maduro como la oposición se proclaman ganadores- Venezuela se pierde más y más y más en su laberinto. Las actas electorales siguen sin ser publicadas, pero hay abundantes indicios de falsificaciones en las que ha publicado la oposición.
Mientras EEUU ya ha proclamado como ganador al candidato opositor Edmundo González, tres gobiernos progresistas latinoamericanos -Brasil, Colombia y México- tratan de hallar un camino distinto, que logre una salida democrática a esa crisis.
Una vez más, Venezuela está incendiada de violencia y polarización. El gobierno de Maduro afirma haber ganado las elecciones con un 51,11% de los votos. Por contra, la oposición asegura haber obtenido un 67% de los votos con el 83,50% de las actas. Las protestas y enfrentamientos con la policía han dejado ya 24 muertos y miles de detenidos acusados de terrorismo.
Un mes después de las urnas las actas pormenorizadas de los comicios siguen sin aparecer, algo que debería haber ocurrido en las 48 horas posteriores a las elecciones, según la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela. El CNE y el gobierno de Maduro lo justifican alegando haber sido objeto de un ataque cibernético el día de las votaciones, pero su credibilidad está contra las cuerdas.
Mientras tanto, la oposición, liderada por Maria Corina Machado ha publicado una página web -investigada por la Fiscalía venezolana- un número de documentos lo que ellos afirman constituyen más del 80 % de las actas electorales, y que conformarían que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó por un amplio margen. Como ya lo hizo con Juan Guaidó, EEUU ya ha proclamado al opositor como presidente.
Sin embargo, países como Brasil han mostrado su desconfianza en las actas publicadas por la oposición en su web, después de que diversos analistas las examinaran e identificaran irregularidades en un gran número de ellas: firmas de testigos y miembros de partidos, o códigos QR burdamente.falsificadas, así como códigos «hash» y las “firmas digitales” de las máquinas electorales manipulados.
“Los datos de la oposición no son confiables. No podemos reconocerlos, y hacerlo significaría un precedente peligroso para la región, porque abriría la puerta a cualquier apuración electoral paralela”, afirmó el exministro de Asuntos Exteriores de Lula, Celso Amorim, designado ahora como mediador brasileño en esta crisis.
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La exigencia de las actas
Que la oposición venezolana -históricamente, un instrumento de intervención de Washington en el país- no sea de fiar, y que haya que poner en cuarentena su autoproclamada «victoria» y sus más que dudosas «actas», no despeja la profunda sombra de duda que pesa sobre la limpieza de las elecciones presidenciales venezolanas.
Un panel de expertos de la ONU que ha investigado el proceso electoral ha concluido que aunque tanto el periodo preelectoral como la jornada electoral transcurrieron “en un ambiente pacífico» y que los comicios del del 28 de julio «estaban logísticamente bien organizados”, lo que ocurrió tras el cierre de las urnas «carece de transparencia e integridad”.
En concreto, el panel de la ONU destaca que el anuncio del CNE que dio vencedor a Nicolás Maduro “sin la publicación de sus detalles o la entrega de resultados no tiene precedentes en elecciones democráticas contemporáneas”.
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También de los amigos
La exigencia al CNE y al gobierno de Maduro de la publicación de las actas por parte ha recorrido todo este mes. Incluso de los gobiernos y líderes de la izquierda latinoamericana tradicionales amigos del gobierno bolivariano y nada sospechosos de complicidad con las maniobras intervencionistas de EEUU.
La mismísima expresidenta argentina Cristina Krichner ha pedido la publicación de las actas, “no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición y por la democracia”, sino también “por el propio legado de Hugo Chávez”.
En un comunicado conjunto, tres presidentes progresistas cuyas relaciones con el ejecutivo de Maduro son notablemente cordiales -el brasileño Lula da Silva, el colombiano Petro y el mexicano López Obrador- manifestaron nítidamente que consideran “fundamental la presentación por parte del CNE de los resultados de las elecciones presidenciales desglosados por mesa de votación”.
Estos tres gobiernos, y muy especialmente el brasileño, se han demarcado de la estrategia de Washington -que tampoco ha podido volcarse a fondo en intervenir en esta crisis, dada la atención que consume en sus próximas e inminentes elecciones, así como en los focos de Asia-Pacífico, Oriente Medio o Rusia-, y se niegan a reconocer el triunfo de ninguna de ninguna de las dos partes hasta que haya una investigación independiente y verificable que clarifique el resultado de las urnas.
Estos tres gobiernos han rechazado la injerencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington y de histórico cariz antichavista, recordando que Venezuela no forma parte de ella, y han insistido que «es la propia Venezuela y sus leyes las que definen cómo se verifican los resultados”. Sin embargo, se han mostrado también críticos con el oficialismo. “Maduro sabe que debe una explicación al mundo”, ha declarado Lula.
Aunque México no lo ha secundado, tanto Brasil como Colombia han propuesto una salida democrática a una situación que se enquista en la polarización: la celebración de nuevas elecciones con todas las garantías. Algo a lo que de momento se niega en redondo tanto gobierno como oposición.
A cambio, y para propiciar la distensión, tanto Brasil como Colombia proponen a ambas partes comprometerse con una especie de “amnistía recíproca” para que quien perdió “las elecciones pueda continuar viviendo normalmente y seguir siendo candidato”.
La amnistía recíproca vendría de la mano del fin de las sanciones económicas que pesan contra Venezuela, impuestas desde hace más de una década por EEUU, y que asfixian gravemente a la economía del país, siendo la causa fundamental de la grave carestía que sufren gran parte de las masas trabajadoras.