Vender humo, expresión popular para evidenciar que se ensalza lo que vale poco, tiene un problema: lo mal que quedas cuando se conoce la realidad. Al presentar los presupuestos de 2016, Oriol Junqueras afirmó que eran «los más sociales de la Historia». No fueron aprobados. Ahora el gobierno de la Generalitat se harta de propagar que sus presupuestos para 2017 tienen «la máxima ambición social posible»; pero esta afirmación de nuevo no aguanta un breve repaso a los números.
Los gastos en las principales políticas sociales –salud, educación, protección social, vivienda– fueron en 2010 de 21.804 millones de euros (actualizada esa cifra a la evolución del IPC en estos años). En los presupuestos presentados para 2017 se quedan en 17.944 millones. Una diferencia de -3.860 millones. Ya ven lo poco que han durado las afirmaciones de Oriol Junqueras, Puigdemont y compañía.
Es cierto que como se venía de mínimos, hay un aumento de 1.000 millones respecto a los últimos aprobados, en 2015; pero este importe además de escaso, sale de los «anticipos» que el Estado hace de los impuestos recaudados dos o más años antes por las comunidades. En todo el proceso el Gobierno autonómico se ha negado a tocar los impuestos de las rentas más altas a través de las competencias de la Generalitat. Podía haber subido del tramo autonómico del IRPF para rentas a partir de los 60.000 euros, aumentar el impuesto de Sucesiones o el de Patrimonio, a lo que se niega la antigua Convergencia.
En lugar de eso se ha potenciado la parte burocrática de la recaudación; impuesto a las bebidas azucaradas, a las grandes superficies, para actos jurídicos documentados, a las nucleares, y que se suman a los anteriores impuestos sobre las pernoctaciones turísticas, el ADSL, el euro por receta y el impuesto sobre los depósitos bancarios (estos dos últimos anulados por el Tribunal Constitucional).
Los sindicatos critican los presupuestos justamente de “poco sociales”. Y los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), para una renta garantizada de ciudadanía, denuncian que en los presupuestos presentados no hay ni un euro apartado para atenderla. Hace meses presentaron una iniciativa respaldada con miles de firmas para que todo el mundo tenga unos ingresos por encima del umbral de la pobreza -que actualmente es de 664 euros mensuales por persona-. Todos los partidos corrieron a aprobarla en el Parlament por unanimidad, antes de las elecciones. Pero la realidad es cero concreción. Otra vez vendiendo humo. Eso sí la Generalitat mantiene a sus políticos los sueldos más altos de España, destina seis millones a la consulta por la independencia, y se multiplican por dos los gastos en “asuntos exteriores” (embajadas y viajes al extranjero). Así que por dinero no es…
Catalunya es la comunidad con una deuda financiera más elevada: 77.500 millones de euros. Un lastre que se come cada año unos 800 millones en intereses y que hace que el Estado tenga que atender su devolución con 7.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómica, pues la Generalitat ya no puede emitir deuda pública porque en el mercado internacional no se acepta.
Así que se fijan los sueldos más elevados y no tocan los impuestos a las rentas más altas. La inversión presupuestada cae a mínimos, se cobran hasta 9 impuestos indirectos al consumo, y la deuda pública crece sin parar, mientras las tramas de corrupción vinculadas a Convergencia (luego escondida en Junts Pel Sí y ahora rebautizada Pdecat…) implican el saqueo de las arcas públicas y tratos de favor. Y para poder mantener esto en el tiempo sin que se les ponga en contra el 90% de la población encabezan la división y el fraccionamientos de las clases populares con la bandera de la Independencia. Aquí tienen los rasgos que definen a una “burguesía burocrática”, enquistada en la Generalitat: un conjunto de gestores que viven de parasitar el dinero público y beneficiar a un reducido sector social. Sus presupuestos lo refrendan.