Las vacunas son la esperanza de la humanidad ante este duro trance, el esperado remedio para que algún día el mundo pueda pasar la página de esta pandemia. Pero, en manos de las grandes farmacéuticas y de los países más poderosos, se han convertido en una moneda de cambio geopolítica, en una valiosa mercancía para el mejor postor.
La Organización Mundial de la Salud lleva meses advirtiéndolo: estamos ante una epidemia de alcance global, y de nada servirá que sólo los países más avanzados del mundo alcancen la ansiada inmunidad de grupo, si al otro lado del mar, la inmensa mayoría de la humanidad, que vive en países pobres o en vías de desarrollo, no tiene acceso a las vacunas. Pero sus advertencias de momento han caído en saco roto, y apenas 10 gobiernos acaparan el 95% de las dosis. De los aproximadamente 40 millones de dosis administradas hasta ahora, la inmensa mayoría lo han hecho en países de altos o medianos ingresos medios. Al mundo pobre han llegado… 25 dosis. Esto es lo que la OMS ha llamado «catástrofe moral».
Pero hasta en el segundo mundo hay clases, postores premium y postores de tercera. La gigante farmacéutica norteamericana Pfizer está demorando las entregas de su vacuna contra la covid a la Unión Europea, algo que está ya alterando los planes de inmunización en países como España, donde por ejemplo, la Comunidad de Madrid avanzó hace unos días que suspendía la vacunación de sanitarios de primera línea por falta de suministro.
Sin embargo, el laboratorio estadounidense no ha hecho lo mismo con todos los países, y ha seguido enviando las dosis previstas a países como Israel o Emiratos Árabes, que pagan mucho más por dosis (unos 19,5 euros por pinchazo, frente a los 12 que acordó la UE). Pero puede que este trato privilegiado tenga que ver con el papel de gendarme militar que Tel Aviv o las petromonarquías sunníes tienen en la geopolítica de EEUU. También hay clases entre los vasallos.
Ante este retraso, países como Italia, que han recibido casi un 30% menos de las dosis acordadas, ha anunciado que emprenderá acciones legales contra Pfizer. En cambio, nadie ha dicho nada contra Pfizer, ni desde Moncloa, ni desde la Comunidad de Madrid, cuyo consejero de Sanidad no perdió un minuto en entonar «el gobierno central nos maltrata». Será que para quejarse también hay clases, y que encararse con una multinacional norteamericana está fuera de las posibilidades de la política española.