Las elecciones legislativas en Venezuela, celebradas en medio de enormes dificultades para el país y de una extrema polarización política, arrojan un saldo contradictorio. Por un lado el bloque bolivariano recupera el control de la Asamblea Legislativa; por otro lado la baja participación -provocada por una feroz campaña de boicot de sectores de la oposición- dejan la batalla política abierta y en absoluto resuelta.
Primero, los datos. Según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), la coalición oficialista Gran Polo Patriótico Simón Bolívar ha ganado los comicios, con más de 3,5 millones de votos, un 67,6% de los sufragios. Pero la participación ha sido solo del 31%, más de 40 puntos por debajo de las elecciones legislativas de 2015, ganadas por la oposición. Hace 15 años, acudieron a las urnas más de 14,3 millones de ciudadanos, mientras que en las presentes elecciones lo han hecho 5,2 millones de venezolanos.
Junto a la candidatura auspiciada desde el gobierno de Maduro concurrían hasta 10 listas más, incluyendo escisiones del bloque bolivariano como la Alternativa Popular Revolucionaria, encabezada por el Partido Comunista. Una parte de la oposición, encabezada por líderes como Juan Guaidó o Leopoldo López, especialmente ligados a Washington, han llamado a boicotear los comicios.
Achacar la baja participación sólo a factores políticos es apresurado. Estas elecciones se dan en un marco complejo y en medio de enormes dificultades para el país y el pueblo venezolano. También hay que tener en cuenta el impacto de la pandemia y especialmente de la gravísima crisis económica de Venezuela, un país con una inflación sostenida del 130% y una caída del PIB de un 52% en el último lustro. Las exportaciones de petróleo, una de las grandes fuentes de riqueza del país, apenas llegan al 30% de las de 2013. La carestía de la vida ha provocado el éxodo de más de 6 millones de venezolanos a otros países.
Un ejercicio comparativo
Aceptemos, aún así, que gran parte de la alta abstención se ha dado como seguimiento del boicot de los sectores más rupturistas de la oposición. Pero si aceptamos eso, es conveniente hacer un pequeño ejercicio comparativo.
En las recientes elecciones norteamericanas participaron unos 158 millones de votantes, el 66,7% de los habitantes inscritos, una cifra récord tratándose de EEUU. ¿Qué hubiera pasado si Donald Trump, conociendo premonitoriamente su derrota, hubiera llamado al boicot a las presidenciales, y sus 74 millones de votantes (el 46,9%) al completo le hubieran hecho caso?.
Habrían votado sólo los partidarios de Biden (81,2 millones de estadounidenses) el -qué casualidad- 31% del censo.
Hagamos el mismo ejercicio de ficción para las últimas elecciones generales en España (66,23% de participación), e imaginémonos que tanto el PP, como Vox y Ciudadanos hubieran llamado al boicot contra el «régimen socialcomunista», quedándose en casa 10,3 millones de electores, el 43% de los votantes. El resultado en este universo paralelo hubiera sido unas elecciones ganadas por la izquierda… con un 37% de participación.
Una parte de la oposición, han buscado desde el primer momento desligitimar de antemano el resultado de las urnas y «sumar» su apoyo real al de una difusa abstención por otros motivos, que van desde el desencanto a la desesperanza. Los opositores más furibundos contra Maduro, y una gran parte de los medios de comunicación occidentales tratan de convencernos que un 80% de Venezuela -sumando la abstención y las otras candidaturas- ha votado en contra de Maduro. Promover la abstención en una postura igualmente legítima que pedir el voto o concurrir a los comicios. Pero esta torticera lectura no lo es.
Frente a estos sectores opositores, que buscan el «cuanto peor, mejor», instigados desde Washington y respaldados por la diplomacia europea, se han desmarcado figuras como las del expresidente español Jose Luis Rodríguez Zapatero, que lleva años tratando de mediar entre las partes. Zapatero ha pedido, desde Caracas, a la oposición venezolana que «reflexionen» sobre su rechazo a participar en las elecciones. Y ha pedido a la Unión Europea que que se «separe» de la política de la administración estadounidense de Donald Trump con Venezuela y le ha instado a que haga «una reflexión serena y sosegada» sobre el no reconocimiento a las elecciones legislativas del país.
Una década de intervención norteamericana
Venezuela es un país extremadamente polarizado, y los resultados de estas elecciones así lo reflejan. Pero ese enfrentamiento no ha caído del cielo. Es producto directo de la intervencion norteamericana durante más de una década.
Siguiendo su manual de intervención en otros países de América Latina, Washington y los sectores más vendepatrias de la oligarquía criolla han desplegado contra el país caribeño una auténtica «guerra económica», tratando de crear la máxima escasez, miseria y carestía de la población. Algo que ha sido reconocido hasta por el expresidente español Rodríguez Zapatero, que ha señalado muchas veces al bloqueo económico de EEUU como el culpable de la crisis migratoria venezolana.
Junto al sabotaje económico, las distintas administraciones norteamericanas -la de Bush, la de Obama y la de Trump- junto a la oligarquía venezolana y su monopolio mediático han promovido golpes de Estado «duros» y «blandos», han alentado los disturbios violentos (las «guarimbas») y el enfrentamiento sectario. Y han llegado a intentar, mediante la autoproclamación de Juan Guaidó como «presidente encargado» de Venezuela, un gobierno paralelo.
Esta, la intervención hegemonista, es la razón principal de la grave y explosiva situación -económica, política y social- que vive Venezuela.
Claro está que además de eso, también el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido errores, graves errores, en lo que se refiere al tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. Romper con el cerco imperialista pasa obligatoriamente por rectificar estos errores para conseguir ganarse a amplios sectores de la población, hoy desencantados con su gestión.