Un solo hecho concentra cuales son las nuevas condiciones políticas de esta legislatura que apenas comenzamos. Si Rajoy afirmó en su investidura que la reforma laboral era una de las «líneas rojas» que no se podían cuestionar, pocas semanas después el Congreso, con el único voto en contra del PP, ha aprobado una proposición que insta a su derogación.
Desde el gobierno y algunos grandes medios se resta importancia a esta decisión, afirmando que no tendrá consecuencias prácticas inmediatas, y que la reforma laboral seguirá en vigor.
Este clima de opinión, que nos dice que poco o nada ha cambiado con la continuidad del gobierno de Rajoy, es una mentira interesada.
En esta nueva legislatura el parlamento ya ha reclamado la retirada de la LOMCE, la ley Mordaza o la reforma laboral, vigas maestras de la política seguida en los últimos cuatro años. Y aprobado una moción para que las pensiones se equiparen a las subida del IPC -cifrada en un 1,2%-, frente al incremento máximo del 0,25% que pretende el gobierno.
Especialmente significativo es el rechazo del parlamento a la reforma laboral, el marco legal imprescindible para perpetuar la rebaja salarial, la precariedad o la pérdida de derechos laborales. Al que se sumó también, vía abstención, Ciudadanos.
Cada una de estas decisiones es una victoria de la mayoría social progresista, que genera mejores condiciones para la defensa de la educación pública, la recuperación de derechos y libertades cuestionados o la mejora de las condiciones de vida de trabajadores o pensionistas.
Y son expresión, en primer lugar, del avance de la mayoría social progresista enfrentada a las políticas ejecutadas por el gobierno de Rajoy.
Estas son una condiciones mucho mejores que en la anterior legislatura para hacer avanzar, desde la construcción de acuerdos amplios, las políticas que reclama la mayoría.
Es evidente que no va a ser un camino fácil. Hemos comprobado como los grandes centros de poder nacionales e internacionales han forzado, con maniobras descaradamente antidemocráticas, la formación de un nuevo gobierno de Rajoy, frente a una mayoría de votantes que lo rechazaron tanto el 20-D como el 26-J. Y ahora presionan para que “se mantengan las reformas que funcionan”… es decir para que se perpetúen los recortes ya ejecutados.
Pero la correlación de fuerzas política en España ya no es la misma. Rajoy no dispone de mayoría absoluta. Y para aprobar el techo de gasto se ha visto obligado a ofrecer una subida del salario mínimo del 8%, la mayor en los últimos treinta años, o una flexibilización de los objetivos de reducción del déficit para las autonomías.
Rajoy puede conseguir el apoyo de PSOE, Ciudadanos o PNV para aprobar el techo de gasto o los presupuestos, que cumplan con las exigencias de Bruselas o el FMI. Pero esos mismos partidos han votado en el parlamento para que se deroguen las leyes más emblemáticas de la anterior legislatura.
Por mucha presión que exista, que sin duda la hay, desde los grandes centros de poder internacionales y nacionales, el avance de la mayoría social progresista también ha situado sus “líneas rojas”, y su decisiva influencia se deja sentir cada día en las votaciones parlamentarias.
El gobierno de Rajoy afronta una situación de debilidad, obligado permanentemente a hacer concesiones para alcanza acuerdos.
Estas son buenas condiciones políticas, mucho mejores que en la anterior legislatura, que debemos aprovechar. La batalla no se ha cerrado con la formación del nuevo gobierno, todo lo contrario, justo empieza ahora y su desenlace está todavía por definir.
Dependerá, en primer lugar, de la línea que encabece y dirija a esta mayoría social progresista.
Es necesario trabajar por la unidad entre todos los sectores sociales, fuerzas políticas, sindicales, plataformas… enfrentadas a la continuidad de las políticas que hemos sufrido en los últimos cuatro años. En la calle, con las diferentes movilizaciones en defensa de salarios, pensiones, derechos y libertades… Pero también en el parlamento, donde ya se ha demostrado que es posible alcanzar acuerdos amplios si hay voluntad política.
Quien se presente como la única alternativa de izquierdas, equiparando a PSOE y Ciudadanos con en el PP en lugar de intentar llegar a acuerdos para cumplir lo que los votantes han reclamado, estará contribuyendo a consolidar a un gobierno de Rajoy en minoría.
Es posible acumular fuerzas en torno a una alternativa de redistribución de la riqueza, que revierta los recortes en salarios, pensiones, sanidad, educación, dependencia… Que, de una u otra manera, apoyan cada vez más fuerzas y sectores. Pero para ello es necesario poner en primer término la unidad que haga valer la fuerza conquistada por la mayoría social progresista.
La nueva legislatura acaba de empezar y nada está decidido. Nos brinda una nueva oportunidad, y esta vez no debemos desaprovecharla.