Se van a reactivar propuestas que aspiran a la derogación de algunas de las leyes más antipopulares impuestas por el gobierno de Rajoy aprovechando su mayoría absoluta en la pasada legislatura.
El gobierno del PP es minoría en la sociedad (solo obtuvo siete millones de votos, frente a los 14 de las fuerzas que presentaron con propuestas contra los recortes o por la regeneración democrática), pero utiliza el control sobre la Mesa del Parlamento para bloquear (en algunos casos durante casi un año) la tramitación de propuestas que se correspondan con lo que la mayoría social reclama.
El cambio de actitud de Ciudadanos, que ha anunciado que ya no secundará el bloqueo legislativo del PP, va a suponer un importante cambio que en realidad es una segunda oportunidad.
Sin contar con los votos de Ciudadanos, el PP se queda en minoría y ya no puede mantener paralizadas sine die las iniciativas parlamentarias que no le interesan.
Todos los analistas plantean que el cambio de posición de Ciudadanos debe leerse desde la disputa por el electorado con el PP tras el ascenso de la formación naranja a raíz de las pasadas elecciones catalanas.
Pero los hechos demuestran que entre Ciudadanos y el PP hay más diferencias que semejanzas. Rajoy se ha negado a hacer efectivas buena parte de las medidas pactadas con Ciudadanos a cambio del apoyo en la investidura o a los pasados presupuestos. No solo en cuanto a la lucha contra la corrupción, también en la ejecución de medidas sociales, a las que solo se ha destinado un tercio del presupuesto comprometido.
Está por ver hasta donde llegarán las fricciones entre el PP y Ciudadanos, y si afectará a la estabilidad de un gobierno de Rajoy que enfrenta cada vez más problemas.
Pero el fin del bloqueo legislativo del PP es una buena noticia. Va a permitir reactivar propuestas que aspiran a la derogación de algunas de las leyes más antipopulares impuestas por el gobierno de Rajoy aprovechando su mayoría absoluta en la pasada legislatura.
Ya se ha tramitado una iniciativa conjunta entre el PSOE y el PNV para derogar una parte importante de los artículos de la Ley Mordaza, que entró en vigor en mayo de 2016 y que apenas dos años después hemos comprobado sus efectos en la restricción de libertades y derechos.
Pero también permitiría dar luz verde a otras iniciativas, desde medidas contra la discriminación del colectivo LGTBI a la propuesta de acabar con la limitación de la Justicia Universal.
Que puede extenderse a medidas como la exigencia de revalorizar las pensiones de acuerdo al incremento del IPC.
Un nuevo tiempo se abre en el parlamento, más acorde con la realidad social del país, en la que el PP de Rajoy no tiene la hegemonía.
Esta es una segunda oportunidad. Es necesario unir fuerzas para derogar leyes impuestas aprovechando la mayoría absoluta lograda por el PP en 2011, y que tienen como objetivo blindar los recortes.