Es una victoria parcial -pero una victoria al fin y al cabo- para Sudáfrica y Palestina. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU ha ordenado a Israel «a evitar un genocidio en Gaza» y “adoptar medidas inmediatas y efectivas” para permitir el acceso de asistencia humanitaria» a la Franja. La sentencia no exige -tal y como pedía Sudáfrica- un alto el fuego inmediato en Gaza, pero supone un mazazo político para un Israel -que pedía cerrar el caso- cada vez más aislado internacionalmente, y que está perdiendo estrepitosamente la «batalla del relato» ante la avalancha de evidencias de crímenes de guerra en su brutal ofensiva sobre la Franja.
El júbilo estallaba en tres sitios muy distantes entre sí al escucharse la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia. La sentencia hacía lanzar gritos de alegría entre los miles de manifestantes en La Haya, concentrados frente al Palacio de Justicia. El fallo se celebraba en Sudáfrica, cuyo gobierno ha llevado al Estado de Israel ante el Alto Tribunal de la ONU, acusándolo de genocidio por las mismas leyes que se aprobaron tras la II Guerra Mundial para prevenir un nuevo holocausto. Pero sobre todo la emoción se desbordaba en las calles de Ramallah, la capital de Cisjordania, donde los palestinos, con lágrimas incontenidas, gritaban ¡Shukran Sudáfrica! (¡Gracias Sudáfica!).
Ninguna sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la ONU tiene la capacidad efectiva de obligar a Israel a detener el atroz genocidio y la flagrante limpieza étnica que está perpetrando en Gaza, pero en términos políticos el fallo de la CIJ es un duro golpe para un gobierno Netanyahu cada vez más aislado internacionalmente.
Por 16 votos a favor de Sudáfrica frente a sólo uno en contra, el dictamen reconoce implícitamente que Israel «podría» estar cometiendo un delito de genocidio contra la población palestina en Gaza, desarbolando toda la estrategia del equipo de abogados británicos contratados por Tel Aviv, que pedían dar carpetazo al proceso. El Alto Tribunal de La Haya ha confirmado que tiene jurisprudencia para investigar al Estado de Israel y ha reconocido que algunas de las acusaciones sudafricanas sobre la violación de la Convención de Genocidio son «plausibles», y por tanto permite que el caso se siga investigando en la CIJ.
Sobre todo la emoción se desbordaba en las calles de Ramallah, la capital de Cisjordania, donde los palestinos, con lágrimas incontenidas, gritaban ¡Shukran Sudáfrica! (¡Gracias Sudáfica!)
Los sudafricanos querían que la CIJ ordenase de forma explícita el alto al fuego. En su lugar, ha exigido a Israel que alivie la situación humanitaria en Gaza, que utilice todos los medios en su poder para evitar un genocidio y que no destruya pruebas. Asimismo, le ha instado a remitir un informe completo con las medidas que está tomando a en el plazo de un mes. Amnistía Internacional ha calificado la sentencia de La Haya como «extremadamente importante».
Israel, cada vez más arrinconado.
Netanyahu ha asegurado que «nadie, ni La Haya, ni el eje del mal» frenaría sus planes. Pero está cada vez más aislado. La UE, que viene reconociendo el trabajo y la importancia de la CJI y al Tribunal Penal Internacional (TPI), ha recordado a Israel que sus órdenes son «vinculantes». «La Unión Europea espera su aplicación plena, inmediata y efectiva», han señalado la Comisión Europea y Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la UE.
Este dictamen -y aún más una posible sentencia final que condenara a Israel formalmente por genocidio- da pie a nuevas ofensivas jurídicas y políticas contra Tel Aviv en los foros internacionales. A pesar de que Israel cuenta con la protección de EEUU en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General de la ONU -donde la simpatía por Palestina es abrumadoramente mayoritaria- podría suspender a Israel, como lo hizo con la Sudáfrica del apartheid o con la Yugoslavia de Milosevic. También establecer la creación de un tribunal específico para Israel, recomendar sanciones o admitir a Palestina como miembro de pleno derecho.