Salvo sorpresas, hoy viernes 29 de septiembre tendrá lugar en el Congreso de los diputados la constatación de un fracaso largamente anunciado. Con 172 síes frente a 178 noes, Alberto Núñez Feijóo se estrellará en su intento de ser investido presidente, no logrando en cuatro semanas moverse ni un milímetro de sus apoyos iniciales -PP, Vox, UPN y Coalición Canaria).
Ahora pasará a correr el cronómetro -un plazo improrrogable de dos meses- para la investidura de Pedro Sánchez, pero el candidato socialista y el actual presidente en funciones no lo tendrá nada fácil. Los partidos independentistas catalanes -ERC y Junts- han pactado por escrito y hecho público el precio de dar el necesario sí a una reedición del gobierno de coalición PSOE-Sumar, un peaje que va más allá de la amnistía: «no investir a Sánchez si no trabaja para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum”.
Puede que sea un farol, una posición maximalista para aparentar fuerza en unas negociaciones que serán complicadas, pero este anuncio -evidentemente inasumible para el PSOE, al no caber en la Constitución- ha enfadado a los de Ferraz y genera un aún más incierto panorama, haciendo más probable el escenario de una eventual repetición electoral en enero. Líderes socialistas como el del PSC, Salvador Illa, ha hecho declaraciones acerca de la posibilidad de nuevos comicios: “Si hay que ir a elecciones, iremos y que la ciudadanía elija”.
¿Van en serio o es un farol?
Este órdago del procesismo tiene sin embargo bases bastante endebles. Hace mucho que el procés es un cadáver exánime, y que tanto ERC como Junts han perdido la mayoría de su base social y de votantes.
Los resultados del 23J muestran con contundencia meridiana cómo menos de seis años después del 1-O y la DUI, las fuerzas de la fragmentación están en mínimos históricos. En las últimas elecciones generales la suma de todos los partidos independentistas en Cataluña (ERC, Junts y CUP) no llegó a los 955.000 votos, perdiendo más de 697.000 votos respecto a las generales de 2019 (una sangría del 57,8%).
En el 23J, en Cataluña el partido más votado -con mucha diferencia- fue el PSC con 1,2 millones de votos, casi superando en casi 260.000 votos la suma de todos los procesistas. El segundo en el ránking fue Sumar/EnComúPodem (493.548), el tercero -de manera sorprendente- fue el PP catalán (469.117)… y hay que irse al cuarto y quinto puesto para encontrar a ERC (462.883 votos, perdiendo casi el 50% de sus votos respecto a 2019) y a Junts (392.634 votos, dejándose casi un 25%de los sufragios). Mucho peor le fue a la CUP (98.794), séptima detrás de Vox (273.023), que perdía el 60% de sus apoyos. Estas son sus verdaderas y pírricas cartas en la negociación. Y por eso no es de extrañar que traten de empezar fuerte la puja, aparentando una fuerza que ni los votos ni la sociedad catalana les dan ya.
Y además, en una negociación para la investidura cuyo eventual precio sea algún tipo de amnistía que les haga eludir consecuencias penales, todo son ventajas para unas élites procesistas -especialmente a Puigdemont y su caverna de Waterloo- que meses atrás se pudrían en la irrelevancia, con un horizonte penal bastante oscuro. Mientras que en una eventual repetición electoral tendrían mucho -o todo, si ganara la derecha- que perder.