Como estaba anunciado, la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha excluido a Baltasar Garzón de la terna de candidatos para presidir la Audiencia Nacional. La presencia de Garzón, excesivamente independiente, demasiado proclive a iniciativas autónomas, incomodaba a poderosos sectores -y no sólo a los conservadores- en la presidencia de un tribunal tan sensible como la Audiencia Nacional.
La Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha arobado hoy la terna de candidatos que forman el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Juanes, el actual presidente en funciones de la Audiencia Nacional, Carlos Lesmes, y la magistrada de lo Contencioso de este órgano Elisa Veiga. Tres magistrados bien situados, pero que tienen en común la previsibilidad, jamás se salen del guión establecido. Algo que no puede decirse de Garzón. A pesar de sus sonoros patinazos políticos, de los que luego suele arrepentirse (aceptando acompañar a Felipe González como cartel electoral, o más recientemente participando en la famosa cacería con Bermejo en plena investigación sobre la corrupción en el PP), nadie puede negarle su independencia, una cualidad “peligrosa” cuando se ocupan altos cargos de la judicatura. Garzón ha incomodado a muchos, y muy poderosos, con la investigación sobre los GAL, con la extradición de Pinochet, con la implacable persecución del entorno de ETA, o con un juicio al franquismo que el propio Zapatero tuvo que parar a través de la fiscalía. Un juez así “no debía” haber llegado tan arriba. Y menos presidir un tribunal como la Audiencia Nacional, con jurisdicción para los delitos de terrorismo, los casos relativos a la justicia universal, o los episodios de corrupción de alcance nacional. Y por ello, capaz de incidir sensiblemente con sus actuaciones en la realidad política. Inmediatamente después de que Garzón anunciara su candidatura a presidir la Audiencia Nacional, comenzaron a aparecer denuncias contra él, estratégicamente planteadas para que coincidieran con el examen de su candidatura. Es lógico que el PP intente recursarlo en la investigación de la Operación Gürtell. No lo es tanto que aparezca una extraña denuncia sobre supuestos cobros irregulares del juez durante su estancia en Nueva York, varios años después de sucedidos los hechos, y cuando éstas ya han prescrito. Hay quien piensa que los ataques a Garzón proceden del espectro conservador, molestos con la operación contra la corrupción del PP lanzada por el juez. Pero quien ha rechazado su candidatura ha sido el Consejo General del Poder Judicial, presidido por un Carlos Dívar colocado en el puesto por Zapatero. Y es que tanto a la derecha como a la izquierda oficial, parece que la autonomía les incomoda.