Estos primeros meses de paulatina salida del túnel del Covid y de recuperación económica está coincidiendo con un notable auge de luchas populares: obreros, agricultores, ganaderos y trabajadores del campo, transportistas, estudiantes, trabajadores de la sanidad pública, protestas contra la subida de la luz o de pensionistas…
Muy variados sectores populares están saliendo a la calle a protestar, a exigir que la recuperación económica se haga de forma justa, atendiendo a sus intereses y demandas, y no a costa de recortes, rebajas salariales, amenazas sobre el sistema público de pensiones, atracos a los consumidores o draconianas imposiciones monopolistas.
Y tienen razón.
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Acuerdo y fin de la huelga del metal de Cádiz
Tras nueve días de huelga indefinida, manifestaciones y barricadas el acuerdo entre la patronal y los sindicatos CCOO y UGT ha puesto fin a la huelga. El acuerdo asume “el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios” y la creación de “una comisión de seguimiento” para revisar el cumplimiento del convenio. Según estas dos centrales, el acuerdo ha sido ratificado mayoritariamente por las asambleas de delegados sindicales y los trabajadores.
No lo ven así CGT y la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), que critican el acuerdo y que no se hayan levantado actas de las asambleas.
El nuevo convenio tendrá una duración de tres años, hasta finales de 2023, con una subida fija del 2% anual, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2021. Y un incremento del 80% de lo que supere el IPC real el 2% acordado, cuando se conozcan los datos definitivos en enero. En octubre el IPC real fue del 5,4%.
En este punto el acuerdo deja fuera a los trabajadores eventuales, para ellos el convenio solo recoge la subida del 2% sin mecanismo de compensación. En un sector con una temporalidad muy alta, sobre todo en las industrias auxiliares con 25.000 empleados, supone dejar fuera a miles de trabajadores.
Además de la comisión de seguimiento para revisar el cumplimiento del acuerdo cada tres meses, el nuevo convenio tendrá una ultraactividad reforzada de dos años desde su vencimiento.
Mientras, tanto la CGT como la CTM han emitido un duro comunicado en el que hablan de “migajas” y critican que el acuerdo salarial supondrá una pérdida de poder adquisitivo al renunciar al 20% de la diferencia con respecto a la inflación real. Así como el que se haya desconvocado la huelga sin haber levantado actas de las asambleas y se desconozca cuántos trabajadores han apoyado volver al trabajo o continuar la huelga.
Independientemente de estas diferencias, el nuevo convenio recoge mejoras que son una conquista de la lucha de los trabajadores, la firmeza con la que han mantenido la huelga indefinida y del apoyo y solidaridad de los gaditanos y de otras partes de Andalucía y del resto de comunidades. La patronal ha tenido que renunciar a imponer el 0,5% en los salarios y otros recortes económicos.
El acuerdo supone avances para los trabajadores, pero el fin de la huelga no cierra los problemas de fondo en la Bahía
Pero el fin de la huelga por el convenio no cierra los problemas de fondo. La Bahía de Cádiz concentra el mayor núcleo industrial de Andalucía y al mismo tiempo es la provincia con el índice de paro, 23%, más alto junto con Huelva, de gran precariedad, dependencia del turismo y avance de la desindustrialización en la última década, con el cierre de empresas como Delphi, que supuso la destrucción de casi 3.000 puestos de trabajo, y Airbus, la más reciente.
Estas son las bases de la explosión obrera y popular en Cádiz. La lucha tiene todavía un largo camino por recorrer.
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Los camioneros se desmarcan de las patronales
La anunciada huelga del transporte
El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que agrupa a las organizaciones empresariales, mantiene el cierre patronal del transporte previsto para los días 20, 21 y 22 de diciembre, en plenas fechas navideñas, si las reuniones con el ministerio de Transporte no lo evitan.
Por otra parte, los sindicatos de trabajadores transportista, como CCOO, se desmarcan de las empresas y anuncian sus propias movilizaciones aún por establecer.
Las demandas de la CNTC giran sobre todo en torno a la subida de los costes del combustible, el diésel alcanza el precio máximo de la década. Y a la intención del gobierno de establecer a partir de 2024 un peaje por el uso de las autovías.
CCOO anuncia que los camioneros no se sumarán a la convocatoria del 20 al 22 por considerar que tienen sus propias reivindicaciones, y que las patronales de CNTC “son en realidad responsables de la situación que vive el sector”.
Reclaman al gobierno la formación de una “mesa del transporte por carretera” para abordar las condiciones laborales de los camioneros en cuatro puntos:
- La devaluación salarial de las últimas décadas.
- La sobrecarga de trabajo, conductores obligados a la carga y descarga, que no se paga.
- El incumplimiento de los convenios del sector.
- La seguridad en las áreas de descanso.
- El relevo generacional. Los jóvenes no quieren entrar en el sector por las condiciones de trabajo.
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Los tractores vuelven a las carreteras
Convocados por las organizaciones agrarias, Asaja, Coag, UPA y otras organizaciones agrarias y ganaderas de diferentes comunidades autónomas, se anuncia un gran proceso de movilizaciones durante el mes de diciembre que podría culminar con una gran manifestación en Madrid aún sin fecha.
Tras el parón por la pandemia, el campo vuelve a movilizarse por los mismos problemas de fondo que le llevaron a salir a las calles y carreteras en 2020, ahora mucho más agravados.
Por el incremento generalizado de los costes de producción, que durante año y medio de Covid han subido de media más de un 30% (electricidad, gasoil, abonos, agua, semillas, plásticos…).
Por los bajos precios que siguen imponiendo las grandes empresas de la distribución y las industrias, como la de la leche, controladas por monopolios extranjeros.
Entre sus objetivos de movilización piden que el ministerio de Agricultura se reúna con los agricultores y ganaderos para que se comprometa a estudiar medidas para que “se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, que dice que ninguno de los eslabones puede cobrar por debajo de lo que cuesta producir”.