La corrupción parece haber colmado el vaso de indignación contra las SGAE. Incluso la mayoría de los autores asociados reclaman una refundación que democratice la institución. ¿Pero son las SGAE, con su inisericorde recaudación de los derechos de autor, el principal obstáculo para el libre acceso a la cultura? ¿O se está utilizando como un chivo expiatorio que camufla a los auténticos culpables?
Unas SGAE de los autores La sosecha de la corrupción salpicaba de lleno a la entidad: cuatro directivos -entre ellos al presidente de su consejo directivo, Eduardo Teddy Bautista, a punto de ser reelegido en el cargo- fueron detenidos por una trama que supuestamente desviaba fondos de la entidad a empresas privadas. Otras cinco personas fueron detenidas en la operación. El juez Ruz les imputa los delitos de apropiación indebida, estafa y administración desleal por el fraude, cometidos de forma continuada entre los años 2003 y 2007 e investigados por la Fiscalía Anticorrupción.Los otros dos directivos de la SGAE detenidos son su director general, Enrique Loras, que es también consejero de la SDAE, y el director económico y financiero, Ricardo Azcoaga. Pero el principal implicado en la supuesta trama de corrupción es José Luis Rodríguez Neri, exconsejero de la entidad y actual director general de la SDAE (Sociedad Digital de Autores y Editores, controlada al 100% por la SGAE y creada en el año 2000 para proteger los derechos de autor en Internet y otros desarrollos relacionados con las nuevas tecnologías). Junto a él fueron detenidos su mujer, su cuñada y directivos y trabajadores de una empresa llamada Microgénesis. Es, precisamente, a través de esta sociedad desde la que se cometían los presuntos delitos.Microgénesis era una de las principales contratistas de la SDAE. Se trata de una sociedad anónima dedicada a realizar labores de consultoría sobre aplicaciones informáticas y a suministrar programas.El papel de Teddy Bautista parece, en principio, secundario, según los investigadores. Pero Rodríguez Neri, según la denuncia de Anticorrupción, era una persona de la máxima confianza del presidente del consejo directivo de la SGAE, por quien fue designado para dirigir su filial digital. Fuentes de la investigación aseguran que, dado el control que Teddy Bautista ejerce sobre la sociedad, es muy difícil que no conociera o tolerara las actividades del principal imputado y la trama societaria que creó con el resto de implicados. ¿Quien pone las puertas al monte? Para la industria cultural (multinacionales discográficas, “majors” cinematográficas, grandes editoriales, grupos monopolistas de medios) el problema es muy simple: los bienes culturales (canciones, CDs musicales, películas, DVDs, libros) son mercancías que tienen un coste, tienen un precio (que fijan ellos) y sólo quien pague ese precio tiene derecho a disfrutarlas: en definitiva, son igual que un coche o unos tomates. Que los precios que fijan sean exorbitantes (a fin de engordar sus beneficios y su cuenta de resultados) es algo que, para ellos, está fuera del debate. Lo principal es que se respete el derecho de propiedad y se persiga, se multe y se encarcele si hace falta a “los piratas”.Los 20 euros que vale por lo general un CD musical, un DVD o un libro recién salido al mercado constituyen un verdadero robo, que multiplica por diez o más su verdadero coste efectivo de producción, con el único fin de engordar las arcas de la industria (mucho más que la del creador, que recibe una parte normalmente insignificante) y construye una muralla inaccesible para la inmensa mayoría de los jóvenes, hijos de familias mileuristas. Con precios más accesibles –aseguran– la llamada “piratería” sería mucho menor, prácticamente testimonial.Amén de que, recuerdan, no toda “descarga” por internet es ni mucho menos ilegal o pirata, al contrario. Y de que ya se paga, con la compra de un ordenador o de un reproductor de DVD, con el ADSL o con los CDs, un canon –el famoso “canon digital”– que va a sufragar a los supuestamente ultrajados “derechos de autor”.Por algo las discográficas insisten en cobrar un 10% también de los conciertos… porque no les pertenece, es un “contrato” solo entre el artista y la gente que paga por verle.Expliquemoslo: Las “Major” los grandes estudios norteamericanos tienen para los “países colonizados” la misma política. La producción se compra por lotes de peliculas, Para comprar un exitazo, el exhibidor viene obligado a comprar entre 13 y 26 films de los llamados de “serie B”. La finalidad es clara: dar salida económica a muchas películas de segunda fila al mismo tiempo que colonizan los gustos de los espectadores y ahogan la producción nacional al ocupar las salas de proyección.Pero negocio más grande aún, es el negocio de las series de TV. Las Majors estaban acostumbradas a vender en lotes, series y películas de las productoras americanas a las TV nacionales. Hasta ahora, las televisiones compraban a precio de oro “estrenas” de películas y series que exhibían y reciclaban… y volvían a exprimir. El ciudadano tenía que esperar a que las emitieran en algún canal de la cadena en cuestión y tragarse toda la publicidad. Esta es la base del concepto multicanal de TDT. ¿Cómo se dice “ley sinde” en inglés? La famosa Ley Sinde era, en realidad, made in USA. Los misteriosos cambios de opinión que pudimos observar los que, aquellos días de diciembre y enero, tuvimos la oportunidad de reunirnos con diversas fuerzas políticas para explicar nuestra actitud coinciden perfectamente con las presiones ejercidas por la embajada norteamericana, con las fechas de los distintos documentos filtrados, a cada cual más vergonzoso. Es momento de plantearse la responsabilidad de los intermediarios de la industria norteamericana en España, de esos que han estado encargando y dirigiendo informes en los que se calumniaba la imagen de España, haciéndola parecer “el paraíso de las descargas” cuando, en realidad, lo que descarga un español no difiere de lo que descarga un inglés, un francés o un norteamericano. Mentiras destinadas a forzar una acción que les permitiese obtener una legislación más acorde con sus intereses, que les permitiese seguir exprimiendo un mercado inexistente, que murió cuando la red sustituyó al plástico.El lunes por la noche, en un restaurante de Madrid, un alto ejecutivo de La Coalición de Creadores -un lobby contra la piratería que agrupa, entre otros, a la SGAE y las discográficas- presumía de haber metido "un gol al Gobierno": colar en anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible una enmienda que permitirá cerrar páginas web que supuestamente violen la propiedad intelectual sin necesidad de ese engorroso trámite llamado juicio.