Le ha costado seis meses de hacer complicados equilibrios parlamentarios, y tiene enfrente a un amplio movimiento popular cada vez más opuesto y movilizado, pero el ultraderechista Javier Milei y sus aliados macristas han logrado que el Senado apruebe por la mínima -un empate de 36 a 36 que hubo de desempatar la vicepresidenta a favor del Gobierno- la llamada Ley de Bases.

Una norma que -aunque recorta las pretensiones iniciales de Milei, aún más draconianas- otorga poderes extraordinarios al ejecutivo para aprobar sin trámite parlamentario todo tipo de ataques contra las condiciones de vida del pueblo, para desmantelar todas las estructuras sociales del maltrecho «Estado del Bienestar» argentino, y entregar a precio de saldo las riquezas del país a los inversores extranjeros.

A la ira de las calles -con gritos de «la patria no se vende»- le contestaba la euforia de los mercados, sobre todo de Wall Street, los máximos beneficiaros de la política antipopular y ultra entreguista de Javier Milei.

En una jornada maratoniana, con fuertes protestas en el exterior que fueron duramente reprimidas por una policía que realizó decenas de detenciones arbitrarias, y con la actuación estelar de la vicepresidenta de Milei, la ultra Victoria Villarruel, que desempató, el gobierno argentino logró la aprobación de la norma que le permitirá desplegar su agenda neoliberal, represiva y privatizadora.

La minoría legislativa del partido de Milei, La Libertad Avanza—38 diputados oficialistas de un total de 257 y 7 senadores de 72— le forzó a recortar la ley para que pudiera ser aceptada por parte de la oposición y por los barones territoriales. Pero conserva su núcleo y naturaleza. ¿Cuáles son sus implicaciones?

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Superpoderes a Milei

El ultraderechista quería el doble de tiempo y para el triple de materias, pero aún así es pavoroso. La Ley de Bases declara una «emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética» por un año. Durante ese periodo especial, Milei tendrá facultades legislativas en esas áreas clave, es decir, podrá reformar o aprobar leyes sin pasar por el Congreso.

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Vender Argentina -por piezas- al capital extranjero

Milei quería privatizar hasta 41 empresas estatales, algunas tan emblemáticas y estratégicas como Aerolíneas Argentinas, la Radio y Televisión Pública y Correos, pero el Senado ha restringido la privatización a ocho importantes empresas públicas, que serán entregadas a la oligarquía argentina y sobre todo al capital extranjero.

Para este último Milei ha incluido en su Ley de Bases un traje a medida. Se trata del controvertido Régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI), una normativa digna de las mejores repúblicas bananeras. Garantiza beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años para los proyectos de inversión extranjeros superiores a los 200 millones de dólares en sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria y tecnología.

Esta ley, que ofrece sumisamente las riquezas de Argentina a las oligarquías financieras de las grandes potencias, ofrece además un blindaje legal ante los cambios de gobierno futuros: las multinacionales podrán demandar los cambios legislativos desfavorables ante los tribunales internacionales.

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El controvertido Régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI) es digno de las mejores repúblicas bananeras.

Desmantelar (selectivamente) los organismos públicos

Milei hace gala de querer «desmantelar» el Estado, y la narrativa occidental repite esta falacia. El gobierno ultra usa firmemente el Estado para hiperbeneficiar a las clases dominantes, y sus aparatos fundamentales y represivos -la policía, el ejército, los tribunales- no sólo no están siendo desmantelados, sino reforzados para lanzarlos contra el movimiento de protesta.

Pero todo lo demás -sanidad, educación y ciencia, sistemas de protección social, cultura- va a ser desmantelado o brutalmente mutilado por los recortes y ajustes de la Ley de Bases. El Ejecutivo podrá cerrar todos los organismos públicos a excepción de una veintena, que solo podrán ser reestructurados.
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Una Reforma Laboral digna del Siglo XIX

De nuevo, la reforma laboral que Milei tenía en mente era aún más sociopática, pero la que contiene la Ley de Bases hace retroceder los derechos de los trabajadores muchas décadas atrás.

La nueva norma permite a las empresas duplicar el periodo de prueba de los contratos temporales, y permite tener hasta cinco personas contratadas como colaboradores autónomos, es decir, sin relación de dependencia. Y elimina las sanciones para los empresarios que tengan trabajadores que no den de alta a sus empleados en la seguridad social. Si quieren los regularizan -habrá incentivos- pero si no quieren no. Viva la libertad, carajo.

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Aproveche la oportunidad: Amnistía fiscal

El gobierno Milei ofrece una amnistía a los evasores fiscales para que blanqueen sus capitales sin pagar multa alguna, siempre y cuando… no vuelvan a llevarse el dinero del país hasta el 1 de enero de 2026.

Más allá de la catadura moral de la medida, las facilidades previstas para acogerse a la amnistía han encendido las alarmas de los expertos en lavado de dinero por considerar que es permeable al ingreso de capitales ilícitos en un país con fronteras porosas y con ciudades golpeadas por la narcoviolencia.

Además, las grandes fortunas de Argentina verán reducido gracias a Milei el Impuesto de bienes personales (al patrimonio), al mismo tiempo que restaurará el impuesto de la renta para unos 800.000 trabajadores con salarios medios.

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