Por vez primera, y fruto de la exigencia de la mayoría social progresista ante el insoportable aumento del precio de la vivienda en las grandes ciudades, el gobierno PSOE-UP ha aprobado una Ley de Vivienda a nivel nacional, que pretende regular los alquileres para limitar y reducir su precio. Con medidas como limitar los aberrantes precios impuestos por los «grandes tenedores» de pisos en alquiler -principalmente bancos y grandes fondos buitre norteamericanos- y ayudas a los jóvenes.
De entrada, las medidas que se anuncian son positivas, pero ¿bastan por sí solas para embridar un desbocado atraco, en el plano de la vivienda, contra el 90%?
El anuncio de la presentación de una Ley de Vivienda, que pretende intervenir sobre unos precios escandalosamente disparados, ha generado ya reacciones muy diferentes.
Los “sindicatos de inquilinos”, organizaciones de lucha que se han desarrollado frente al alza desorbitada de los alquilares, valoran los aspectos positivos de la ley pero la consideran absolutamente insuficiente.
Mientras que la gran patronal y el PP arremeten furibundamente contra el intento de poner límites a los precios, calificándolo de “atentado a la propiedad privada”, o afirmando que es propio de “comunistas que intervienen un día sí y otro también los mercados”.
Situemos los pies en el suelo. ¿Qué efectos tiene el precio de la vivienda en nuestras vidas?
Todos los estudios afirman que si se dedica más del 30% del salario a pagar el alquiler ésta es una situación insostenible. Pues bien, en España la media nacional está en el 41%. Y en Barcelona, Guipuzkoa y Madrid el esfuerzo medio para poder alquilar un piso supera el 50%. Para los jóvenes es simplemente una quimera alquilar un piso en solitario: deberían dedicar de media el 91,6% de su sueldo.
No es que se deba detener el alza de unos alquileres en permanente subida. Es que es imprescindible reducirlos, especialmente en las grandes ciudades, y de forma urgente en Madrid y Barcelona.
Quienes no partan de la brutalidad de estos números nos están proponiendo un debate-trampa. Con un objetivo: ocultar que el precio de la vivienda nos empobrece y es un atraco a nuestros bolsillos.
Quienes, como Pablo Casado, afirman que “cualquiera que tenga una nómina puede acceder al alquiler”, no es que mientan, es que desprecian a las víctimas de este atraco y están descaradamente de parte de los atracadores, de bancos y fondos buitre norteamericanos.
No es que se deba detener el alza de unos alquileres en permanente subida. Es que es imprescindible reducirlos, especialmente en las grandes ciudades, y de forma urgente en Madrid y Barcelona.
¿Qué propone la Ley de Vivienda anunciada por el gobierno?
- Obligar a los “grandes tenedores” a reducir los alquileres en aquellas zonas calificadas como “tensionadas”, donde el precio se haya disparado. Los “grandes tenedores” son “personas jurídicas” -empresas o fondos de inversión- y no particulares, y deben tener en propiedad más de 10 inmuebles.
- Se impone que de las nuevas viviendas construidas un 30% se reserve a vivienda protegida -a un precio menor-, y el 50% de éstas deberá destinarse a alquiler social.
- Se propone un bono de 250 euros para facilitar el acceso a vivienda en alquiler a jóvenes de edades entre 18 y 25 años, cuyos ingresos anuales estén por debajo de los 24.000 euros -un salario de menos de 1.700 euros-.
- Se penaliza las “viviendas vacías” -que se mantienen paradas para generar escasez y que suban los precios- con un incremento del 150% del IBI.
- Para los particulares propietarios de pisos en alquiler se impone la congelación del precio en las zonas tensionadas, y se les ofrecen bonificaciones fiscales si voluntariamente lo rebajan.
¿Qué aspectos positivos tienen estas propuestas?
Por primera vez, y fruto de una presión social cada vez mayor, se aprueba una Ley de Vivienda a nivel nacional, que pretende regular los alquileres para limitar y reducir su precio. Plantea medidas para limitar los disparatados alquileres impuestos por los “grandes tenedores” -principalmente bancos y fondos de inversión-. Anuncia ayudas para los jóvenes, facilitando que puedan acceder a una vivienda. Y fija objetivos para aumentar un parque de viviendas protegidas a precios más reducidos.
¿Cuáles son sus principales insuficiencias?
La primera si se va a aplicar o no. La ejecución de estas medidas se delega en las comunidades autónomas. Y muchas de ellas, las gobernadas por el PP, ya han anunciado que no cumplirán la ley.
La segunda que, en el mejor de los casos, no empezaría a aplicarse hasta dentro de tres años. La ley ofrece un “periodo de cadencia” de 18 meses, al que deberá añadirse su tramitación parlamentaria, que puede prolongarse otros 12 meses.
La tercera, que muchas de sus propuestas no tienen “carácter normativo” -es decir no son de obligatorio cumplimiento-, y ofrece numerosas “vías de escape” que grandes fondos pueden utilizar para escapar al cumplimiento de la ley.
La cuarta, que no se plantea un objetivo claro de reducción de los alquileres, ni un plazo en que debe ser efectivo. Puede quedar en una “declaración de intenciones” positiva pero poco efectiva. Y no se plantea un incremento sustancioso del parque de vivienda pública en alquiler.
Ha llegado el momento de acabar con este atraco. Apoyamos la dirección de las medidas que contempla la nueva Ley de Vivienda, frente a los ataques que esta recibiendo. Pero son insuficientes. Necesitamos mucho más, y no podemos esperar.
Responsables y exigencias
El precio del alquiler se ha disparado en España un 41% en los últimos cinco años. No es “culpa del mercado”. Sus responsables tienen nombre y apellidos.
Alguien tan poco sospechoso de izquierdismo como Elena Costas, profesora de Economía en Esade, afirma que “tras la crisis de 2008, se concentró mucho la oferta de alquiler en grandes empresas inmobiliarias y esto se juntó con un menor crédito para comprar casas. Teníamos una oferta mucho más monopolizada en pocas manos y un aumento de la demanda de alquiler de gente que ya no podía comprar”.
¿Quién está monopolizando el mercado del alquiler en España?
El primer propietario de viviendas en alquiler en España es el fondo norteamericano Blackstone, que también controla el tercer gran “casero” español. En el ránking de los principales caseros españoles encontramos también a grandes bancos norteamericanos como Goldman Sachs, y a otros megafondos estadounidenses como Cerberus.
A ellos se unen grandes nombres de la oligarquía, como el Banco de Santander, que tiene una alianza como Blackstone.
En España el mercado inmobiliario ha sido históricamente uno de los principales negocios de la oligarquía y el capital extranjero. Antes del crack de 2008, se impuso un hipertrofiado boom inmobiliario, con superganancias basadas en que el precio de la vivienda se duplicó sin que hubiera aumentado su coste de producción. Grandes bancos y constructoras españolas, con dinero prestado por bancos extranjeros, se dedicaron a explotar a conciencia este atraco inmobiliario.
Tras el crack de 2008, y especialmente a partir de 2015, el atraco inmobiliario no despareció, pero cambio de forma. Trasladándose al mercado del alquiler. Al mismo tiempo que grandes fondos extranjeros acaparaban viviendas, el precio del alquiler se disparaba.
Esto no tiene nada que ver con “el mercado”. Han subido artificialmente los precios, traficando con un bien de primera necesidad, como es la vivienda. Es hora de detenerlo, y son urgentes medidas drásticas.
- Limitación por ley del precio de los alquileres, hasta situarlo por debajo del 30% del salario medio.
- Un parque público de alquileres sociales con las viviendas de la banca rescatada y en manos de la Sareb.
- Recuperación de las viviendas entregadas a precio de saldo a los “fondos buitre” extranjeros. Y una legislación que garantice la gestión de la vivienda pública, prohibiendo su privatización.
- Paralización de los desahucios, imponiendo a los bancos una moratoria (en el principal y los intereses) en el pago de las hipotecas de la vivienda familiar.
Durante décadas, los gobiernos han intervenido para “atentar contra la propiedad privada”… del 90% de la población. Imponiendo unos precios de la vivienda disparados que son un atraco a nuestros salarios. Y se ha garantizado desde el Estado la protección del “derecho a atracar a la población” de grandes bancos, constructoras y capital extranjero”.
Ha llegado el momento de acabar con este atraco. Apoyamos la dirección de las medidas que contempla la nueva Ley de Vivienda, frente a los ataques que esta recibiendo. Pero son insuficientes. Necesitamos mucho más, y no podemos esperar.