*Nuria Suárez es portavoz de la Coordinadora Estatal de Recortes Cero
El pasado 1 de julio, una noticia nos heló la sangre: en Barcelona, dos hermanas de 54 y 64 años se suicidaban horas antes de ser desahuciadas. Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESCA, declaraba que: “No es la primera vez, hablamos de situaciones frecuentes, de suicidio tras suicidio, es un indicador claro de que existe un problema con la vivienda…”
Este problema se expresa también en movimientos de lucha. Las plataformas contra los desahucios, y también las manifestaciones contra el turismo masivo y sus consecuencias en Canarias, Andalucía, Catalunya, Baleares… tienen lemas diversos pero una preocupación común por el encarecimiento del precio de la vivienda.
La vivienda ha irrumpido por primera vez en el CIS como el segundo problema que más preocupa a los españoles, por encima del paro o de cualquier otro problema económico. Un 83% de españoles lo considera como el principal factor de desigualdad. El precio de la vivienda se ha convertido en la principal razón del empobrecimiento de la población urbana. A la subida de los intereses de las hipotecas se une el disparatado precio de los alquileres. La fecha de renovación del contrato de alquiler es como una espada de Damocles para los inquilinos.
Dar una alternativa a la vivienda es el problema más urgente al que tienen que dar la cara en primer lugar el gobierno y también el conjunto de administraciones. Es grave y estructural y se debe dar una respuesta también estructural. No basta con algunas modificaciones legislativas como limitar durante un período la subida del alquiler u otras iniciativas que sólo palían el problema temporal y parcialmente.
Y la alternativa consiste en construir un gran parque público de viviendas, formando una empresa estatal con este objetivo. Sin aumentar el parque público de viviendas para bajar y regular el precio no se va a resolver el problema. El 30% del total de casas en alquiler de Países Bajos son públicas, en Austria lo son un 24%, en Dinamarca un 21%… ¡en España un 2,5%!
Esta solución que proponemos Recortes Cero no sólo es factible sino que es muy rentable en tres aspectos. Para ayudar a las familias trabajadoras y en especial a la juventud, que en estos momentos tiene cercenada su posibilidad de independizarse. Construir vivienda crearía empleo productivo y de calidad. Y en tercer lugar, porque esas viviendas puestas en alquiler o venta a medio plazo serían capital y beneficios para las arcas públicas. En definitiva, una solución que genera riqueza y empleo.
Nos recomiendan que uno dedique como máximo un tercio del sueldo al pago de la hipoteca para compra, o al alquiler. Pues bien: deben ofertarse viviendas públicas a un tercio del salario mínimo (SMI), eso sería un alquiler de 378 euros y otras más grandes a la mitad del salario mínimo, que pueden pagar entre dos personas. Esto sí sería asequible para los salarios reales de los trabajadores en España.
Construir vivienda es un objetivo totalmente asumible para el Estado. El precio de construcción de vivienda oscila entre un mínimo de 1.000 euros el metro cuadrado hasta un máximo de 2.000, incluyendo licencias, suelo, materiales, construcción… Un coste que el Estado tiene muchos recursos para reducir, como el suelo público o la reducción de las licencias. Aún así, cogiendo como referencia el precio más caro, construir una vivienda de 60 metros cuadrados supondría 120.000 euros y con un alquiler mensual de 378 estaría amortizada en 25 años. Mucho menos de lo que cuesta construir y amortizar obras que se llevan adelante, como las redes de autopista o de AVE.
Actualmente Francia tiene más de cuatro millones y medio de viviendas públicas, España apenas medio millón. ¡Diez veces menos! Pedro Sánchez en el 2023 ofreció poner en alquiler 50.000 viviendas de la Sareb. Frente a esta ridícula cifra, la primera medida debe ser duplicar el actual parque público español construyendo medio millón de viviendas.
La Banca nos debe 105.000 millones de euros del rescate bancario, con sólo la mitad podemos formar una empresa pública que construya medio millón de viviendas. Con ello además de resolver la residencia de aproximadamente un millón y medio de personas, actuaríamos en el mercado bajando el precio, crearíamos empleo con buenos salarios y nuestro país tendría un capital público valioso y productivo.
La solución es muy urgente, factible y rentable. Ponerla en marcha depende exclusivamente de tener voluntad política. El precio de la vivienda preocupa y angustia a una gran parte de la población, no hay tiempo para esperar ni excusa posible. Sí hay alternativa, es necesaria una empresa que construya vivienda pública y es necesaria ¡Ya!