Las sombras, cada vez más marcadas, que se ciernen sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones se han convertido en un serio motivo de preocupación. Pese a que el Gobierno volvió a reiterar ayer en el Congreso que el futuro de la Seguridad Social está «fuera de toda duda», también advirtió de la existencia de «tensiones de liquidez importantes» a las que es necesario prestar atención. Tras la entrada en números rojos del sistema en 2011 -después de 15 largos años de superávit-, los problemas de tesorería de la caja de las pensiones se han visto agravados por la necesidad de aplazar las deudas de las empresas, asfixiadas por su propia ausencia de liquidez, y el deber de destinar recursos a sufragar las pensiones no contributivas. Pese al empeño del secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, en quitar hierro al asunto al comparar esas tensiones con las provocadas de forma puntual en el flujo de caja de cualquier institución, el sistema de pensiones tiene, por su propia naturaleza, unos condicionantes que resultan difícilmente extrapolables. En primer lugar, porque sustenta la confianza de los ciudadanos en que el final de la vida laboral desembocará en una razonable seguridad financiera, lo que constituye una premisa fundamental para la estabilidad y el crecimiento de toda economía. A ello hay que sumar, además, la amenaza que supone para el sistema el grueso de las perspectivas macroeconómicas que España deberá afrontar en los próximos años, con una tasa de desempleo insostenible y una sequía en materia de financiación que impide alimentar el crecimiento.