El repunte del desempleo, el aumento del número de familias con todos sus miembros en paro y la falta de voluntad política para ofrecer una solución estructural, determinan que el Gobierno autonómico acepte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 12.000 millones de euros anuales en concepto de pagos y coberturas sociales, una medida tan solo paliativa, contraria a aplicar políticas de crecimiento que generen puestos de trabajo productivos y de utilidad social. 1 de cada 3 valencianos vive en condiciones de pobreza y los que ya la sufrían se encuentran en una situación mucho peor.
Un estudio del Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión destaca que millón y medio de hogares, el 23% de los valencianos, viven por debajo del umbral de la pobreza (menos de 8.114 euros anuales) y bajo amenaza de exclusión social. La Comunidad Valenciana es la sexta autonomía con mayor riesgo de pobreza, tres puntos superior a la media de España. La pobreza infantil ha aumentado del 17% antes de la crisis al 25%.
El aumento del empobrecimiento se articula con el alto índice de paro y la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. En la Comunidad Valenciana la tasa porcentaje de actividad de las personas en edad de trabajar es del 60’1% de la población, lo que significa que cuatro de cada diez valencianos no tienen trabajo.
Según el ministerio de Empleo y SS, la pensión media de los jubilados valencianos se sitúa en torno a los 797’8 euros mensuales, apenas 345’18 euros para las pensiones no contributivas. Las pensiones contributivas son un 8% inferiores respecto a la media nacional. La reforma de las pensiones de Rajoy provocará una pérdida acumulada del poder adquisitivo de entre un 15% y un 30% en 15 años. La aprobación del alargamiento de la edad de jubilación a los 67 años y el aumento del cálculo de las pensiones de 15 a 25 años, contribuirá a rebajar más aún su valor.«La reforma de las pensiones de Rajoy provocará una pérdida acumulada del poder adquisitivo de entre un 15% y un 30% en 15 años»
En el conjunto de España los datos también reflejan la brutal política de recortes y empobrecimiento. Según un informe elaborado por Comisiones Obreras, el 28% de las familias españolas viven de una pensión.
El Ministerio de Empleo ha calculado que el 30% de la población residente recibe ayudas,13’79 millones de ciudadanos. Son un total de 14 millones de prestaciones que al Estado le cuestan mensualmente más de 10.640 millones de euros, el 1% del PIB.
Sí hay recursos
A pesar de estas cifras demoledoras, quienes tienen el poder y los medios de comunicación, tergiversan la verdad argumentando que no hay dinero para industrializar y crear riqueza y empleo. Que es imposible reactivar la economía y el consumo interno. Que no es factible combatir el despilfarro en la administración pública o recortar sueldos y privilegios de políticos y de altos cargos de multinacionales, monopolios y banca. Que recurrir a la beneficencia estatal es un hecho que se justifica.
Pero la realidad es muy distinta. En España hay un enorme caudal de riqueza, el problema principal reside en cómo se distribuye. El mecanismo para pagar la deuda de la banca nacional y extranjera a través de recortes en la sanidad, educación, pensiones, salarios y dependencia ha provocado este empobrecimiento. El saqueo, obliga a depender de las migajas que reparten las arcas públicas. Es un parche oportunista del Ejecutivo de Rajoy y sus ministros y del Gobierno de Fabra y Barberá. Una decisión política de gobiernos indecentes y corruptos.
Hay reecursos y es posible elaborar un proyecto propio de progreso y bienestar social que nos libere del FMI y la Troika. Y demostrar verdadera vocación de servicio y dedicación para defender los intereses del país y de la ciudadanía.