Mantener la reforma laboral de 2012 -y un marco de relaciones laborales definido por la precariedad y el debilitamiento de la fuerza negociadora de los trabajadores- es el objetivo no sólo de la CEOE y de la oligarquía española, sino de los centros de poder extranjeros. Por eso el principal “lobby” que presiona para frustrar los intentos de Trabajo y los sindicatos no está en el Consejo de Ministros… sino en figuras como Paolo Gentiloni, Comisario Europeo de Economía, de visita estos días por España.
Tras la crisis de 2010, España recibió muchas veces la visita de los “hombres de negro” de la troika, el FMI, el BCE y la Comisión Europea, tecnócratas de alto rango encargados de supervisar que los gobiernos aplicaban las directrices macroeconómicas -es decir, los ajustes y recortes- dictadas desde Bruselas.
Ese mismo papel es el que ha venido a cumplir el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, de visita estos días en nuestro país. Este alto delegado de la Comisión Europea -un socialdemócrata italiano, antiguo ministro en los gobiernos de Matteo Renzi y Romano Prodi- ha elogiado los esfuerzos del gobierno por lograr una reforma laboral fruto del acuerdo, pero ha advertido que de que el regateo no puede durar eternamente y que el resultado deberá ajustarse estrictamente a las exigencias marcadas por Bruselas cuando dio el visto bueno al plan de recuperación, del que depende la entrega de los 140.000 millones de los Fondos Next Generation UE para España.
«Las negociaciones no pueden continuar sine die. Pasado un tiempo el Gobierno debe decidir. Y las decisiones sobre estas reformas deben cumplir el marco de lo que hemos pactado en Bruselas (…)». Gentiloni apunta que «lo acordado» con la Comisión es que se logre «equilibrio entre la seguridad y el dinamismo económico», entre «la modernización de la negociación colectiva y la reorganización de los contratos».
España puede «corregir la excesiva temporalidad y precariedad de su mercado laboral, pero sin lastrar la competitividad de las empresas», ha dicho Gentiloni, que ha nombrado como su interlocutora en España a Nadia Calviño, una ministra de Economía que representa a los sectores del gobierno más conectados a los centros de poder europeos y a los altos círculos empresariales
Traducido al román paladino, lo que Gentiloni ha venido a decir es que se pueden hacer concesiones a los sindicatos, pero que se deben mantener sí o sí los elementos que ofrecen «dinamismo económico» y «flexibilidad» -eufemismos que quieren decir relaciones laborales escoradas hacia los intereses del capital- de la reforma laboral de 2012.
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Choques en el gobierno
Junto a la reforma de las pensiones, la reforma laboral es uno de los puntos calientes de la política española, y también dentro del gobierno de coalición. Ambos socios de gobierno dicen estar de acuerdo en eliminar «los aspectos más lesivos» de la reforma laboral de Rajoy (2012), y de hecho esto está recogido -blanco sobre negro, con precisión- en el acuerdo de gobierno que PSOE y Unidas Podemos firmaron luego de dos repeticiones electorales. “Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo” (…) “Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”, dice el acuerdo.
Una parte de los socialistas se muestran favorables a la derogación sustancial de la reforma de Rajoy. En un reciente congreso del PSOE, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, aseguró que el Gobierno derogará la reforma laboral «y lo va a hacer el PSOE». Y hasta el propio presidente Pedro Sánchez lo remarcó hace pocas semanas. “Avanzaremos poniendo punto y final a leyes como la ley mordaza y la reforma laboral del PP, impuestas y sin acuerdos, que precarizaron los contratos y devaluaron los salarios”, dijo en el 40 Congreso Federal del PSOE.
Pero otra parte muy importante del gobierno, mucho más vinculada a los intereses de las élites económicas y empresariales, siempre ha tratado de que esos acuerdos sean papel mojado. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño -cuya trayectoria la vincula estrechamente a los centros de poder de Bruselas, además de a los círculos del Ibex- siempre ha evitado la palabra «derogación».
Por eso han saltado chispas cuando a la negociación -que llevaba meses produciéndose, entre el Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz con sindicatos y patronal- sobre la reforma laboral, Moncloa ha exigido que se sumen «otros ministerios implicados», entre ellos Economía. Unidas Podemos reaccionó de forma airada ante lo que consideraba una «injerencia», y llamó a sus socios de gobierno a una reunión para tratar la crisis abierta.
Ante el Congreso de Comisiones Obreras, y ante un público entregado, Yolanda Díaz se juramentó: “Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas, compañeros. Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas aquellas personas que, estén donde estén, jamás han querido derogar ni alterar el modelo de relaciones de precariedad que ha impuesto unilateralmente la derecha en este país”, añadió en un mensaje dirigido con toda probabilidad a la propia Calviño.
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Los principales puntos de choque
¿Dónde chocan ahora mismo las propuestas de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz y los sindicatos con las “líneas rojas” marcadas por Bruselas, Calviño y la CEOE?
1. La primacía del convenio sectorial.
Antes de que fuera derogado por la reforma de Rajoy, los convenios de cada empresa debían ajustarse al convenio colectivo de cada sector productivo. Ahora ocurre al revés, lo cual permite una «precarización a la carta». Cada empresa tiene la capacidad de imponer un marco de menores salarios o peores condiciones «como estrategia competitiva».
Trabajo y sindicatos quieren volver a la primacía anterior. La prevalencia de los convenios de sector devolvería importantes cuotas de poder a la negociación colectiva. Los sindicatos de sector suelen ser más potentes, y tienen más fuerza para negociar frente a las patronales, que los representantes del comité de empresa de muchas compañías, donde impera la temporalidad, las «listas negras» y la certeza de que te juegas el puesto de trabajo si participas en un conflicto laboral.
2. La ultraactividad indefinida
Díaz y los sindicatos quieren recuperar la ultraactividad indefinida: una vez que caduca la vigencia de un convenio, este sigue vigente hasta que empresarios y sindicatos acuerden uno nuevo. La reforma laboral de Rajoy la limita a un solo año tras extinguirse el viejo convenio, algo que utilizan muchas empresas para forzar permanentemente a renegociar «a la baja» las condiciones laborales de los trabajadores.
3. Carta blanca para cambiar las condiciones de trabajo
Trabajo quiere dificultar que los empresarios puedan modificar sustancial y unilateralmente las condiciones de trabajo de sus empleados, tal y como les permite la actual reforma laboral.
4. Limitación de la temporalidad
Según el INE, más del 25% de los asalariados españoles tiene un contrato temporal, frente al 14% de media europea. Trabajo quiere limitar al 15% el número de temporales en una empresa. Pero la CEOE dice que esto es inaceptable.
5. Limitar las subcontratas
Otro desacuerdo se produce en torno a la regulación del uso de subcontratas con empresas subsidiarias cuyos convenios permiten peores condiciones de trabajo a sus empleados. Un ejemplo son las ‘Kellys’ (camareras de piso en los hoteles) subcontratadas, sometidas a jornadas draconianas por un salario muy inferior a sus compañeras de profesión. La propuesta de Trabajo y sindicatos establece que los trabajadores de las subcontratas se rijan por el convenio correspondiente al sector profesional, aunque este sea diferente del que desempeñe la empresa que las emplea.