Dice el gobierno que el ‘Plan Estatal de Vivienda 2026-2030’ que ha presentado supone un avance respecto al anterior porque aumenta la inversión pública, blinda la vivienda protegida y refuerza el apoyo a los jóvenes y otros colectivos vulnerables. Es cierto lo que dice. Pero también es cierto que el Plan ha sido recibido con serias críticas por las organizaciones sociales y la izquierda implicadas en la lucha por el derecho a la vivienda, ¿Cuáles son las principales claves de ese plan y sus graves carencias estructurales?
.
La primera clave: 7.000 millones
El plan cuenta con un presupuesto de 7.000 millones de euros para los próximos cuatro años, tres veces más que el plan anterior: el 60% aportado por el Estado (4.200 millones) y el 40% por las comunidades autónomas (2.800 millones). Con un triple objetivo: aumentar las ayudas públicas para construir nueva vivienda, rehabilitar y proteger el derecho a una vivienda asequible, especialmente con ayudas a colectivos vulnerables. Esta es la primera clave.
Según la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la principal partida del presupuesto, el 40%, irá destinado a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente. Mediante la construcción de nuevas viviendas públicas; con ayudas de hasta 85.000 euros para la promoción de viviendas protegidas permanentes en municipios pequeños, y destinadas al alquiler social. Y con la adquisición de viviendas existentes, cubriendo hasta el 70% del coste, el 85% en zonas tensionadas.
Un 30% destinado a la rehabilitación de viviendas. Con ayudas que pueden llegar hasta 35.000 euros para rehabilitar viviendas vacías, siempre que se destinen al alquiler asequible durante al menos 5 años. O también hasta 30.000 euros en ayudas por ceder al Estado la gestión de inmuebles vacíos durante 7 años,
Y otro 30% para ayudas a los jóvenes y a otros sectores vulnerables, como mujeres víctimas de violencia de género, soluciones habitacionales inmediatas o la adquisición de vivienda en el medio rural. El plan considera la ampliación del bono alquiler a 300 euros al mes. Ayudas hasta 15.000 euros a jóvenes que compren o construyan su primera vivienda en municipios pequeños. Y hasta 28.800 euros para acceder a viviendas protegidas en alquiler con opción a compra.
.
Segunda clave: las tres condiciones
Por primera vez, el gobierno central impone condiciones que deberán aceptar los gobiernos autonómicos para firmar los convenios bilaterales y recibir la financiación estatal.
– Cofinanciar el 40% con fondos propios.
– Blindar para siempre la nueva vivienda pública que se haga a partir de este plan. Y que no se pueda privatizar. Solo se financiarán promociones que garanticen la permanencia indefinida de la calificación VPO.
– Y compartir con el gobierno central los datos sobre la vivienda. Los gobiernos autonómicos están obligados a recopilar datos del mercado, especialmente a través de los registros autonómicos de fianzas, para tener información en tiempo real del número de contratos en vigor, los precios y la rotación de los inquilinos.
Una medida para disponer de datos públicos fiables y no depender de portales inmobiliarios con intereses particulares en el sector.
.
Tercera clave: gestión autonómica y control estatal
De acuerdo al plan presentado por el gobierno, el Estado define el reparto de los fondos y las autonomías, tras firmar los convenios con el gobierno central, serán las encargadas de gestionar las ayudas mediante convocatorias a Ayuntamientos y entidades promotoras que ejecuten los trabajos.
Además, el Plan Estatal de Vivienda refuerza el control del Estado sobre los procesos de adjudicación y ejecución con diferentes mecanismos. La introducción de una cláusula antifraude, que obliga a las autonomías a rendir cuentas y permite al gobierno central la evaluación, corregir desviaciones y, en su caso, la imposición de medidas como el bloqueo de los fondos y la reasignación de los mismos.. Y un sistema de supervisión que permita al Ministerio de Vivienda evitar irregularidades como las detectadas en Alicante con la adjudicación de pisos protegidos entre altos cargos y familiares vinculados al PP.
.
Las graves carencias estructurales del Plan
Los avances positivos del Plan Estatal de Vivienda para los próximos cuatro años presentado por el gobierno, que se reflejan en las tres claves arriba señaladas, no pueden ocultar sus graves carencias estructurales.
Blindar de por vida la vivienda pública es un avance, como lo son las condiciones que se exigen a los gobiernos autonómicos, las ayudas a jóvenes y colectivos vulnerables o los mecanismos de control para evitar fraudes y corregir desviaciones o irregularidades. Pero las carencias del plan no se pueden calificar de simples insuficiencias, son graves y estructurales.
El plan no aborda el problema de fondo porque de conjunto no da una respuesta acorde con la magnitud de la crisis habitacional que sufre nuestro país, marcada por un déficit estructural de vivienda pública asequible y los altos precios de la vivienda, especialmente la brutal escalada de los alquileres.
La financiación es la principal carencia del Plan, clamorosamente insuficiente para dar respuesta a la situación de millones de personas y ampliar significativamente el parque público de vivienda sostenible. Para pasar de un parque público de poco más del 2,5% en España a la media europea, en torno al 9-10%, hay que construir en torno a 2 millones de viviendas asequibles en alquiler y compra.
Destinar 7.000 millones en los próximos cuatro años (1.750 millones por año) apenas dará para aumentar en unos pocos miles el parque público de vivienda. Necesitamos al menos, como dice CCOO, destinar el 1% del PIB anual, unos 16.000 millones de euros cada año, para construir 2 millones de viviendas en una década.
La segunda gran carencia tiene que ver con la orientación del plan: concentrar la financiación en ayudas e incentivos al mercado, en lugar de una intervención directa con medidas que garanticen de forma efectiva el derecho a una vivienda digna para la mayoría social, limitando precios para garantizar que no superen el 30% del salario, y garantizando alquileres estables.
Necesitamos un plan que incluya medidas urgentes para imponer una bajada generalizada de los alquileres, empezando por la prórroga de los contratos; la limitación de las viviendas turísticas; y medidas eficaces contra la acumulación de viviendas por los grandes tenedores, fondos de inversión y fondos buitre, bancos y grandes corporaciones.
La tercera carencia hace referencia a no considerar la posibilidad de establecer convenios directos con los ayuntamientos, directamente implicados en la liberación de suelo público para la construcción de viviendas, gestión urbana y medioambiental… Y, sobre todo, permitiría al gobierno central sortear las posiciones de bloqueo en algunas comunidades, atrincheradas en sus competencias y reacias a aplicar medidas como la aplicación del control de precios en zonas tensionadas.