El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la fecha de las elecciones generales para el 28 de abril. Se abre así un intenso y concentrado ciclo electoral -un mes después de las generales, el 26 de mayo, habrán elecciones europeas, autonómicas y municipales- del que va a depender en gran medida el presente y el futuro político de nuestro país.
Hace pocos días, desde estas mismas paginas, dijimos que las razones (convenientemente ocultadas) de esta crisis política que ha acabado en la convocatoria de nuevas elecciones no era que que “la situación en Cataluña sigue determinando la política española”, ni tampoco solo las «maniobras de la derecha». Dijimos que había que buscar estas razones en que los grandes centros de poder, internacionales y nacionales, exigen llevar más allá el “programa de los recortes”. Y que eso exigía acabar con un gobierno de Pedro Sánchez bajo el que, aún de forma limitada y moderada, han avanzado las exigencias de la mayoría progresista.
Con sus palabras, Pedro Sánchez ha ratificado estas tesis.
En su comparecencia, Pedro Sánchez ha situado las razones principales de esta decisión. «Entre tener que gobernar con unos presupuestos (los de Rajoy) que no son nuestros, y dar la palabra a los españoles en las urnas, elijo sin dudar lo segundo», ha dicho.
El presidente -en un tono completamente alejado del derrotismo y lleno de determinación- ha hecho un elocuente alegato de las decisiones de un gobierno que -a lo largo de ocho meses y en colaboración con sus socios parlamentarios de Unidos Podemos- ha llevado adelante unas políticas que -aunque de forma limitada o insuficiente- eran concesiones a las exigencias y anhelos de la mayoría social progresista que quiere subir salarios y pensiones, acabar con los recortes y la precariedad, y recuperar derechos y políticas sociales.
Pedro Sánchez ha subrayado que en sus ocho meses de gobierno «se ha aumentado el SMI en un 22%, se ha aumentado el grado de protección a los autónomos, se ha aprobado un plan para transformar en empleos indefinidos más de 50.000 empleos precarios, se ha derogado el Impuesto al Sol, se ha aprobado una nueva ley hipotecaria, se ha aumentado la inversión en I+D, se ha hecho la mayor oferta de empleo público de la década o se ha subido el sueldo a los empleados públicos».
Además, ha dicho Sánchez, un objetivo capital del gobierno era que «los frutos de ese crecimiento se redistribuyeran a la mayoría social del país». Si España tiene «un problema fundamental, es la desigualdad: la desigualdad social, de género e intergeneracional». «Por ellos, recuperamos la universalidad de la Sanidad Pública, garantizamos el poder adquisitivo de las pensiones, revertimos los recortes educativos, las becas, impulsamos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, reconocimos el derecho a voto de 100.000 personas con discapacidad que no lo tenían reconocido…»
El presidente no solo ha remarcado lo que se ha avanzado, sino lo que se ha impedido y obstaculizado por parte de la oposición. «Se ha bloqueado la derogación de la ley mordaza, se ha bloqueado también la derogación de la reforma laboral, se ha bloqueado la modificación del voto rogado para permitir la participación de los españoles que viven en el extranjero, se han bloqueado también leyes importantes como la igualdad laboral o la lucha contra la brecha salarial, se ha bloqueado también la ley sobre bebés robados, las prácticas académicas universitarias externas, la pobreza energética, la protección de los desempleados, la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones para garantizar que no hay merma del poder adquisitivo de nuestros jubilados…»
Sánchez ha hecho reiteradamente referencia a la necesidad de «redistribuir la riqueza» para que el crecimiento económico sea «más justo». Ha defendido las bondades de su proyecto político -«justicia social, libertades, progreso, dignidad laboral, crecimiento, abordar las grandes transformaciones como la transición energética…»- y de las cuentas acordadas entre PSOE y Unidos podemos, los presupuestos «mas sociales de la historia».
Y ha lamentado que la oposición -en referencia a PP y Ciudadanos- haya aumentado la crispación y bloqueado políticas que significaban mucho para la inmensa mayoría de los españoles.
Su intervención ha querido situar dónde está el verdadero terreno de batalla, que es lo que realmente nos jugamos en estas elecciones. No en la cuestión territorial -donde lo quieren situar permanentemente tanto PP y Ciudadanos, como PdeCat y ERC- sino en las cuestiones sociales de las que depende el futuro y el bienestar de la mayoría social, del pueblo trabajador de todas las regiones y nacionalidades de España.