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La cumbre de la Unión Europea ha terminado por aprobar por unanimidad el Fondo de Recuperación Europeo para hacer frente a la crisis económica y a la pandemia sanitaria.
Los resultados han sido valorados por Pedro Sánchez como «un auténtico Plan Marshall», destacando el hecho mismo de que se haya aprobado el fondo y que la Unión Europea se endeudará por primera vez en su historia para financiar programas. ¿Qué es lo que se ha aprobado, y sobre todo cuáles son los términos del acuerdo?
Lo primero que se ha aprobado es que el Fondo de Reconstrucción va a conceder 750.000 millones de euros, tal y como proponía el presidente del Consejo Europeo avalado por Alemania y Francia.
De esos, 390.000 millones de euros serán concedidos como subvenciones, transferencias directas a los países necesitados, y otros 360.000 millones irán destinados a préstamos.
Las subvenciones se han reducido en 110.000 millones de euros respecto a la propuesta inicial. No son «ayudas a fondo perdido», al igual que los créditos habrá que devolverlas, aunque con mínimos intereses al estar financiadas con deuda emitida por la Comisión Europea. España deberá devolver los 140.000 millones de euros que puede recibir del fondo.
El fondo está ligado al Presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, que también se ha aprobado en esta Cumbre, y por lo tanto las subvenciones deberán ser pagadas de forma conjunta por todos los Estados de la Unión Europea a través de los Presupuestos durante los próximos 30 años.
Cada país deberá incluir en sus propios Presupuestos nacionales un aumento de su contribución al Presupuesto de la Unión para pagar el plan de recuperación, «buscando nuevas fuentes de ingresos» a través de medidas como: implementar nuevas tasas, impuestos verdes, subidas del IVA reducido o, llegado el caso, recortar otras partidas sociales.
Un plan con freno
En segundo lugar se han aprobado duras condiciones para acceder a las ayudas. Los planes nacionales que los países deben presentar en Bruselas serán evaluados por la Comisión Europea y tendrán que cumplir con las «recomendaciones específicas para cada país». Recomendaciones que van desde la reforma laboral y de las pensiones a la Sanidad, la Educación o ajustes presupuestarios, pasando por la transición verde y la digitalización de la economía.
El derecho de veto que reclamaban los llamados «países frugales» se ha convertido en lo que ahora se llama «el freno de mano», un mecanismo de intervención que permite que un Estado pueda bloquear los fondos que ha de recibir otro país si no se ajusta a las reformas exigidas por la Unión. Es decir, un veto de hecho.
Un solo país podrá detener o retrasar las ayudas si plantea objeciones a los planes de reconstrucción de otro país, elevando la decisión al Consejo Europeo que tendrá tres meses para decidir. Es decir, los desembolsos de las ayudas se dejan a merced de decisiones políticas cuyo objetivo no es otro que imponer las «recomendaciones» exigidas como impedir la reforma laboral, revisar el pacto por las pensiones, imponer la «mochila austríaca» o exigir nuevos recortes.
Lo dejaba bien claro la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen: «Podemos garantizar que esto se aplique de forma adecuada porque habrá objetivos…, y solo entonces se desembolsarán los pagos». Con este mecanismo cualquier «halcón del norte» podrá impedir que se intente derogar la reforma laboral, como estaba en el acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos, y bloquear o impedir en los hechos la aprobación de unos presupuestos que considere «demasiado sociales».
AnarcoÑ dice:
Cada artículo sanitario familiar contra el covid, gravado por el Gobierno con 21% de iva, para inflar al Tinglado izquierfoso para-estatal. Eso no lo denunciais aquí, apesebrados?!
Luis Ratia dice:
En el artículo se afirma que «un Estado puede bloquear los fondos que ha de recibir otro país…» si bien a continuación se aclara que será el Consejo quien decida en una plazo máximo de 3 meses. Esta información no es correcta y además es incompleta. No hay opciones de veto sino de poner reparos que serán discutidos en otra instancia, el Consejo, en la que las decisiones no se toman por unanimidad sino por mayoría atendiendo a número de miembros y volumen de población.
Por otra parte, el acuerdo alcanzado ha de pasar por el trámite parlamentario del Parlamento europeo, que ya mostró en su momento con un consenso del 80% de sus miembros su postura de máxima flexibilidad para la tramitación y concesión de ayudas, por lo que el Plan no está cerrado, si bien no podrá modificar el montante del dinero a emplear en las ayudas, pero só su distribución y condiciones.
Finalmente subrayar que los proyectos a presentar serán a iniciativa de los países miembros y no de otras instancias rectoras como ocurrió ante la crisis de 2008. Desaparecen pues los «hombres de negro» y las recomendaciones, que no directivas, del Semestre Europeo señalarán las líneas de trabajo.