Las imágenes constatan lo que muchos han denunciado. La masacre de la valla de Melilla del pasado 24 de junio, en la que -debido a la brutalidad policial de la policía marroquí, que cargó sin piedad contra los migrantes- murieron 23 migrantes, una cifra que las ONGs elevan a 37, además de 70 desaparecidos y más de un centenar de heridos de diferente gravedad, fue un crimen de Estado.
Mejor dicho, un doble crimen de Estado. Una masacre en la que dos Estados -España y Marruecos, sus gobiernos, sus principales partidos y cuerpos policiales- han decidido taparse unos a otros, corriendo un tupido velo sobre la sangre de seres humanos, sobre la barbarie de los cadáveres y los cuerpos inertes sobre el suelo.
Frente a su utilización partidista, esta ignominia exige luz y taquígrafos. Por salud democrática, por Justicia, por derechos humanos, la tragedia de la valla de Melilla debe investigarse a fondo y deben depurarse responsabilidades
El 24 de junio de 2022 tuvo lugar un asalto masivo de más de un millar de migrantes subsaharianos al paso fronterizo de Barrio Chino, en Melilla. Las cinco horas de imágenes de la tragedia de la valla de Melilla, que ahora han podido ser examinadas por un grupo de diputados dejan confirmadas dos cuestiones.
Una, que los agentes fronterizos marroquíes, que acometieron con total brutalidad, actuaron en suelo español y que la avalancha mortal ocurrió en la zona operativa de la Guardia Civil, aunque los agentes españoles no estaban allí durante el embudo humano. Las fuerzas de seguridad españolas no prestaron socorro humanitario a los heridos en su zona, y efectuaron al menos 470 «devoluciones en caliente», algo que para el Defensor del Pueblo es ilegal.
Y dos, que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, -que siempre ha mantenido que los hechos ocurrieron «solo de forma tangencial» en territorio español- ha mentido sobre esta cuestión en repetidas ocasiones.
Las imágenes dicen la verdad, Marlaska no. Es un escándalo sin paliativos. Pero no sólo para el Ministerio del Interior. Es una ignominia de Estado.
Bajo condición de secreto, un grupo de diputados de diferentes grupos parlamentarios han examinado más de cinco horas de imágenes tomadas por un dron y un helicóptero de la Guardia Civil, con el objetivo de discernir si hubo o no omisión del deber de socorro por parte de España en los momentos más críticos, tras la avalancha de personas que se formó cuando el grupo logró forzar varias puertas del puesto fronterizo.
Tras el visionado salen conclusiones claras. Parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos o Bildu han dejado patentes que se produjeron devoluciones de 470 personas por parte de la Guardia Civil en colaboración con los agentes marroquíes -algo que ya había denunciado el Defensor del Pueblo- y que no se ajusta a la a la legalidad española. Incluso puede verse como agentes marroquíes entraron en suelo español para llevarse y golpear a varios de los chicos que ya habían superado todos los obstáculos fronterizos.
Asimismo, ha quedado demostrada la falta de asistencia médica por parte española en los peores momentos, no solo dentro del puesto fronterizo, sino también cuando cientos de migrantes son contenidos por la Guardia Civil, ya en el borde la carretera de Melilla que rodea la valla. Los diputados han señalado el trato «inhumano» que se dio a los migrantes en todo momento.
Tratando de sacar rédito partidista, el PP ha aprovechado para pedir la dimisión de Grande Marlaska. Pero no ha tenido inconveniente en coludirse con el PSOE, junto a Ciudadanos y Vox, para vetar la Comisión de Investigación, incluso días antes de que pudieran verse las imágenes.
Esto va más allá de la responsabilidad (que la tiene) del actual ministro del Interior. Es un crimen de Estado, y por salud democrática, debe investigarse, esclarecerse y depurarse. Tomando medidas para que jamás pueda volver a ocurrir una masacre así.