La línea de dictadura hegemonista que la administración Trump trata de imponer al planeta tiene planes concretos para Latinoamérica, y significan un salto en las históricas maniobras de intervención y agresión, de golpes «duros y blandos» que Washington lanza permanentemente sobre lo que sigue considerando su «patio trasero», sobre un continente hispano donde la lucha de los pueblos lleva décadas haciendo retroceder el dominio norteamericano.
Unos amenazadores planes, una ultrareaccionaria ofensiva, que ya ha comenzado a ejecutarse.
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Encadenar a Bolivia a la órbita de Washington
En Bolivia, la izquierda antiimperialista del MAS-IPSP, tras décadas de hegemonía, ha perdido el gobierno, quedando eliminada de la primera vuelta de las elecciones generales. El próximo ejecutivo que salga del desempate de octubre entre Rodrigo Paz -centroderecha liberal- o Jorge ‘Tuto’ Quiroga -derecha extrema- se esforzará en volver a anclar al país andino a la órbita de Washington, arrancando a Bolivia de la alianza de gobiernos antiyanquis, y de una trayectoria de acercamiento a los BRICS.
En estos malos resultados para la izquierda boliviana tienen un peso específico innegable las agrias disputas dentro del MAS -entre evistas y arcistas- y los errores políticos del gobierno de Arce. Pero no se puede ignorar el contexto.
EEUU lleva dos décadas interviniendo en Bolivia, de la mano de la derecha y la oligarquía criolla, para derribar a los gobiernos antiimperialistas. Unas injerencias que han sido por medios “blandos” y “duros” y que en 2019 llegaron a las armas, con un golpe de Estado «cívico-militar» que derribó a Evo Morales, e impuso al gobierno títere de Jeanine Añez. Ahora Washington tratará de aprovechar esta ventana de oportunidad para volver a recuperar el dominio de un país que lleva veinte años fuera de su órbita.
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Una flota amenazando las costas venezolanas
Desde mediados de agosto, toda una flota de combate de la US Navy está desplegada en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, en una misión de carácter prolongado. Incluye a tres destructores de la clase Arleigh Burke -con sistemas avanzados de misiles e inteligencia-, un crucero de misiles guiados, un submarino nuclear, y un grupo anfibio de despliegue inmediato con otros tres buques más. En total 8 naves y 9.000 efectivos, incluyendo 4.000 marines.
La razón esgrimida ahora por la Casa Blanca es el combate al narcotráfico. Trump acusa al régimen de Nicolás Maduro de «encabezar» el Cartel de los Soles, una organización narcoterrorista que facilita el tráfico de cocaína y otras drogas hacia EEUU, en colaboración con grupos como el Tren de Aragua (Venezuela) y las guerrillas colombianas ELN y FARC.
Esta acusación contrasta con las conclusiones del Reporte Mundial sobre Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Si bien hay evidencias de que el país caribeño es una ruta secundaria de tránsito de la droga hacia EEUU y Europa -se menciona que un 5% del tráfico de sustancias podría pasar por el territorio venezolano- el informe asegura que Venezuela se mantiene libre de cultivos ilícitos (como hoja de coca y marihuana) y de procesamiento de cocaína desde hace 15 años.
Pero todo eso no importa a una administración Trump acostumbrada a fabricar post-verdades a conveniencia para justificar sus intervenciones imperialistas, y para desestabilizar y derribar a un gobierno que -más allá de su carácter- se opone al dominio norteamericano desde hace un cuarto de siglo.
Evidentemente, con esta fuerza no basta para realizar una intervención armada a gran escala contra un país como Venezuela, pero sí para realizar una amenaza e intimidación más que significativa, así como para realizar operaciones encubiertas y desestabilización apoyándose en unas fuerzas de la derecha opositora, que -como María Corina Machado- han mostrado su «gratitud» hacia EEUU por este despliegue militar, viéndolo como una oportunidad para «debilitar al régimen de Maduro».
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Colombia: vuelven los peores niveles de violencia
Justo cuando -por primera vez en su historia reciente- en Colombia hay un gobierno progresista, el de Gustavo Petro, cada vez más crítico con EEUU, y que aboga abiertamente por que el país andino se integre en los BRICS+, formalizando el ingreso en su Nuevo Banco de Desarrollo (NBD)… los niveles de violencia política en el país vuelven a subir a unos niveles que comienzan a recordar a los de las trágicas décadas de los 80 y los 90, cuando los cárteles de la droga (Medellín o Cali) extendieron un auténtico reino del terror.
A mediados de agosto, un ataque con explosivos a una instalación militar dejó seis personas muertas en plena ciudad de Cali, el mismo día que el derribo -con drones de combate- de un helicóptero en una zona rural de Antioquía asesinó a 13 policías.
Detrás, unas disidencias de las FARC que -al igual que el ELN- han acentuado su carácter de narco-guerrillas, grupos terroristas y mafiosos fácilmente utilizables por los que -dentro y fuera de Colombia- buscan reconducir el rumbo de un país donde las intensas luchas populares de 2019 impusieron el fin de largas décadas de gobiernos neoliberales y entregados a las órdenes de Washington.
Estos hechos se suman al magnicidio de Miguel Uribe Turbay -figura emergente de la derecha colombiana, que finalmente ha muerto tras el tiroteo que sufrió el 7 de junio por un sicario-, que los opositores de Petro han achacado al fomento de “violencia política de la izquierda”, y a la condena a prisión domiciliaria por soborno al expresidente Álvaro Uribe (sin relación con el anterior), que fue suspendida por el Tribunal Superior. Una sentencia contra uno de los máximos aliados de EEUU en Colombia que ha sido condenada por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, haciendo que Petro tenga que salir a defender la autonomía judicial colombiana frente a las injerencias de Washington.
Todo ello -violencia de narcoguerrillas y sicarios, agitación de la derecha, intromisión de Washington en los asuntos internos de Colombia- forma un marco de polarización y desestabilización detrás del que se adivina la mano de los centros de poder hegemonistas y de la oligarquía colombiana.
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El signo de los tiempos en América Latina
Estos son sólo tres ejemplos de cómo el tenebroso proyecto de dictadura hegemonista mundial de Trump sobre el continente hispano ya ha comenzado a desplegarse. Pero hay muchos más: injerencias en el juicio contra Bolsonaro. aranceles y amenazas contra Brasil, o contra México. Declaraciones mostrando la intención de retomar el control del Canal de Panamá. Fortalecimiento y respaldo por parte de Washington al brutal y carcelario régimen de Nayib Bukele en El Salvador, o al gobierno ultra de Milei en Argentina… Detrás, una superpotencia que no sólo busca castigar a los gobiernos soberanistas, sino a su acercamiento a China y los BRICS.
El hegemonismo norteamericano despliega todos sus instrumentos de poder e intervención sobre el continente hispano. Y -como se ha demostrado- su capacidad de desestabilización no puede ser minusvalorada.
Ahora bien, estas amenazadoras tinieblas no deben nublar nuestra visión. Washington se revuelve furioso contra lo que una vez fue su «patio trasero»… precisamente porque hace décadas que Iberoamérica dejó de serlo.
La lucha de los pueblos, desde el Rio Grande a la Tierra de Fuego, ha cambiado para siempre la faz del continente hispano. Hoy una mayoría de gobiernos progresistas, enfrentándose al yugo de EEUU, y ganando autonomía e independencia, llevan adelante políticas redistributivas de la riqueza en favor de sus clases populares.
Es una lucha zigzagueante, no exenta de reveses y derrotas. Pero este es el signo de los tiempos en América Latina. Y ni Trump,ni todos sus sicarios y gorilas, ni nadie pueden detenerlo.