Los problemas legales de Donald Trump pueden dar un salto cualitativo dependiendo de lo que haya encontrado el FBI al registrar la mansión del magnate en Mar-a-Lago (Florida). Los agentes federales, en nombre del Departamento de Justicia y autorizados por un juez federal, han registrado la residencia del expresidente norteamericano buscando documentos confidenciales que Trump se habría llevado ilegalmente de la Casa Blanca, incurriendo en un presunto delito que podría llevarle a la cárcel y a su inhabilitación para cargos públicos.

El 8 de agosto, dotados de una orden de registro y previo aviso al servicio secreto que custodia al expresidente, los agentes del FBI llamaban a la puerta de la suntuosa mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida). Una actuación así, de máxima repercusión mediática y política a pocos días de que empiecen la campaña para las elecciones de medio mandato en las que han de renovarse buena parte de las dos cámaras de representantes, está muy calculada. El FBI solo puede realizar ese tipo de registros con autorización judicial, y para concederla el juez tiene que valorar como probable que se haya cometido un delito.

Hace meses, la Administración de Archivos y Registros Nacionales (NARA, por sus siglas en inglés) hizo públicas sus sospechas de que Donald Trump se había llevado a Mar-a-Lago documentos oficiales clasificados como de «alto secreto», manteniéndolos en su poder más de año y medio, algo que está penado por la Presidential Records Act con penas que van desde multas hasta tres años de prisión, pasando por la inhabilitación para desempeñar cargo público. Archivos Nacionales ya se habían dirigido a Trump para reclamarle la documentación y se había efectuado también un requerimiento posterior, pero el expresidente no había devuelto todos los papeles, entre ellos los de contenido sensible.

Las siete páginas de la orden de registro, que ha sido publicada, muestran que el expresidente está siendo investigado por obstrucción a la justicia, destrucción de pruebas y violación de la ley de espionaje. En las 20 cajas que los agentes del FBI recuperaron de Mar-a-Lago hay 11 juegos de documentos confidenciales: uno de ellos clasificado como “alto secreto/sensible”; otros cuatro como “alto secreto”, tres juegos como «secretos» y el resto como «confidenciales».

La lista hecha pública apenas da más detalles del contenido de esos secretos, pero se sabe que el FBI sospecha que entre los documentos sustraídos podrían haber informes sobre armas nucleares -de EEUU u otras naciones-, dosieres sobre líderes mundiales (por ejemplo sobre el «presidente de Francia») y también documentos sobre episodios los que Trump busca extender un manto de opacidad, especialmente todo lo relacionado con los últimos momentos de su mandato y el papel del expresidente en la toma del Capitolio por las hordas trumpistas.

No es la primera vez que sale a la luz la costumbre de Donald Trump de destruir, apoderarse o no entregar los documentos o escritos que tienen que ver con su función presidencial, tal y como le obliga la ley. La revista Político ya reveló en 2018 cómo el republicano rompía habitualmente notas e informes clave, llegando a tirarlos por el retrete hasta atascar los inodoros, obligando al personal de la Casa Blanca a tratar de rescatar y pegar los papeles para guardarlos, un relato que ha sido constatado por sus propios colaboradores, en declaraciones tanto a medios como a investigaciones del Congreso.

Una actuación así, de máxima repercusión mediática y política a pocos días de que empiecen la campaña para las elecciones de medio mandato en las que han de renovarse buena parte de las dos cámaras de representantes, está muy calculada

Trump: rosario de acusaciones políticas y judiciales

La investigación del FBI sobre los papeles de Mar-a-Lago se suma al cerco político y judicial que se estrecha sobre Trump, que sin embargo sigue postulándose como el principal activo del partido republicano.

A pesar de la oposición de importantes sectores conservadores, muy bien conectados con los núcleos de poder de la clase dominante norteamericana, a día de hoy el trumpismo sigue hegemonizando el partido republicano. Trump -que sigue reivindicándose como ganador de las elecciones de 2020 y tiene intención de presentarse a las presidenciales de 2024- no sólo cuenta con millones de seguidores y votantes inamovibles (se calcula que en torno al 30% del electorado republicano es trumpista a pies juntillas), sino que sus fieles dentro del Partido Republicano siguen ocupando gran parte de los cargos de gobernador, congresista o senador. Gran parte de sus detractores dentro del GOP temen perder el favor de los votantes si arremeten contra él.

La más importante de las causas contra Trump hace referencia a su papel en el asalto insurreccional al Capitolio por sus propios seguidores el 6 de enero de 2021, en un intento de sabotear el traspaso de poderes a Biden y de perpetuarse en el poder. El Departamento de Justicia investiga la connivencia de Trump en lo que constituyó «un intento de golpe de Estado», en palabras del comité de investigación del Congreso. Numerosos testimonios atestiguan que el papel del expresidente fue mucho más allá de la inacción o la complacencia con sus seguidores, sino que los instigó y trató de liderar personalmente el asalto al Capitolio.

De momento esta causa contra Trump es aún de índole política, y el comité formado por nueve legisladores (siete demócratas y dos republicanos) no puede acusar a Trump de un delito, aunque se demuestre su implicación en el motín. Pero el asunto podría pasar a una acusación penal si el Departamento de Justicia decide lanzarse, algo para lo que necesita pruebas sólidas, pruebas que quizá estuvieran en Mar-a-Lago.

Un segundo frente, relacionado con el anterior, es el intento de pucherazo en Georgia en los momentos más críticos del recuento de las elecciones de 2020. Trump presionó al secretario de este Estado para que “encontrara” suficientes votos para revertir la victoria de Biden en Georgia, y llamó a tres altos funcionarios más para que encontrasen irregularidades, sin base real alguna, en la votación, con el objetivo de impugnar los resultados.

El tercer frente hace referencia a graves irregularidades contables y fiscales del imperio económico de Trump. Hay una acusación de que el magnate que tergiversó el valor de sus activos ante los prestamistas y Hacienda para garantizarse préstamos en condiciones preferentes y obtener exenciones fiscales. Otra investigación hace referencia a un presunto fraude fiscal con lucrativas propiedades inmobiliarias en Nueva York.

La investigación del FBI sobre los papeles de Mar-a-Lago se suma al cerco político y judicial que se estrecha sobre Trump, que sin embargo sigue postulándose como el principal activo del partido republicano.

Los papeles de Mar-a-Lago: todo o nada

Las repercusiones políticas, judiciales e incluso penales para Trump del registro del FBI sobre la mansión de Mar-a-Lago van a depender de lo que los investigadores encuentren en esos documentos, y especialmente en torno a esta serie de frentes abiertos sobre el expresidente.

Si lo que encuentran no es demasiado concluyente, la retórica victimista de Trump, que afirma ser objeto de una “caza de brujas de los demócratas de izquierda radical” podría magnificarse, hasta otorgarle un gran impulso en las elecciones de medio mandato y en sus intenciones de retorno a la Casa Blanca.

Si por el contrario lo que encuentran los agentes es incriminatorio -en lo que se refiere a sustraer altos secretos, al asalto al Capitolio, al intento de manipular el recuento o a los asuntos fiscales- Trump se enfrentaría a graves cargos penales que podrían llevarlo entre rejas e inhabilitarlo políticamente.

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Las repercusiones políticas, judiciales e incluso penales para Trump del registro del FBI sobre la mansión de Mar-a-Lago van a depender de lo que los investigadores encuentren en esos documentos

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