No ocurre todos los días que la lucha de un barrio le doble el brazo a un gigante de la especulación, de la gentrificación y del desahucio como Elix Rental Housing, socimi participada por la familia de Esperanza Aguirre. Pero Lavapiés es mucho Lavapiés.
Tras años de lucha contra la socimi Elix Rental Housing los vecinos de Tribulete 7 han conseguido que el Juzgado número 17 de Madrid admita a trámite su querella contra el fondo buitre por acoso inmobiliario.
«Es la primera vez que se imputa a un fondo buitre como persona jurídica por acoso a los inquilinos», ha explicado este miércoles Alejandra Jacinto, abogada del Sindicato de Inquilinas.
Desde marzo de 2024, fecha en la que la empresa compró el bloque de viviendas de Lavapiés, y como si de los galos de Asterix se tratara, los ocho vecinos de Tibulete 7 llevan resistiendo a los buitres con el apoyo de todo el barrio y de los sindicatos de Inquilinas, que ha organizado masivas marchas y concentraciones.
La respuesta de Elix ha sido la propia de su naturaleza carroñera, aumentando la presión y el acoso contra las vecinas, en vez de iniciar los trámites legales pertinentes. Mediante unas «obras de reforma» que tenían como objetivo expulsar a los vecinos: «Las obras han provocado inundaciones en las viviendas, caídas de casquetes, goteras… están dejando las viviendas inhabitables», ha asegurado Cristina Gómez, vecina del inmueble. Todo ello acompañado de amenazas y coacciones.
Como denuncia el Sindicato de Inquilinas de Madrid, «este caso no es un caso aislado; se está repitiendo una praxis habitual que utilizan muchos fondos de inversión para expulsar a los vecinos y así ahorrarse todos los procedimientos judiciales existentes».
Por eso, que se haya podido sentar en el banquillo de los acusados a estos matones especuladores es una esperanzadora victoria para poner fin al acoso inmobiliario y acabar con las expulsiones del barrio de Lavapiés y de todo Madrid.