Tres reformas que marcarán 2022

En el año que acabamos de iniciar, la pandemia seguirá actuando como un factor que acelere o retrase la recuperación. La variante ómicron pone de manifiesto que seguimos estando en una “situación de riesgo”. Pero el año 2022 va a estar marcado de forma especial por tres reformas: la de las pensiones y la reforma laboral que arrastramos de 2021 y se han de cerrar antes de que acabe 2022; y una reforma fiscal que se ha de abrir y cerrar este mismo año.

Son las tres grandes reformas exigidas por Bruselas como condición inapelable para recibir los fondos europeos. Van a determinar bajo qué condiciones y formas se continúa ejecutando el proyecto que los grandes centros de poder tienen para nuestro país y, sobre todo, porque van a determinar cómo vamos a vivir los próximos 10, 15, 20 años…

Al amparo del paraguas de los fondos europeos se quieren imponer las tres grandes reformas: pensiones, laboral y fiscal. Exigiendo que se aprueben “con consenso”, con el apoyo de las principales fuerzas políticas y sociales para hacerlas permanentes y estructurales: que no sean reformas de un solo partido, como las que aprobó el PP, para que después no se pretendan derogar. España recibirá los fondos europeos por entregas y solo si cumple las condiciones impuestas.

Laboral, una reforma a medias

El gobierno tiene hasta el siete de febrero para convalidar en el Congreso el acuerdo sobre la reforma laboral consensuado por el gobierno con la patronal y los sindicatos mayoritarios.

La presión social les ha obligado a aceptar importantes concesiones positivas para los trabajadores evitando que se impusiera una reforma aún más dura. Se han puesto límites a la temporalidad y a los abusos en la subcontratación; la vuelta a la ultraactividad y a la prevalencia de los convenios sectoriales en los salarios… Pero se mantienen los pilares de la reforma de 2012 respecto al despido fácil y barato y la flexibilidad laboral que han permitido rebajar salarios, recortar derechos empeorando las condiciones de trabajo y aumentar la precariedad.

Aunque con avances para los trabajadores, la reforma laboral mantiene los pilares de la reforma de 2012

Pedro Sánchez hace bandera de esta reforma, reconociendo “que responde a las exigencias de Bruselas”. Pero también Unidas Podemos, con Yolanda Díaz, defiende su aprobación sin cambios. Y la patronal CEOE celebra que “el acuerdo mantiene intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias”.

Frente a un PP que exige endurecerla y votará en contra; y unos socios de investidura reticentes a dar su apoyo sin cambios, el gobierno quiere tramitarla como Decreto Ley para evitar que se introduzcan modificaciones que pudieran poner el peligro el apoyo de la CEOE exigido por Bruselas.

Los nacionalistas ERC, y sobre todo PNV y Bildu, quisieran introducir, entre otros, cambios para que el rango prevalente de los convenios colectivos sea el “ámbito laboral vasco o catalán”, aumentando así la división de los trabajadores. Y en esta situación el gobierno explora el apoyo de otros partidos como Ciudadanos, PDeCAT, Teruel Existe y Coalición Canaria para sumar los 174 votos necesarios para sacarla adelante.

Pensiones, los puntos más peligrosos

La influencia del viento popular ha marcado la primera parte de la reforma de las pensiones aprobada en 2021. Se han derogado los aspectos más lesivos de la reforma de 2013, y se han aprobado medidas positivas que estabilizan y consolidan las pensiones públicas como: la vuelta a la revalorización con el IPC; la eliminación del “factor de sostenibilidad” que recortaba la cuantía en función de la esperanza de vida y su sustitución por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI, que reactiva la “hucha de las pensiones”; la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social retirando los “gastos impropios”…

Pero se dejaron para 2022 las partes más peligrosas de esta reforma, con dos etapas marcadas, que son condición para recibir el dinero de los fondos europeos.

En junio se debe aprobar el plan para impulsar los planes privados de empresa, bajo cobertura pública pero gestionados por grandes bancos y fondos financieros. Su dimensión -el objetivo es que en diez años la mitad de los trabajadores tengan un plan de pensiones privado- supone un salto cualitativo a favor de las pensiones privadas.

Y a finales de 2022 han de entrar en vigor las medidas que más recortes comportan: “el ajuste del periodo de cómputo alargándolo para el cálculo de la pensión de jubilación”, tal y como se recoge en el documento firmado por el gobierno con Bruselas. Sobre la mesa planea la propuesta para alargar de 25 a 35 los años cotizados para calcular la cuantía de la pensión, lo que podría suponer un recorte de las pensiones futuras de hasta un 15%.

Blindar las pensiones en la Constitución es la alternativa decisiva para impedir que las pensiones públicas se recorten o se privaticen

¿Una reforma fiscal progresiva?

La fiscal es la tercera gran reforma exigida por Bruselas, se tiene que dilucidar antes de que acabe este año para entrar en vigor en 2023. Está en juego una reforma fiscal progresiva que sirva para avanzar en la redistribución de la riqueza y que bancos y monopolios paguen de acuerdo a su riqueza, o si se veta ese camino.

Hasta finales de febrero no se conocerán las propuestas de la “comisión de expertos” encargadas por el ministerio de Hacienda. Pero lo que empiezan a filtrar algunos medios apunta a que será una propuesta “continuista” y que no propondrán un “cambio significativo en los grandes tributos: IRPF, IVA o Sociedades”, según El Confidencial. Y es decir, se mantendría el grueso de los regalos fiscales a bancos, monopolios y capital extranjero, prohibiendo que se les puedan subir impuestos, tal y como estableció el programa aprobado por la asamblea de la CEOE en junio de 2020. Y, por el contrario, se plantean como forma de aumentar los ingresos públicos para pagar la deuda, nuevos impuestos especiales y “verdes” que acabamos pagando el 90% de los ciudadanos, como cambios en el IVA, los peajes, el diésel…

Está en juego una reforma fiscal progresiva que sirva para avanzar en la redistribución de la riqueza

Prepararnos para un año decisivo

Ninguna de estas reformas está decidida de antemano.

En 2021 la movilización, la fuerza y la influencia de lo que llamamos el viento popular y patriótico -plasmado en un amplísimo tejido organizativo popular, formado por miles de partidos, asociaciones de todo tipo y organizaciones de lucha, que se movilizan en la calle y que influyen en todos los niveles de la vida política y social- ha jugado un papel determinante logrando éxitos e imponiendo medidas favorables a los intereses populares; desde la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 a la prevalencia de los convenios sectoriales en los salarios o imponiendo límites a quienes pretendían una reforma laboral más dura.

Debemos prepararnos para ser decisivos también en este 2022.

Habrá que estar atentos a cómo se va a ejecutar y aplicar la reforma laboral, para asegurar que realmente sea un paso adelante en la lucha contra la la precariedad laboral… A que la reforma fiscal siente bases para desarrollar políticas de redistribución de la riqueza, para que bancos, monopolios y capital extranjero contribuyan de acuerdo a sus millonarios beneficios y su acumulación de riqueza.

Y especialmente atentos a dar una batalla fundamental para convertir el blindaje constitucional de las pensiones que propone la MERP en un clamor popular, la alternativa decisiva para impedir que las pensiones públicas se recorten o se privaticen.