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Las pensiones, cuya reforma se cuece en España pero se decide en Bruselas. Los ERTE, con fecha de caducidad el 31 de mayo, que mantienen a unos 750.000 trabajadores en un sinvivir sin saber cuál será su futuro. Y los créditos ICO, que están manteniendo muchas empresas pero cuyas cuotas amenazan con asfixiar a decenas o cientos de miles de autónomos y pymes. Tres problemas que mantienen en vilo a tres sectores -pensionistas, trabajadores y pequeños empresarios y autónomos- que implican, de una u otra forma, a la inmensa mayoría de las clases populares y trabajadoras.
Recorte y privatización de las pensiones, una espada cada vez más afilada
Recorte y privatización de las pensiones, una espada cada vez más afilada.
No pasa día sin que las noticias afilen un poco más la espada que pende sobre las reformas de las pensiones que nos están preparando. En plena pandemia no solo no cesan sino que recrudecen.
En las últimas semanas, el Instituto BBVA de Pensiones presentaba un informe asegurando que la edad de jubilación en España deberá elevarse en 1,3 años más allá de los 67.
El informe, significativamente titulado “Edad de jubilación y vinculación a la esperanza de vida”, subraya que el aumento de la edad legal de jubilación a los 67 años prevista para 2027 “no es suficiente para compensar la mayor esperanza de vida”, y por lo tanto debería subir 1,3 años más, es decir hasta por lo menos los 68 años y 3 meses.
El estudio de este panel de expertos del BBVA pone de manifiesto que los grandes centros financieros no cejan en su empeño de endurecer y recortar el sistema público de pensiones para abrirle camino a las pensiones privadas.
El segundo ataque viene directamente de Bruselas, y para más inri a través de una asesora del equipo montado por la ministra Nadia Calviño, Alicia García-Herrero. Según esta investigadora de Bruegel, uno de los “think tank” (o lobby) que circulan por Bruselas, economista jefe para Asia-Pacífico del banco de inversión Natixis, en una entrevista a medios españoles ha declarado que : “España necesita una reforma laboral que se quedó a medias en anteriores legislaturas y lo mismo se puede decir de la reforma de las pensiones. Aunque sea difícil de aceptar, no nos queda otra que entender que para que todos podamos cobrar nuestra pensión habrá que retrasar la edad de jubilación y extender el plazo de cálculo”.
No les basta con subir la edad legal de jubilación a los 67 años, quieren 1,3 años más
La asesora de Calviño sale en apoyo de las medidas que baraja el ministro Escrivá para ampliar a 35 los años cotizados para calcular las pensiones.
Cada una de estas noticias evidencia la importancia de la campaña emprendida por la Mesa por el Blindaje Constitucional de las Pensiones, MERP, como la garantía para defender las pensiones públicas frente a todos los intentos por degradarlas y privatizarlas.
2021, 4 millones de parados
…Y 740.000 trabajadores de ERTEs en capilla
Este año lo hemos empezado con casi 4 millones de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo. Pero la incertidumbre del empleo se extiende a los 740.000 trabajadores atrapados en alguno de los miles de ERTEs que tienen fecha de caducidad el cada vez más cercano 31 de mayo.
Los ERTE han sido durante el primer año de pandemia el gran paraguas del empleo, entre 3,5 y 4 millones de trabajadores han pasado en 2020 por un ERTE y acabamos el año en torno a los 715.000 trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.
Pero la entrada en el segundo año de pandemia ha venido con nuevas subidas: En enero los trabajadores en ERTE volvieron a subir en 35.625 personas, hasta los 739.000 trabajadores afectados. Una consecuencia directa de la tercera ola de contagios y las medidas restrictivas tomadas por las comunidades autónomas para controlar la extensión del coronavirus y evitar el colapso de la Sanidad.
La hostelería y el turismo, el pequeño comercio y los servicios de proximidad, que están sufriendo con especial gravedad los cierres y limitaciones de horario y movilidad, no solo son los que mantienen más trabajadores en ERTE y nutren la nueva subida, sino que son también los que tienen mayor riesgo de que su situación se vuelva crónica, que muchos de esos 740.000 trabajadores no vuelvan a sus empleos o que una nueva prórroga recorte las prestaciones.
El 31 de mayo se acerca a velocidad de crucero y el gobierno y los agentes sociales no deberían retrasar ni un minuto un acuerdo para dar cobertura y garantías a estos trabajadores y sus familias que garantice su estabilidad económica. Pero también las ayudas directas a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan reanudar su actividad a medida que se arrincone al virus y se reactive la economía.
Los trabajadores en ERTE temen que su situación se vuelva crónica, que muchos no vuelvan a sus empleos o que una nueva prórroga recorte las prestaciones
Créditos ICO
La banca muestra su verdadera cara
Los créditos ICO con la pandemia se han convertido en un arma de doble filo. Es cierto que han servido para salvar, por ahora, a un número importante de empresas y autónomos, pero el alargamiento de la pandemia y el retraso de la recuperación de la actividad está terminando por convertir las cuotas de esos préstamos para muchas pymes en un auténtico dogal.
El problema es tan acuciante que el gobierno estudia una serie de medidas: por un lado,
condonar una parte del 70% u 80% del crédito que está avalado por el Estado; y por otro la posibilidad de que se aplique una quita a esos préstamos ICO y que la banca asuma su parte correspondiente.
Los banqueros (esos que cobran sueldos de 4,5 millones en plena pandemia), con el gobernador del Banco de España al frente, se echan las manos a la cabeza y no han tardado ni un segundo en levantarse en contra. ¿Cómo van a tener ellos un “quebranto en sus beneficios”? Sí, son los mismos que en su Asamblea de la CEOE de junio decían que sus propuestas eran para ayudar a salir de la crisis.
Hagamos los números.
Con los avales del ICO se han concedido 118.000 millones. Suponiendo que un 30% tuviera problemas y se le aplicara una quita del 20%, tendría un coste de 7.000 millones, 5.000 los pagaría el Estado y otros 2.000 la banca.
Dicen que han tenido pocos beneficios en 2020 porque han provisionado 18.531 millones de euros en fondos para hacer frente a impagos y otros problemas… ¿Y no pueden hacer frente a 2.000 millones para ayudar a las pymes y autónomos de este país?
La oligarquía financiera solo entiende de beneficios aunque sea a costa de hacer más daño y enterrar más negocios y gente que el coronavirus, porque a éste lo derrotaremos en dos, tres,…, años, pero ellos se quieren quedar para siempre.
El gobierno no debería retroceder ni un milímetro, acabar con su privilegios fiscales y exigirles la devolución de todas las ayudas de la crisis anterior. ¡Habría dinero para quitas y condonaciones y que ninguna pyme o autónomo se quedara en el camino!