Casi en al borde de tirar la toalla, Bruselas y Londres han decidido darse un nuevo tiempo -«una milla extra»- para resolver las alambicadas negociaciones del Brexit, cuando quedan pocas semanas para que expire el plazo máximo.
El 31 de diciembre es la fecha límite para llegar a una salida para el Brexit. Más allá hay un precipicio. Si ambas partes no llegan a un acuerdo comercial, a partir del 1 de enero, el tráfico de mercancías y capitales entre la isla y el continente -más de 700.000 millones de euros al año- se verá sometido a aranceles, cuotas de importación y limitaciones que pueden tener un gran impacto en la economía de ambas partes, más si cabe en un marco de crisis económica y pandemia.
Boris Johnson y Ursula Von der Leyen se habían dado hasta el domingo 13 de diciembre para tomar una decisión definitiva sobre el divorcio -amistoso (con acuerdo), o abrupto y duro (sin él)- entre Reino Unido y la Unión Europea, pero en el último momento decidieron estirar el plazo un poco más. «Nuestros equipos negociadores han trabajado día y noche en los últimos días. A pesar de estar exhaustos después de casi un año de negociación, y a pesar de que una y otra vez nos hemos saltado las fechas límites, creemos que lo responsable en este punto es recorrer la milla extra», han dicho en un comunicado conjunto
Durante toda la semana se habían sucedido movimientos y declaraciones que indicaban, en palabras de Von der Leyen, que “la probabilidad de que no haya acuerdo es más elevada que la de un acuerdo”. Y de hecho a Comisión Europea ya ha elaborado planes de emergencia ante un Brexit duro.
Boris Johnson ha lanzado maniobras para encontrar fisuras entre los socios europeos, llamando a Merkel o a Macron para llegar a acuerdos comerciales por separado, pero nadie le ha cogido el teléfono. Este portazo en las narices ha sido una decisión consciente, se pactó en una videoconferencia en la que participaron Merkel, Macron, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y Von der Leyen.
Londres y la UE llevan un año intentando llegar a un acuerdo sobre su relación post-Brexit, pero hay tres puntos que impiden rematar las negociaciones: las normas sobre competencia, los mecanismos de arbitraje en caso de disputa y el acceso de la flota pesquera europea a aguas británicas. Especialmente espinoso es el punto que obliga a Reino Unido a someterse a las reglas de competencia de la UE en materia laboral, medioambiental, de protección a los consumidores o de ayudas públicas a las empresas, a cambio de una relación sin aranceles ni cuotas. Algo que Boris Johnson -que tiene la intención de rebajar esos estándares- denuncia como un chantaje que compromete la soberanía británica.
Johnson se muestra desafiante con Bruselas, pero hay dos factores que juegan en su contra. Uno es la transición en EEUU. El gran impulsor internacional del Brexit duro y aliado de Boris, Donald Trump, abandonará la Casa Blanca en enero. Y no está claro si Joe Biden -que muestra muy poca sintonía por el primer ministro- dará luz verde al “plan B” a la salida de la UE: el futuro prometido tratado bilateral entre EEUU y Reino Unido está en el aire
La otra es las crecientes presiones desde la propia clase dominante británica, que se quiere asegurar una “resintonización” de las relaciones con la próxima Casa Blanca. El núcleo duro del Brexit -estrechos colaboradores de Johnson como Dominic Cummings- ha sido obligado a dimitir.
La UE es un mercado importantísimo para grandes sectores de la burguesía monopolista británica. Aunque la UE vende en Reino Unido por valor de 400.000 millones de euros al año, el mercado europeo fue el destino del 43% de las exportaciones británicas en 2019 (330.000 millones), el doble de lo que Londres exporta a EEUU.
Así, Londres y Bruselas se han dado «una milla extra» para intentar evitar un Brexit duro. Pero este plazo adicional apenas consta de pocas semanas. Nadie sabe si al final de esa milla habrá un puente o un abrupto precipicio.