Tenemos que remontarnos a mediados de los ochenta para buscar a los responsables de esta situación. La FCC de las Koplowitz inició el asalto a las contratas de limpieza de los ayuntamientos, desplazando a autónomos y pymes que hasta entonces prestaban ese servicio.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:»Tabla normal»; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:»»; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:»Times New Roman»; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Durante todos estos años, con la inestimable colaboración de los responsables municipales que les concedieron los contratos, han conseguido suculentos beneficios a cargo de los contribuyentes, ampliando la recogida de basura a todos los días del año, aumentando las zonas de limpieza o las zonas verdes que aumentaron las plantillas y la factura a pagar.
Lo que ocurre en Úbeda está pasando también en centenares de ayuntamientos de toda España, incluidos bastantes andaluces.
Dos décadas después nos encontramos de nuevo ante la colusión de FCC y los alcaldes que rescinden los contratos sin exigir ninguna responsabilidad. Según el alcalde del PP, José Robles, el ayuntamiento ha asumido el servicio de limpiezas y jardines porque estaba costando “sumas millonarias” y “aumentaba todos los años un 20%”. ¿Y nadie pide responsabilidades por ese derroche de millones?«El servicio de limpiezas y jardines estaba costando “sumas millonarias” y “aumentaba todos los años un 20%”. ¿Y nadie pide responsabilidades por ese derroche de millones?»
Tampoco CCOO y PSOE denuncian a FCC, centrándose en una lucha con el alcalde del PP, un enfrentamiento que sólo puede llevar a que pierdan los trabajadores y los ciudadanos porque quien se ha llevado el dinero ni aparece en la disputa. FCC fue la principal beneficiaria del plan de pago a proveedores de la capital jienense, con 85 millones de euros de deuda acumulada desde 2011.
Mientras, los trabajadores y sus familiares en la defensa de sus puestos de trabajo no cejan en su lucha, exigen que el Ayuntamiento (socio con FCC) subrogue el contrato a toda la plantilla. No sólo se enfrentan con el alcalde que se niega a la subrogación, sino también al subdelegado del gobierno en Jaén, Juan Lillo, que está desautorizando las manifestaciones convocadas en marzo. Incluso tienen que lidiar con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ante el recurso planteado por Comisiones Obreras se ha pronunciado a favor del señor Lillo.
La lucha continúa y como acciones inmediatas han recurrido la sentencia del TSJA y han vuelto a solicitar los permisos para manifestarse durante todos los días del mes de abril, convocatoria que ha sido suscrita también por todos los grupos de la oposición del consistorio ubetense.