La Convención Internacional de Ginebra establece que los Estados firmantes -entre los que está España- deben ofrecer protección y derecho de asilo a aquellas personas cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados por actos de persecución o violencia.
Tal es el caso de 37 personas saharauis que han llegado al aeropuerto de Barajas desde los territorios ocupados por Marruecos y que acreditan estar perseguidos por el régimen de Mohamed VI. Entre ellos hay varios activistas, familias con menores e incluso una persona que padece cáncer.
El Ministerio del Interior no sólo les niega el derecho de asilo, violando sus derechos humanos y la legislación internacional, sino que se dispone a expulsarlos a todos a Marruecos, donde sus vidas corren peligro.
En declaraciones a EFE, la joven Rachida Amaador, de 32 años, una de las saharauis en Barajas, no sólo denuncia las condiciones infrahumanas en las que ella y sus compatriotas están retenidos en una sala de la Terminal 4, sino que pide no ser entregada a sus verdugos, tal y como le pasó a su propio sobrino, quien fue deportado a Marruecos tras llegar a Canarias en patera en 2019 y actualmente cumple 12 años en una prisión marroquí. «Solo pido protección y, si no me la dan, que me expulsen a otro país, pero a Marruecos no».
«Llegamos pidiendo protección y nos han retenido como si fuéramos criminales. La alimentación es pésima y casi no tenemos atención médica. Tenemos niños enfermos y hace frío por las noches. Si nos deportan, vamos a desaparecer, nadie sabrá de nosotros. El Gobierno de España es responsable de todo lo que nos pueda ocurrir si volvemos a Marruecos», denuncia Rabah Bacha, otro de los saharauis retenidos y sobre el que ya pende la orden de deportación.
Entre esta muestra de inhumanidad, destaca el caso de la denegación de asilo una niña saharaui enferma de un año y medio y a su madre, Rbab al-Tarad Yahi, de 27 años, que sufrió un aborto. Tras ser trasladada al Hospital de La Paz, la policía la volvió a encerrar en la sala de inadmitidos. Se da la circunstancia de que la madre de Rbab al-Tarad Yahi, residente en Francia, ha permanecido desde el 9 de agosto en el aeropuerto, durmiendo en el suelo, a donde acudió para poder ver a su hija y conocer a la nieta, sin serle permitido. Pertenecen a una familia conocida por su activismo político pro saharui y disfruta de protección internacional en Francia desde hace cuatro años, que también le fue otorgada posteriormente a un hijo de 30 años.
El Ministerio del Interior alega que «cada caso se analiza de forma individual» y se resuelve de acuerdo con «los requisitos establecidos en la legislación para la concesión de la protección internacional», y que «ni siquiera hay manera de constatar que las familias retenidas sean realmente saharauis», pero la abogada de los retenidos, la también saharaui Fatma El Galia desmiente esta afirmación y explica que lo primero que hacen desde la plataforma en la que trabaja es solicitar el certificado de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), un documento que «sólo tienen, precisamente, los ciudadanos saharauis».
La propia Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han validado la documentación presentada por las familias y piden garantizar la «permanencia por motivos humanitarios» de los solicitantes.
El caso de los 37 retenidos en Barajas y a punto de ser deportados a Marruecos es la enésima traición del gobierno del PSOE a la causa saharaui, y tiene lugar dos años y medio después de que Pedro Sánchez diera un giro de 180º en la postura oficial de España sobre el Sáhara, reconociendo -en línea con lo que habían hecho los EEUU de Trump poco antes- la falsa «marroquinidad» del Sáhara Occidental como precio para «normalizar relaciones» entre Madrid y Rabat, ambos vasallos militares de Washington.
Esta ignominia ha recibido la protesta de todos los grupos parlamentarios de la izquierda, desde Podemos al BNG o EH Bildu, pasando por los partidos de Sumar (IU, Más País, Chunta, Compromís), los socios de gobierno.