Las declaraciones del ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, sobre el impacto social y ambiental de las macrogranjas, ha servido para que la derecha abra con ruido y griterío la precampaña electoral en Castilla y León. Conviene señalar que en torno a esta polémica hay dos capas: un debate real, que viene de mucho antes -qué modelo de ganadería deberían potenciar las políticas públicas- y un debate oportunista, bastardo, espurio y ‘fake’ que nada tiene que ver con defender la ganadería.
Las declaraciones textuales del ministro Alberto Garzón fueron:
“La ganadería extensiva es un medio medioambientalmente sostenible y que tiene mucho peso en partes de España como Asturias, partes de Castilla y León, Andalucía y Extremadura. Eso es sostenible; lo que no es sostenible en absoluto son esas llamadas macrogranjas… Encuentran un pueblo en un área despoblada de España y colocan allí a 1.000, o 5.000, o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan la tierra, contaminan el agua y luego exportan esta carne de peor calidad de estos animales maltratados”.
[NOTA: subrayamos “peor” porque ese fue el adjetivo comparativo (worst) en relación a la producida en la ganadería extensiva, mal traducido al español por “mala”, que utilizó el ministro en su entrevista original a The Guardian]
En muchos medios se publicó sólo la segunda parte de lo que dijo el ministro en su entrevista, y además partiendo de una traducción inexacta, aumentando la polémica y centrando el debate solo en si la carne producida es de calidad o no.
Dos debates
Existe desde hace mucho tiempo el debate acerca del impacto social, económico y, sobre todo, ambiental de las grandes explotaciones de ganadería intensiva que tienen miles de cabezas de ganado conocidas como las «macrogranjas». Sobre esto último, la ciencia no deja lugar a dudas: las macrogranjas, además de imponer unas deplorables condiciones de malestar animal, producen una cantidad de purines inasumibles para el medio ambiente, que generan una enorme cantidad de gases de efecto invernadero -principalmente metano, mucho peor que el CO2- y que pueden acabar contaminando los acuíferos de comarcas enteras. Son producto de la voracidad monopolista.
Existe también un debate sobre cuál es el mejor modelo de ganadería: la extensiva, con animales pastando en espacios abiertos, o la intensiva, con el ganado estabulado y alimentado a base de piensos. Conviene decir que, ni de lejos, todas las instalaciones ganaderas intensivas son macrogranjas. Una granja de decenas o centenares de cabezas de ganado estabuladas no tiene por qué producir los efectos nocivos antes descritos. Ambos modelos, extensivo e intensivo, conviven y se combinan en un gradiente en el mundo rural. El blanco no pueden ser los pequeños ganaderos que por no tener terrenos o capacidad, no puedan optar por la extensiva.
Estos dos debates, relacionados entre sí aunque independientes, hacen referencia a problemas reales. Deben abordarse sin sectarismos, desde las evidencias científicas disponibles, y desde defender los intereses populares frente a los de los grandes monopolios.
La polémica sobre las declaraciones de Garzón no tiene nada que ver con lo anterior. El Partido Popular ha hablado en muchas ocasiones a favor de la ganadería extensiva y en contra de las macrogranjas.
Se trata de postureo, de griterío, de sectarismo gratuito. Se trata de que el PP pueda presentarse en Castilla y León como el defensor de la ganadería, cuando tras 34 años de gobierno autonómico, jamás ha hecho nada que no sea condenar al abandono al mundo rural y defender los intereses monopolistas que lo asfixian.
Con el griterío de la derecha en torno a las declaraciones de Garzón se ha generado un debate oportunista, bastardo, espurio y ‘fake’ que nada tiene que ver con defender la ganadería.
Se trata además de golpear y arrinconar la influencia de la mayoría social progresista en el gobierno de coalición, en unos momentos en los que está en juego la llegada de unos fondos europeos condicionados a importantes trágalas en materia de pensiones, reforma laboral o políticas fiscales. Intereses que nada tienen que ver con defender la ganadería, los ganaderos o los problemas de la España vaciada.
Pero ¿son las macrogranjas el principales problema de los ganaderos?
Las declaraciones del ministro Garzón sobre la “peor calidad” de alguna carne han desatado un debate sobre las macrogranjas. Pero ¿está centrando el debate generado los verdaderos problemas del campo español?
La ganadería intensiva y masificada genera problemas reales y graves: contamina el aire y el agua porque no siempre se cumplen las normas sobre tratamiento de residuos. Los purines se filtran a las aguas subterráneas, generan metano durante su almacenamiento y la tierra se empobrece acidificándose los suelos, perdiendo fertilidad.
Ahora bien, las declaraciones y la polémica azuzada cambian la mirada, eclipsando otros problemas del campo mucho más determinantes para los ganaderos, así como para para el mundo rural y sus habitantes
Los agricultores y ganaderos están al límite por el incremento incesante de sus costes de producción. Durante el último año los fertilizantes subieron un 300%, la energía eléctrica un 270%, el gasóleo un 73%, los piensos para el ganado un 23%…
Los productores se enfrentan a tener que comprar si o sí a unos proveedores de fitosanitarios y maquinaria, que son grandes monopolios (Monsanto y Bayer, Dow y Dupont, Syngenta y ChemChina…).
Y por el lado de sus ventas se vuelven a enfrentar a los monopolios de la distribución comercial, fuertemente concentrada: solo los seis primeros grupos de distribución acaparan más de la mitad de la cuota de mercado en España.
Las directrices desde Bruselas, de la Politica Agraria Común, complican la gestión, fijan cuotas por debajo del consumo nacional, obligan a cambiar cultivos…
Atrapados en esta pinza -las draconiana voracidad monopolista y las imposiciones de los centros de poder extranjeros a través de la Política Agraria Común- los pequeños y medianos productores van empobreciéndose. Estas dos son las principales determinaciones que afectan a la ganadería y la agricultura, y por ende al mundo rural.
La polémica de las macrogranjas pone sobre la mesa un problema real y grave, pero no debe servir para eclipsar problemas mucho más determinantes para los ganaderos, los agricultores y el campo
El número de explotaciones agrarias se ha reducido un 23,2% entre los años 1999-2009. Durante diez años han cerrado de media 82 explotaciones cada día. Ahora se ha estabilizado en un millón. Pero muchas pymes del campo se han hecho subsidiarias de grandes compañías que les fijan qué y cómo producir. El sindicato agrario COAG elaboró un informe evidenciando la incesante concentración de la producción (y la riqueza) en cada vez menos manos. Del millón total de explotaciones, el 93,4% son de autónomos agrarios y solo el 6,6% son empresas. Ahora bien, ese 6,6% de las explotaciones empresariales acapara el 42% del valor de la producción.
Así que la interesada polémica sobre la calidad de la carne de macrogranjas esconde el resto de medidas imprescindibles para el sector: la falta de lesgislación favorable al pequeño y mediano productor; la necesidad de fijar precios mínimos; la urgencia de promover cooperativas para poder producir a mayor escala sin concentración de la propiedad; inexistencia de parques públicos comunitarios de maquinaria; no hay un plan de investigación científica para la mejora de rendimientos de la tierra que rompa a su vez el monopolio de los fertilizantes; no existen redes de comercialización capaces de vender en mercados y exportar al margen de los monopolios; falta agua en muchas zonas…
Es este abandono del campo lo que abre la puerta de par en par a la concentración en grandes explotaciones de miles de animales y en pocas manos de la producción agrícola y ganadera, que indudablemente tienen un impacto negativo en el bienestar animal, en el empleo rural, así como en el medio ambiente.