La orden de la Generalitat de derivar pacientes a la privada está calculada por una de las grandes consultoras de EEUU.
El hospital de Mataró (Barcelona) cubre una población de 250.000 personas. Enviará este año a la sanidad privada a 240 enfermos para ser intervenidos de prótesis de rodilla y cadera, próstata, juanetes, cataratas y túnel carpiano, enfermedades cuyo tiempo de espera máximo no puede superar los seis meses. En 2012 fueron 165, un 45% menos. Y mientras el conseller Boi Ruiz trata de quitarle hierro al “traspaso”, los médicos del susodicho hospital afirman que ellos podrían hacerse cargo de los pacientes siempre que se reviertan los recortes. En tres años los hospitales catalanes han visto reducido un 20% sus presupuestos.
Es más, denuncian que Salut eliminan a los pacientes que rechazan ser derivados a la privada de la lista de espera activa. También que, en el caso de las intervenciones más complejas, el hospital público asume luego el seguimiento y la rehabilitación de los pacientes operados por la privada. O sea, primero te estrangulo y luego te vendo la bombona de oxígeno.
¿Quién se beneficia?
Dos hospitales recibieron en 2012 pacientes enviados desde Mataró. Uno es el Hospital Universitari del Sagrat Cor. Hasta 2011 en manos de la Alianza, hoy es propiedad de Capio, el emporio multinacional sanitario que opta a quedarse con los hospitales que van a ser privatizados en Madrid, Valencia, Castilla la Mancha… Capio es a su vez propiedad del fondo de inversión CVC, brazo europeo del Citigroup (EEUU) con sede en varios paraísos fiscales. El otro es el Hospital Platón, de una fundación privada. A estos dos hay que sumar este año el General de Cataluña (también propiedad de Capio) y el Sant Rafael, de una congregación religiosa.
¿Estrategia pactada?
Aunque la sanidad sea una competencia autonómica, las pautas generales para su degradación y venta están contenidas en los informes de ciertas consultoras. La más presente en el campo sanitario es la norteamericana PriceWaterhouseCoopers (PwC). Sus puntos de encuentro con los diferentes gobiernos autonómicos y la multinacional Capio vienen de tiempo atrás. PwC publicó en abril de 2012 (tres días antes de que se anunciara la reforma sanitaria valenciana), un decálogo sobre sanidad elaborado por expertos entre los que se incluían los exministros Ana Pastor (PP) y Julián García Vargas (PSOE), un el exconseller valenciano de Sanidad, el director general de Ribera Salud, el conseller de Salud de Catalunya, Boi Ruiz, el titular de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty y el director de Innovación de Capio, Rai Belenes, entre otros. Una de las principales líneas maestras del informe es, como no, la “colaboración público-privada sanitaria”.
De hecho Boi Ruiz contrató a PwC para orientar la venta del sistema catalán de salud y el desmembramiento del Instituto Catalán de la Salud (ICS), presidido entonces por Josep Prat, quien dimitió en julio pasado por corrupción, en una veintena de sociedades. El primero de los documentos es una modificación de los estatutos del ICS, la mayor empresa catalana, con ocho hospitales, centros de atención primaria y más de 40.000 trabajadores, para adaptarlo a la ley ómnibus de la UE. Se pretende convertir el ICS en Consorcios privados como los que han sufrido los mayores escándalos de corrupción, como el caso Crespo o el caso Bagó. «Altos cargos del gobierno provienen de PwC como Luis De Guindos»
El sindicato CATAC-CTS/IAC acusó a PWC de ser “la encargada de elaborar la ingeniería jurídica necesaria” para ejecutar lo que denomina “el harakiri empresarial del ICS”. El sindicato también ha desenmascarado que Joaquim Triadú (exconsejero de Presidencia en Gobiernos de Jordi Pujol y secretario del Consejo para la Reactivación Econòmica y el Crecimiento, órgano asesor que inspira e impulsa políticas de la Generalitat) fuera contratado como socio director de PwC poco después de obtener el cargo en dicho Consejo.
Acta de defunción del SNS
Conclusiones de la Federación de Asociaciones en defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sobre el informe de PwC 2013.
1. Su forma de expresión y sus objetivos “estrategias terapéuticas a medida para los clientes” “nichos de negocio” “liberalización de datos del genoma para selección de pacientes rentables” provoca el rechazo de los profesionales del sistema público.
2. El “comité de expertos” que asesora a la consultora en este informe está constituido por representantes de los lobbys más potentes de la industria sanitaria privada (Capio, Ribera salud, Hospitén, la Orden hospitalaria de San Juan de Dios, la Industria Farmacéutica y de tecnologías) cuyo objetivo es hacerse con nuestro SNS a pesar de la fuerte oposición de los profesionales y de la población.
3. El Informe está coordinado por Jordi Sevilla, que pasa de ser ministro de Administraciones Públicas (PSOE) a ser el mayor defensor de la gestión privada de la sanidad y los servicios públicos, tanto desde la Industria farmacéutica, a la que asesora, como desde la consultora PWC, que lo ficha en 2009.
4. Por otra parte, no parece que debamos fiarnos de las recomendaciones de PWC, consultora acusada en demasiadas ocasiones por no reflejar la realidad de las cuentas de las empresas auditadas. PWC era la consultora de las empresas de Diaz Ferrán, incluyendo al grupo Marsans y “no detecta” una fabulosa deuda de más de 500 millones de euros, auditó a la agencia IDEA y “no descubre” el fraude de los EREs de Andalucía y aprueba la fusión de Cajas de Ahorros para constituir nuevas entidades como Bankia y Nova Galicia Banco, que han supuesto la transformación de una gran deuda financiera privada en una fabulosa deuda pública, a través del FROB.
Pero PWC es una “big four” y su información e influencia en la política de los gobiernos es muy grande. PWC pertenece a IBM, la empresa que almacena una mayor cantidad de datos a nivel mundial y dispone de información sensible de la población española, incluyendo datos de salud. En su informe sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones la consultora propone que estas se reduzcan y se paguen durante menos tiempo y en su Informe sobre el sector inmobiliario español apuesta por incentivar la construcción en la costa española y simplificar los trámites urbanísticos. Además PWC recomienda “regular” el derecho de huelga e incrementar las centrales nucleares en España, decisiones poíticas ya tomadas o que con toda probabilidad se tomarán, ya que Rajoy es especialmente vulnerable a las recomendaciones de esta consultora y altos cargos de su gobierno provienen de PWC, como el ministro de economía Luis De Guindos, el actual director general del FROB Antonio Carrascosa y el Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete,
Por todo ello, la FADSP considera que el informe de PWC “10 temas candentes de la sanidad española para 2013”, si se siguieran sus recomendaciones, puede suponer el Acta de defunción de nuestro SNS.