La Audiencia Nacional ha decidido reactivar la investigación sobre la supuesta subida artificial de precios de la luz de Iberdrola, de hasta un 26’5% en el invierno de 2013. Una de las muchas causas todavía abiertas contra los monopolios eléctricos, que muestran como estas compañías fijan los precios según el único interés del beneficio, provocando así grandes bolsas de pobreza energética entre los sectores más vulnerables de la población.
Álvaro Fernández
En 2015, la CNMC (Comisión Nacional del Mercado y la Competencia) acusó de fraude a Iberdrola, al recortar de forma intencionada la producción de energía hidráulica de las centrales de los ríos Duero, Sil y Tajo. De esta forma, en el mercado mayorista dejaba de entrar la electricidad hidráulica, más barata, pasando a utilizarse en su lugar energía producida de ciclos combinados, más cara y que por lo tanto produce un alza en los precios. La CNMC multó entonces a Iberdrola con 25 millones de euros, un mísero 1% de los 2.422 millones de beneficios que obtuvieron ese año.
Desde 2018, la Audiencia Nacional ha decidido imputar a cuatro directivos de Iberdrola por estos mismos hechos. La eléctrica ha intentado enviar continuamente informes que contradicen la acusación, pero todos ellos han sido rebatidos por los peritos de la CNMC.
No es la única estafa de los gigantes de la energía del Ibex. Naturgy y Endesa, las otras dos principales empresas eléctricas de nuestro país, fueron también condenadas por la CNMC por haber elevado el recibo de la luz de manera artificial. Según la Comisión, la estafa tuvo lugar entre octubre de 2016 y enero de 2017. Elevando artificialmente el precio de la electricidad de diez centrales de ciclo combinado.
La Dirección General de Consumo del Govern de Baleares ha abierto una causa sancionadora a petición de FACUA por utilizar publicidad engañosa en las tarifas de la luz, omitiendo la existencia de impuestos para hacer creer a sus clientes que tienen que pagar menos de lo que realmente pagan. Son diez las comercializadoras implicadas: Cepsa, CHC Energía, Endesa, Feníe, Holaluz, Iberdrola, Lucera, Naturgy, Repsol y Som Energía.
El alza manipulada y maliciosa del precio de la electricidad por parte de los monopolios es la que está detrás de que la luz en España lleve una década entre las más caras de Europa. Y tiene dramáticas consecuencia para la población.
Según el Eurostat, el 9’1% de los hogares en España (4,2 millones de habitantes) sufren de pobreza energética. Cifra que se eleva al 15% de la población (6 millones de personas) con temperaturas inadecuadas en su vivienda. Consecuencia de tener que elegir entre comer y pagar la factura de la luz.
Los monopolios energéticos ejecutan un saqueo continuado sobre las rentas del conjunto de la población, y condenan a capas cada vez más vulnerables a la pobreza energética. No solo a través de estafas y prácticas ilegales -que se saldan con multas ridículas en relación a sus beneficios- sino a través de mecanismos tan inmorales como legales. Como el «rescate encubierto» que hace años recibió el sector eléctrico en forma de «déficit de tarifa»: 25.000 millones de euros de dinero público. Dinero que no solo pretenden no devolver, sino que no ha frenado en lo más mínimo la indignante escalada del precio de la electricidad, que ha subido ¡más del 80% en los últimos diez años!