Durante años, España se ha preciado de tener -porque lo tenía- uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Pero ningún sistema podía estar suficientemente preparado para una pandemia de estas dimensiones. Y menos aún una sanidad española en la que una década de recortes ha dejado importantes carencias en personal, camas y medios materiales. Si la sanidad pública y sus profesionales son la muralla de contención contra el virus, los recortes y sus responsables han actuado a modo de saboteadores al servicio del enemigo.
Las declaraciones de Pablo Casado, negando que el gobierno del PP hubiera hecho «ni en los peores momentos de la crisis» recortes en sanidad, han suscitado una ola de indignación. Frente a estas hipócritas afirmaciones, Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, responde: “sin los recortes, la sanidad madrileña estaría mejor preparada”.
Lo mismo le podría responder cualquier miembro de la marea blanca o de los sindicatos médicos de Cataluña a Nuria de Gispert, expresidenta del Parlament, que en un alarde de xenofobia y cinismo, ha tuiteado que «si fuésemos ya República y pudiésemos cerrar Catalunya y gestionar nuestros recursos (sanitarios), morirían menos catalanes». Ocultando así que su partido, la antigua CiU de Artur Mas, fue quien junto a los gobiernos del PP de Madrid acometieron los más brutales recortes contra la sanidad pública.
Si bien la crisis de 2008 trajo brutales recortes en sanidad en todas las CCAA -Galicia, Andalucía, Murcia…- generando una amplia respuesta popular (las mareas blancas), Madrid y Cataluña han sido -cada una mano de sus respectivas derechas serviles ante los mandatos del FMI o la troika- la punta de lanza.
Una de las primeras decisiones del gobierno de Rajoy (2012) fue anunciar recortes por valor de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación y aplicar el polémico Real Decreto Ley 16/2012, con el que se suprimió la universalidad de la prestación sanitaria, se puso en marcha el copago farmacéutico y se ejecutaron drásticas reducciones del gasto en medicamentos, mediante la desfinanciación de cientos de productos.
Incluso en los últimos años de la crisis económica, en la Comunidad de Madrid -gobernada por el PP- disminuyeron las camas de los hospitales (casi 3.000 camas, un 20%) y las plantillas de trabajadores (unos 3.300 menos) y aumentaron las listas de espera. Al tiempo que se invertía en contratar la construcción de siete hospitales privados con fondos buitres y empresas implicadas en la financiación ilegal del partido. Privatizaciones y externalizaciones que generaron 3.483 millones de euros de sobrecostes.
Pero en términos relativos, la palma de los recortes se la lleva Cataluña, gobernada por las élites del procés y del 3%. Es la comunidad autónoma donde más ha golpeado los recortes en Sanidad. Un recorte salarial de un 30% de los nuevos médicos contratados, un descenso del personal sanitario (850 médicos) o la obligación de tomar guardias sin descanso son las consecuencias de este agravio. Según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), la sanidad catalana es la tercera comunidad con los peores servicios sanitarios, y la cuarta por la cola en el grado de satisfacción por parte de los propios pacientes.
Por eso hay que preguntarse ¿y si estos recortes en sanidad no hubieran existido? ¿De cuántos más médicos, enfermeras, celadores o personal de limpieza; de cuantas más camas y plantas de hospital; de cuántas mascarillas, respiradores y EPIs podríamos disponer para afrontar este tsunami sanitario?
No es una pregunta retórica. Responder a eso es responder a cuántas vidas se pueden salvar antes de que la sanidad colapse ante epidemias como actuales. En todas las manifestaciones contra los recortes en sanidad se ha coreado “los recortes en sanidad MATAN”. Nunca como hasta ahora esa afirmación había cobrado todo su dramático significado.