Según una reciente encuesta de la empresa demoscópica 40dB. para El País y la SER, la mayoría de la población, más de un 67% cree firmemente que hay que reforzar la sanidad pública, aunque suponga subir impuestos.

Aunque está mucho más marcada entre el electorado progresista, la defensa de la sanidad pública es trasversal, y es claramente mayoritaria entre los votantes de los cinco principales partidos, también entre los de la derecha.

Los partidarios de un modelo mixto público-privado son minoría entre los votantes de todos los partidos, y la mayoría de la población exige claramente que la prioridad absoluta a la hora de destinar recursos públicos a sanidad debe ser para fortalecer el Sistema Público de Salud.

Esta encuesta refleja el sentir de la población y una percepción clara por parte de los ciudadanos de los ataques que viene sufriendo la sanidad pública -permanentemente infrafinanciada, periódicamente saturada (en especial la Atención Primaria), y con unos profesionales médicos y sanitarios sometidos a un empeoramiento crónico de sus condiciones de vida y trabajo- que corren parejos al crecimiento de la sanidad privada.

Unos recortes de presupuesto y personal que vienen desplegándose desde la última década, y que han degradado la calidad asistencial de la Sanidad Pública, aumentando las listas de espera en todas las CCAA. Y paralelamente, y especialmente desde la pandemia no han parado de crecer los seguros privados, que ya cubren a una cuarta parte de la población, al mismo tiempo que aumentan los problemas de acceso al sistema, sobre todo demoras cada vez más acentuadas en la Atención Primaria.

A pesar de los recortes, de la caída de la calidad asistencial y del maltrato de las administraciones a la Sanidad y sus profesionales, el grado de estima de la ciudadanía en los hospitales y los médicos sigue siendo muy alta. Una amplia mayoría de los encuestados confía ampliamente en los hospitales públicos (73,7%) y los colegios profesionales de médicos (67,4%); no así en las aseguradoras y compañías privadas (38%), ni en los gobiernos autonómicos (38,6%) y central, que es de estos actores el peor valorado, con un 31,7% de apoyo.

.

La libre elección instaurada por el PP en Madrid ha derivado 1.268 millones extra a la sanidad privada

¿Quién se beneficia de los ataques a la Sanidad Pública?

Como dos vasos comunicantes. Cuanto más se degrada -de manera planificada y deliberada- la calidad asistencial de la sanidad pública, más cuantiosos resultan los balances de beneficios de los monopolios de la sanidad privada.

Así lo demuestra un estudio de elDiario.es, que desvela cómo la «libre elección» instaurada por los gobiernos del PP en la sanidad pública madrileña… ha derivado 1.268 millones extra a la sanidad privada

Fue el gobierno autonómico de Esperanza Aguirre no sólo el que abrió de par en par las puertas a la gestión privada de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, sino a la «libre elección»: cada madrileño puede decidir en qué hospital se trata, le toque o no por zona. En sí misma, esta parece una política democrática, de respeto a la libertad individual de cada paciente por elegir el mejor centro para confiar su salud y la de los suyos.

Pero hay letra pequeña. Porque toda esta libre elección ha ido acompañada de una salvaje política de recortes e infrafinanciación de los hospitales 100% públicos… que ha provocado que un número creciente de pacientes vayan migrando a los cinco hospitales públicos bajo gestión privada, cuatro de Quirón y uno de Ribera Salud (el de Torrejón). Y resulta que por cada paciente que «migre» a sus centros fuera de su área, Quirón o Ribera reciben un plus, un beneficio extra.

Y así tenemos que este proceso -que ha ido acompañado de que el gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso no ha parado de aumentar el dinero público que se destina a conciertos sanitarios privados- ha acabado entregando 1.268 millones extra a la sanidad privada.

«Desde la pandemia, esas pérdidas de pacientes y el impacto económico que suponen para las cuentas públicas madrileñas (el Sermas tiene que pagar a las empresas concesionarias Quirón y Ribera Salud por tratamientos que ofrece en la pública si los pacientes quieren marcharse a la concertada) se han multiplicado y siempre en favor especialmente de la Fundación Jiménez Díaz, cuya captación de pacientes ha batido récord en 2024», afirma elDiario.es.

«Para 2018 (un año antes de que Díaz Ayuso fuera presidenta) la Consejería calcula un impacto negativo por la libre elección en el sistema de hospitales públicos de 174 millones. Al año siguiente fueron 181 millones. A partir de 2020, el Gobierno de Díaz Ayuso no ha parado de incrementar sus pagos a las dos multinacionales sanitarias y, paralelamente, ha aumentado el “impacto económico” en el sistema».

.

Quirón o Ribera gestionan los hospitales públicos bajo su dirección anteponiendo el balance contable a la vida y la salud de la gente.

Pero es que hay más

Los gigantes de la sanidad privada -Quirón o Ribera- se lucran de la degradación intencionada de la sanidad pública perpetrada por el gobierno de Ayuso. Pero gracias a lo que ha destapado el escándalo del hospital de Torrejón, gestionado por Ribera Salud, sabemos que la gestión privatizada de estos hospitales públicos, incluyendo la propia admisión de pacientes, se hace de acuerdo a criterios de coste-beneficio.

Hace pocas semanas, unos audios publicados por El País nos permitieron escuchar a Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud, exhortando a los mandos del Hospital de Torrejón a alargar las listas de espera para aumentar la cuenta de resultados a «cuatro o cinco millones». Al ampliarse la investigación periodística, se supo también que mientras denegaban u obstaculizaban la hospitalización de los casos menos rentables, la gerencia de Ribera Salud alargaba la estancia en el hospital de los casos que mejor pagaba la Comunidad de Madrid.

Luego se conoció que los empleados del hospital de Torrejón recibieron la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso, por ejemplo esterilizar catéteres que solo pueden ser reacondicionados por empresas ajenas especializadas. Algo peligrosísimo -puede derivar en gravísimas infecciones nosocomiales- y claramente delictivo. Para más inri, cuando cuatro directivos del Hospital denunciaron en el canal ético la “vulneración de los derechos de los pacientes”, Ribera Salud los despidió.

No sólo se forran de la degradación planificada de la sanidad pública por parte del gobierno de Ayuso, sino que gestionan los hospitales públicos bajo su dirección anteponiendo el balance contable a la vida y la salud de la gente.

No sólo es un problema de Madrid, o de las CCAA gobernadas por el PP, aunque éstas sean su punta de lanza, su avanzadilla. Es un problema estructural en toda España, en diferentes CCAA gobernadas por diferentes colores. Y que tiene como consecuencia que las listas de espera en toda España se hayan duplicado en 15 años o que la Atención Primaria se desangre.

Es indecente, escandaloso e inmoral. La salud y la vida de la gente sometida al gélido cálculo de la ganancia monopolista.