España endurece su postura contra el cruento genocidio que Israel lleva veintitrés meses perpetrando en la Franja de Gaza, con más de 64.300 gazatíes asesinados, el 70% de ellos mujeres y niños.
Al mismo tiempo que el gobierno ultrasionista de Netanyahu -con el total y entusiasta apoyo de los EEUU de Trump- pisa el acelerador en su matanza, tomando por asalto la ciudad de Gaza mientras masacra -por las bombas o por el hambre- a más de cien palestinos al día, se incrementa la respuesta de condena mundial: tanto por parte de una ciudadanía que no deja de movilizarse y de protagonizar acciones de protesta contra el genocidio, como -empujados por lo primero- por parte de algunos gobiernos que endurecen su posición contra Israel. Es el caso de nuestro país.
Pedro Sánchez ha anunciado nueve medidas contra el genocidio en Gaza, entre las cuales ha incluido “la aprobación urgente” de un decreto ley que consolide el embargo de armas a Israel y la prohibición de acceder a España “a quienes participen en el genocidio”.
«El Gobierno cree que una cosa es proteger tu país y otra bombardear a hospitales o matar de hambre”, ha dicho. “Lo de Israel no es defenderse, eso es exterminar a un pueblo que está indefenso”, ha asegurado Sánchez, que ha instado al gobierno de Netanyahu a cesar en su ofensiva genocida, más aún cuando Hamás ha anunciado que acepta la propuesta de la Casa Blanca y que está dispuesto a negociar de manera “inmediata” un acuerdo que libere todos los rehenes a cambio del fin de la guerra en la Franja.
Las nueve medidas que -según Sánchez- deben servir para «consolidar» e «incrementar» la presión sobre Israel, al mismo tiempo que «alivian el sufrimiento de la población palestina y posicionan a España en el lado correcto de la historia», son las siguientes:
1. Embargo de armas a Israel: Aprobación urgente de un real decreto-ley que consolida jurídicamente el embargo de armas a Israel, vigente desde octubre de 2023, estableciendo una prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.
2. Prohibición de tránsito de barcos con combustible hacia Israel: Se prohíbe el paso por puertos españoles de barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.
3. Denegación de acceso al espacio aéreo: Prohibición de entrada al espacio aéreo español a aeronaves de Estado que transporten material de defensa o armamento con destino a Israel.
4. Prohibición de entrada a España de criminales de guerra israelíes: Se prohíbe el acceso al territorio español a personas que participen de forma directa en el genocidio, violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
5. Prohibición de importación de productos procedentes de asentamientos ilegales israelíes: Se prohíbe la importación de productos provenientes de asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania para combatir la ocupación y el desplazamiento forzoso de la población palestina, apoyando la solución de los dos Estados.
6. Limitación de servicios consulares: Reducción de los servicios consulares a ciudadanos españoles residentes en asentamientos ilegales israelíes, limitándolos a la mínima asistencia legalmente obligatoria.
7. Aumento de efectivos españoles en la misión de Rafah: Refuerzo de la presencia española en la misión fronteriza en Rafah (entre Gaza y Egipto) para apoyar a la Autoridad Palestina.
8. Incremento de ayuda española a la UNRWA: Aumento de la contribución española a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) con 10 millones de euros adicionales.
9. Aumento de la ayuda humanitaria: Incremento de la partida presupuestaria para ayuda humanitaria y cooperación en Gaza, con el objetivo de alcanzar los 150 millones de euros en 2026.
Los socios de coalición de Sánchez piden incluso ir más allá. Yolanda Díaz ha insistido en la necesidad de retirar la embajada española de Tel Aviv.
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La lucha popular marca el camino
Muchos, dentro del movimiento popular de lucha contra el genocidio, piensan que estas medidas -y otras mucho más contundentes- se tendrían que haber producido mucho antes.
El gobierno español es uno de los que -dentro de la UE- más acciones ha tomado desde el inicio de la ofensiva genocida de Israel contra la Franja de Gaza, reconociendo el Estado Palestino o suscribiendo oficialmente la causa abierta por Sudáfrica contra Israel en la Corte Penal Internacional. O encabezando las posiciones que dentro de la UE abogan por que Europa rompa o suspenda el tratado de asociación con Israel ante su violación continuada y flagrante de los derechos humanos.
Sin embargo, la sociedad civil española es la que va por delante y la que marca el camino -y empuja- al gobierno a tomar acciones cada vez más decididas contra el genocidio en Gaza. Estas nueve medidas se toman después de un verano en la que a lo largo de todo el país, en las ciudades, en los pueblos o en los lugares de vacaciones, se han sucedido cientos y cientos de actos de protesta por Palestina, incluyendo la multitudinaria despedida de la Global Sumud Flotilla desde Barcelona (y muchos otros puertos y puntos de las costas de nuestro país), así como las acciones de protesta durante la vuelta a España, contra la participación del equipo Israel-Premier Tech.
Cada vez más voces exigen medidas más contundentes, como la ruptura o suspensión de relaciones diplomáticas con Israel mientras continúe el genocidio en Gaza, o la ocupación de Cisjordania, en la línea de las medidas que se tomaron contra el apartheid sudafricano y que contribuyeron a su aislamiento y colapso.
La posición del gobierno de Sánchez, considerada por los propios palestinos y a nivel mundial como una de las más favorables hacia Palestina, se apoya sobre la posición -abrumadoramente mayoritaria- de la sociedad española. Diferentes encuestas y sondeos de opinión -como el del Real Instituto Elcano- han mostrado que el 78% de la población española apoya el la lucha del pueblo palestino y condena el brutal genocidio israelí sobre la Franja de Gaza, lo cual nos convierte en los «líderes europeos» en esta cuestión, aunque seguidos de cerca por Irlanda.
La presión popular también está actuando sobre otros gobiernos europeos y occidentales. Bélgica ha anunciado que reconocerá a Palestina como Estado en la próxima Asamblea General de la ONU en septiembre de 2025, al mismo tiempo que prohibirá por completo los envíos de armas a Israel y aprobará sanciones firmes contra Tel Aviv.
Australia y Canadá también ha anunciado su intención de reconocer a Palestina como Estado en la ONU, y también han endurecido su postura hacia Israel. Países como Irlanda, Noruega y Eslovenia, que ya reconocieron a Palestina en 2024, también están intensificando sus acciones diplomáticas contra el genocidio.
Hasta los gobiernos de Francia, Reino Unido y Alemania -cuya complicidad y connivencia con Israel en estos veintitrés meses de genocidio quedará para siempre grabada en la historia-, presionados por las crecientes protestas de sus ciudadanías, han avisado con la posibilidad «revisar sus relaciones bilaterales e imponer sanciones si Israel no cumple con el derecho internacional».
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El coladero de las bases de Rota y Morón
En las medidas anunciadas por el gobierno se incluye la prohibición de la compra y venta de “armamento, municiones y material militar” a Israel, así como la denegación del tránsito de “aeronaves del Estado que transporten material de defensa destinado a Israel” y el veto a “los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes”.
Sobre el papel, son buenas noticias. Pero en la realidad estas medidas tienen un agujero, un boquete.
Porque queda fuera de ese anuncio el embargo al tránsito de aeronaves o buques “que no sean del Estado”. En concreto quedan fuera dos bases «de utilización conjunta» que son -de facto- bases norteamericanas: Rota y Moron.
Por ellas, a lo largo de estos dos años, se ha registrado numerosos tránsitos de buques con material militar con destino Israel.
Ser consecuente con el embargo integral de material militar a Israel que la sociedad española demanda exige la prohibición expresa de la utilización de las bases españolas para nada que tenga que ver con el genocidio en Gaza.
Desde estas páginas exigimos al gobierno español que tome esa medida.