Diez años después vuelven las altas tasas de beneficios empresariales, pero la recuperación no llega a los salarios y las pensiones ni a los gastos sociales.
Según el gobierno ya estamos en la primavera de la recuperación económica: la economía crece por encima del 3%, el paro ha bajado al 16,5% y vuelven las altas tasas de beneficios empresariales. Pero según la última encuesta del CIS el paro y los problemas económicos están entre los que más preocupan a los españoles: el 51% considera que la situación es mala o muy mala y solo un 7,2% la considera buena. La realidad es que la recuperación se está produciendo convirtiendo en crónicos la precariedad, los bajos salarios y pensiones y los recortes para las clases populares.
El año 2017 se ha cerrado, según los datos ofrecidos por el gobierno, con un crecimiento del 3,1%, el paro bajó en 290.000 personas y hubo 611.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social.
Pero hay otra cara de la moneda: El empleo que se crea es precario, se extienden los salarios bajos, salarios y pensiones siguen perdiendo poder adquisitivo. No se han reducido las desigualdades sino todo lo contrario, continúa el saqueo monopolista y la distribución de la riqueza que se crea sigue sin llegar a las condiciones de vida de la mayoría y se acumula en cada vez menos manos de bancos, monopolios y grandes fortunas.
Un nuevo mercado laboral precario y de bajos salarios
El gobierno ha tenido que subir el Salario Mínimo hasta los 736 euros, 28 euros al mes, por la presión sindical y una mayoría social progresista que le dejó sin mayoría absoluta en las últimas elecciones. Pero lo que realmente funciona es la rebaja salarial y un nuevo mercado laboral creado a golpe de reformas laborales diseñado para extender y cronificar los bajos salarios.
Y eso es lo que tenemos diez años después del estallido de la crisis.
La negociación colectiva y los trabajadores protegidos por convenios han sufrido un retroceso brutal desde el estallido de la crisis. Un objetivo buscado y conseguido por las reformas laborales. Hemos pasado de 11,6 millones de trabajadores protegidos por convenios con revisión salarial en 2007, a menos de 6,7 millones de trabajadores protegidos por convenios en 2017.
Es decir, 5 millones de trabajadores se han quedado fuera de los convenios y mantienen su sueldo nominal congelado desde hace 10 años. A los que hay que sumar otros 3,6 millones que nunca han estado protegidos en la última década. En total 8,6 millones de trabajadores que han perdido al menos una media del 13,2% del poder adquisitivo de sus sueldos, la subida del IPC acumulado en la última década.
Más de la mitad de los trabajadores tiene el sueldo congelado o rebajado desde hace diez años. El 47% cobra menos de 1.000 euros al mes. Y 4,3 millones de trabajadores con contratos temporales cobran un 33% menos que los indefinidos. El 60% son jóvenes o mujeres.
Esta es la tendencia principal como se pone de manifiesto al revisar lo ocurrido en el año que acabamos de cerrar.
Por un lado, los 15,3 millones de trabajadores asalariados sufrimos en 2017 otra rebaja del salario real, entre 6 décimas (los trabajadores con convenio con revisión salarial) y casi 2 puntos (la gran mayoría no protegidos por convenio), ya que la inflación media en 2017 fue de casi 2 puntos, mientras los salarios protegidos por convenios subieron una media de 1,4%.
Por otro, se crea empleo, lo que permite al gobierno un cierto apoyo social pero en 2017 siguió aumentado el empleo precario, convertido ya en otro “enfermo crónico” del mercado laboral.
El año pasado se firmaron 21,5 millones de contratos. Pero solo el 8,8% fueron indefinidos. El 92% restante -casi 20 millones- fueron contratos temporales. Y el 34% de ellos a tiempo parcial.
Con Rajoy la tasa de temporalidad ha subido cinco puntos, hasta el 27,4%, afecta a 4,3 millones de trabajadores, de los cuales más de la mitad tienen contratos que apenas duran unos días, semanas o meses. Empleo precario y de baja calidad. De esto es de lo que no hablan Rajoy y su ministra de Empleo.
Lo ocurrido en 2017 va a continuar en 2018. La precariedad laboral y los bajos salarios no son un fenómeno pasajero. Son efectos crónicos del tipo de mercado laboral creado por las reformas laborales. Sin derogarlas y aplicar políticas de redistribución de la riqueza es imposible revertir esta situación.