El 3 de Julio de 2006 un tren de la Línea 1 de MetroValencia descarriló ocasionando la muerte de 43 personas y dejando más de 50 heridos.
Apenas 2 horas después, representantes del Gobierno Valenciano del Partido Popular declaraban ante los medios de comunicación que lo sucedido había sido un accidente causado por un exceso de velocidad, sin que se pudiese señalar ninguna responsabilidad política.
Y este fue el resultado de la Comisión Parlamentaria realizada un mes después, que el accidente era inevitable, su única causa fue el exceso de velocidad, y señalaba como responsble al conductor.
También la instrucción judicial coincidió en el resultado, excluyendo de cualquier responsabilidad a los directivos de MetroValencia (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana – FGV).
Pero esta explicación no convenció a los familiares de las víctimas. ¿Acaso la empresa no contaba con sistemas para frenar el tren?
No nos podíamos conformar con que se le echara la culpa al conductor y que las personas que tomaron las decisiones quedaran libres de toda responsabilidad.
Así nació la Asociación de Víctimas del Metro, con el objetivo de promover una investigación que aclarara las causas del accidente señalando los verdaderos responsables, para evitar que volviese a suceder.
Pero lo que no podíamos imaginar es que nos íbamos a encontrar con tantas dificultades, tantas trabas en el camino.
Como ciudadanos «normales» sin ninguna experiencia reivindicativa, desconocíamos por completo hasta dónde eran capaces de llegar los representantes del Partido Popular Valenciano.
Ni por un momento imaginamos que la estrategia para silenciar cualquier voz discordante con la versión oficial ya estaba en marcha, de hecho se había iniciado minutos después del accidente.
De los despachos del Partido Popular salió la orden para que la Radio Televisión Pública Valenciana silenciara el accidente y se centrara en la visita que el Papa iba a realizar esa semana a la ciudad de Valencia. Nada debía enturbiar esa imagen.
Y así fue durante muchos años. Así ha sido durante más de 13 años.
Hasta el 27 de enero de 2020, día que tenía que empezar el juicio por el accidente de metro, y que sentaría en el banquillo de los acusados a 8 exdirectivos de FGV con capacidad de decisión en 2006, sobre las medidas de seguridad.
Ese día 4 de los 8 acusados reconocieron ante la jueza que el accidente sí se podía haber evitado. Reconocieron que FGV no contaba con un Plan de Prevención de Riesgos, lo que incumplía la normativa vigente. Cosa que tanto la jueza de instrucción Nieves Molina como el Partido Popular, han negado una y otra vez.
También reconocieron conocer las deficiencias de seguridad que ponían de manifiesto unos defectos muy graves de seguridad de la Línea 1, siendo conscientes del riesgo que esto supone en una actividad de transporte de personas.
Y eso no es ni más ni menos que lo que la Avm3j llevaba denunciando desde el primer día.
Por eso hemos recibido esta noticia con tanta satisfacción. Por fin hemos conseguido nuestro objetivo: establecer la responsabilidad de la empresa en el accidente y que se reconozca su mala gestión.
Esto nos permite finalizar una etapa y poder descansar.
¡¡Por fin!! ¡LO HEMOS CONSEGUIDO!